En un fallo que trajo alivio a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Justicia Federal intimó al Poder Ejecutivo Nacional al “inmediato cumplimiento” de una medida cautelar que ordena dejar sin efecto la disponibilidad de 286 empleados de la institución. Esta decisión conlleva una sanción económica de $10 millones por cada día de atraso y advierte sobre posibles consecuencias penales para los funcionarios que no acaten la orden.
La resolución, firmada ayer por la jueza federal Martina Isabel Forns, del Juzgado en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, representa un giro decisivo en el conflicto provocado por la resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, que había puesto a los trabajadores en disponibilidad.
Ayer, la magistrada fue clara: el Estado debe cesar de inmediato cualquier medida que afecte a los empleados involucrados y cumplir con la cautelar vigente. De lo contrario, además de una multa diaria de $10 millones, advirtió que podría configurarse el delito de desobediencia a la autoridad judicial.
Mario Romero, secretario general de Apinta.
La reacción del ámbito sindical no tardó en llegar. En la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que habían promovido la acción de amparo, celebraron el fallo como un triunfo colectivo.
“Lo que estaba haciendo el Estado Nacional era ilegal, pues ya había sido notificado de la cautelar. A veces hay que recurrir a la Justicia porque lo que presentas por vía administrativa, el Ejecutivo no lo valida, no responde y continúa con los ajustes. Esto supone un freno. El decreto 462/25 ya no existe, y la jueza intimó al Estado a no tomar ninguna medida respecto a los trabajadores de ese listado de 286. Si avanza, estaría incumpliendo un fallo judicial y enfrentaría la multa diaria y la posible comisión del delito de desobediencia”, explicó a LA NACION Mario Romero, secretario general de Apinta.
Según comentó, el fallo fue un respiro en las diferentes estaciones experimentales y agencias de extensión distribuidas por todo el país. Cabe recordar que en muchas de estas se habían llevado a cabo asambleas y manifestaciones en defensa de la institución.
El dirigente gremial destacó que el fallo fue recibido con “alivio” por parte de los empleados. “Es un logro bastante importante para la institución y para los trabajadores. Pero no es solo de Apinta: es un logro colectivo, también de ATE y de todos los que se manifestaron en defensa del INTA, incluidos 141 diputados y 60 senadores que rechazaron el decreto”, subrayó.
En este sentido, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, enfatizó: “Estamos ante uno de los principales logros que hemos conseguido; logramos frenar en el Parlamento y también en la Justicia la reforma del Estado pretendida por un Gobierno que desafió a dos poderes, es decir, desobedeció lo votado en ambas cámaras del Congreso así como un fallo judicial”.
El conflicto se originó en la decisión del Gobierno de aplicar la resolución 1240/2025, la cual establecía la disponibilidad de los trabajadores por plazos de 6, 9 o 12 meses. Esta medida se fundamentaba en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/25, que fue posteriormente rechazado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.
Romero comentó que la acción de amparo presentada por los gremios buscaba proteger a empleados que cuentan con estabilidad adquirida como personal de planta permanente. “Nosotros afirmamos que todas las organizaciones pueden y deben mejorar. Hay aspectos que necesitamos perfeccionar, pero esas transformaciones deben llevarse a cabo con los trabajadores adentro, sin cerrar el instituto ni dejar a nadie afuera”, subrayó.
En este sentido, cuestionó la intención de reconvertir al INTA en un ente desconcentrado: “Eso implicaría perder la fuente de financiamiento y el control social. El INTA tiene control público y privado a través de la Mesa de Enlace, así como de la academia, representada por las facultades de Agronomía y Veterinaria. No negamos que el organismo necesita cambios, pero esos debates tienen que desarrollarse internamente, con los trabajadores en sus puestos”.
El sindicalista también advirtió sobre un presunto documento que circula y que pertenecería al actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, donde se menciona la posibilidad de cerrar 300 agencias de extensión rural. “Eso sería gravísimo, porque la ley de creación del INTA versa sobre investigación, extensión y transferencia de tecnología. Si eliminamos una de esas bases, se desnaturaliza su finalidad”, expresó.
La jueza Forns no solo convalidó la medida cautelar inicial, sino que también respondió ante el incumplimiento del Estado. Según consta en el expediente, el Gobierno fue notificado electrónicamente de su decisión de no innovar el 21 de agosto a las 21:09 horas, pero, sin embargo, prosiguió con la resolución 1240, que fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial.
El 25 de agosto, la parte demandada apeló la cautelar, aunque el tribunal otorgó el recurso “en relación, sin efecto diferido y con efecto devolutivo”, lo que implica que la orden judicial sigue vigente mientras se tramita la apelación.
Frente a esta resistencia, la magistrada dispuso la intimación y estableció la multa de $10 millones diarios. Además, ordenó que, de persistir el incumplimiento, se remitan las actuaciones a la Justicia Penal para investigar una posible desobediencia de acuerdo al artículo 239 del Código Penal.
En Apinta enfatizaron que la decisión judicial representa un freno a la política de ajuste sobre el organismo. “Para nosotros, es una satisfacción enorme que el Congreso, los gremios y ahora la Justicia hayan coincidido en defender la continuidad del INTA y de sus trabajadores”, aseveró Romero.
Según comentó, el fallo fue un respiro en las distintas estaciones experimentales y agencias de extensión distribuidas en todo el país. Cabe recordar que en muchas de ellas se habían llevado a cabo asambleas y manifestaciones en defensa de la institución.
“Hay productores de todo el país que se manifestaron en apoyo al INTA. No es solo un tema gremial, es el reconocimiento a la importancia que tiene el organismo para el agro argentino”, sostuvo el dirigente sindical.
Romero también planteó la necesidad de abrir un debate sobre el futuro del instituto. “No negamos que hay cosas por mejorar, programas que transformar y líneas de investigación que posiblemente requieran otra orientación. Pero eso debe discutirse con todos dentro, no con 300 trabajadores en la calle y la amenaza de que otros 1500 pasen a disponibilidad”, alertó.
Si bien el fallo judicial no cierra la discusión de fondo, sí obliga al Gobierno a retroceder en su intento de imponer la disponibilidad de personal. Ahora, la atención se centra en la reacción del Poder Ejecutivo ante esta firme intimación.
En un contexto de incertidumbre, el gremialista señaló que el fallo trajo un poco de calma a los empleados del organismo. “Es un alivio, una satisfacción. Pero sobre todo, es un reconocimiento al trabajo que realiza el INTA en todo el país”, concluyó Romero.
