El juicio oral se centró en los hechos ocurridos entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022, cuando cinco trabajadores rurales fueron encontrados en condiciones extremas de precariedad, sin acceso a higiene, salubridad ni seguridad. La investigación se inició tras una inspección estatal que puso al descubierto la situación.
Dos condenados, distintas responsabilidades
Además de Abdala, fue condenado Sandro de la Cruz Vázquez, señalado como capataz del predio. La jueza lo consideró partícipe secundario y le impuso 3 años de prisión en ejecución condicional, por lo que no ingresará a la cárcel. En cambio, Abdala deberá cumplir la pena en forma efectiva.
Posturas enfrentadas
Durante el tramo final del juicio, las defensas de ambos acusados —a cargo de los abogados Julio Pedemonte y Víctor Montiel— habían solicitado la absolución, intentando deslindar responsabilidades. Sin embargo, el fiscal general José Ignacio Candioti, junto al fiscal adjunto Juan Podhayny, sostuvo que existió una clara división de roles: Abdala como patrón y De la Cruz Vázquez como capataz, con dominio conjunto de los hechos.
Candioti había pedido 8 años y 6 meses de prisión para Abdala y 8 años para De la Cruz Vázquez, además de la compensación económica. Finalmente, el tribunal aplicó una pena menor al capataz, pero confirmó la responsabilidad principal del dueño del establecimiento.
El fallo constituye un precedente en la lucha contra la explotación laboral en el ámbito rural.
