La justicia federal de Estados Unidos decidió levantar el embargo sobre fondos relacionados con la criptomoneda $Libra, permitiendo al empresario Hayden Mark Davis acceder a una billetera virtual que contiene 500 millones de tokens, los cuales planea transferir de inmediato al proyecto “Viva la Libertad” en Argentina.
Actualmente, el valor de mercado de esos 500 millones de tokens es cercano a cero, pero esto podría permitirle al CEO de Kelsier Ventures argumentar ante el sistema judicial argentino que no tuvo la intención de estafar a los inversores que adquirieron esta “memecoin” tras el tuit del presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado.
La jueza federal Jennifer Rochon aceptó un planteo realizado por Davis durante una audiencia el 1 de julio, el cual fue respaldado diez días después por los abogados de Burwick Law, la firma que representa a los impulsores de la demanda colectiva en Nueva York.
“Este fallo confirma lo que siempre hemos sostenido: este caso carece de fundamento”, celebró Mazin Sbaiti, uno de los abogados de Davis, al finalizar la audiencia. “A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente actuó de manera indebida o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de este martes revelan la verdadera naturaleza del caso”, afirmó en un comunicado posterior.
Otro abogado presente durante la audiencia criticó a la prensa, sosteniendo que “aunque este litigio ha generado titulares y cierta especulación injusta y desinformación, no se presentó nada ante el tribunal que lo respalde, y la jueza mostró profundo escepticismo respecto a las acusaciones”.
La resolución de la jueza Rochon revierte la orden que emitió a finales de mayo, cuando congeló cerca de 280 millones de dólares en las ganancias provenientes de la venta de $LIBRA, una acción que se estima ha afectado a alrededor de 75,000 inversores de diversos tamaños.
Con el levantamiento del embargo, Davis podrá retirar aproximadamente 20.8 millones de tokens $Libra mensualmente. Sin embargo, según expertos, estos activos carecen prácticamente de valor de mercado y aún es incierta la razón detrás de este pedido.
Fernando Molina explicó que la solicitud fue que “los fondos se envíen de inmediato a una billetera virtual designada por ‘Viva La Libertad Project’, que opera en la plataforma Jupiter”. “En términos simples, solo se puede retirar una cantidad máxima de 20.8 millones de $LIBRA por mes a partir del 16 de agosto”, comentó. “No hay otra manera de retirar ese dinero, lo que hace confuso el pedido de los abogados a la jueza Rochon”, además de que “la liquidez de $LIBRA es prácticamente nula, así que no se entiende por qué se hace esta solicitud”.
Sin embargo, algunos expertos que han testificado ante el Congreso argentino sugieren que, a pesar de su escaso valor actual, el mercado de $Libra podría no ser del todo irrelevante. “Buscan repartir $LIBRA entre quienes completaron el formulario para demostrar que cumplieron con su promesa de ayudar a las PyMEs argentinas”, señaló Maximiliano Firtman, quien agregó que algunos criptomillonarios que apoyan al gobierno ya han afirmado que, si esto sucede, no se puede hablar de estafa.
Molina, no obstante, contradice esta postura. “$Libra carece de liquidez; es como repartir billetes falsos, no sirve para nada”, afirmó en un mensaje a través de la red social X. “Solicitan que se transfiera de inmediato”, añadió, “lo cual es técnicamente imposible”.
El verdadero objetivo de Davis, según se informa, no sería satisfacer a los inversores que compraron $Libra antes de su colapso el 15 de febrero, sino enviar un mensaje a la justicia argentina, donde enfrenta una investigación penal junto al presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los organizadores del evento Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
En este contexto, Davis ya había explorado la posibilidad de un acuerdo con los tribunales argentinos, ofreciéndose de manera informal a devolver cerca de 100 millones de dólares que obtuvo entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero, según reveló La Nación en junio pasado.
Davis propuso que esos fondos se transfieran a Argentina y nombró a los abogados Marcos Salt y Natalia Sergi para gestionar el proceso. Su intención era enviar los fondos a una cuenta bancaria designada por la jueza federal María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, buscando así demostrar su buena voluntad e inocencia frente a las acusaciones de fraude, desfalco, y otros delitos.
“Él está convencido de que no ha hecho nada malo y no comprende las acusaciones en su contra”, comentó un allegado a Davis a La Nación. “Sostiene que el proyecto era bueno, destinado a financiar emprendimientos en la economía real de Argentina, y que retiró los fondos al ver que se desplomaba la cotización y que algunos individuos estaban saboteando la operación”, añadió.
En línea con su aparente intención de devolver los 100 millones de dólares, ya sea de manera genuina o como una estrategia, Davis impuso una condición para completar la transferencia de los fondos a la cuenta que le indiquen. ¿Cuál es esa condición? Que cuando la justicia ratificara su inocencia, se le permitiera cobrar la comisión acordada por su trabajo.
En su primera aparición pública tras el colapso de $Libra, Davis ya había expresado su interés en devolver los 100 millones de dólares. “Soy responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar claro que no he utilizado, ni utilizaré, estos fondos para mi beneficio personal”, afirmó. “Como custodio y no propietario de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Javier Milei ni al equipo de KIP Protocol”, agregó.
Si Davis avanza con el depósito en Argentina, podría invocar lo que estipula el artículo 59 del Código Penal argentino, que establece las causales por las cuales se extingue la acción penal, incluyendo la muerte del imputado o la prescripción, así como la reparación integral del daño.
Ahora, con el levantamiento parcial del embargo en Estados Unidos, Davis tiene la oportunidad de intentar esta jugada, aunque falta por ver si la justicia argentina considerará que la entrega de tokens sin valor de mercado representa una “reparación integral del daño”.
