A un mes de retomar la investigación sobre el atentado contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, la jueza federal María Eugenia Capuchetti solicitó recientemente al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, conocido como Homeland Security, que le ayude a desbloquear el teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado en el caso. Este dispositivo, un Samsung modelo SM-A505 G, ha sido examinado por peritos de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional, pero nunca ha podido ser abierto.
En un breve oficio que obtuvo Infobae, Capuchetti preguntó a Homeland Security si estaba en capacidad de acceder al contenido del mencionado celular. Asimismo, la nota fue remitida al Ministerio de Justicia de la Nación y a la embajada de Estados Unidos.
El teléfono de Sabag Montiel se considera fundamental para la investigación. El último intento de acceder a sus datos tuvo lugar en marzo, a instancias de la fiscal de juicio Gabriela Baigún. Esta labor implicó la colaboración de seis peritos: los defensores de Sabag Montiel, la querella de la ex presidenta, y especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación, así como de la Gendarmería.
El informe sostiene: “Ninguno de los intentos resultó exitoso en acceder al dispositivo celular Samsung modelo SM-A505 G del imputado Fernando Sabag Montiel, a pesar de haber agotado las distintas alternativas planificadas para llevar a cabo este peritaje con el despliegue tecnológico más efectivo”.
Hasta el momento, lo único que se ha podido extraer del teléfono son una serie de fotografías, entre las cuales se encuentra una en la que Sabag Montiel y Brenda Uliarte posan con el arma utilizada en el atentado contra Cristina Kirchner. Todas las imágenes estaban almacenadas en la tarjeta de memoria del dispositivo.
El primer intento de desbloquear el teléfono se realizó en la madrugada siguiente al atentado, en la sede del juzgado de Capuchetti, y estuvo a cargo de la Policía Federal. Curiosamente, se convocó a un perito, Alejandro Heredia, que carecía de experiencia en el tema. Ante la imposibilidad de acceder al contenido, el teléfono fue guardado en un sobre de papel madera y enviado a una sede de la PSA. La oficial de la PFA encargada del traslado, Priscilla Santillán, quien aún desempeña funciones como custodia de la jueza Capuchetti, declaró en el juicio que el sobre estaba cerrado. Sin embargo, los peritos que lo recibieron en la PSA, Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan, afirmaron lo contrario, incluso señalaron que el teléfono llegó encendido.
El segundo intento de peritar el aparato también fracasó, y el dispositivo terminó reiniciado a valores de fábrica, lo que llevó a abrir una causa en el juzgado de María Servini. No obstante, en febrero de este año la magistrada sobreseyó a los tres peritos involucrados.
Servini concluyó que “con los medios disponibles resulta imposible avanzar y determinar, al menos con un mínimo de probabilidad, las razones que llevaron al reinicio del celular de Sabag Montiel”.
El último intento de abrir el teléfono se produjo en marzo de este año. Ese informe indicó que el reseteo a valores de fábrica ocurrió a las 0:19:26 del sábado 3 de septiembre, cuando el celular ya estaba bajo la custodia de los peritos de la PSA.
Además, la jueza solicitó la colaboración de Homeland Security para desbloquear el teléfono del diputado Gerardo Milman, quien sigue siendo investigado y nunca ha proporcionado su clave personal. Este hecho surgió del testimonio de un asesor legislativo, Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado a Milman, el 23 de septiembre de 2022, pronunciar una frase sugestiva en el bar Casablanca: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.
Abello actualmente enfrenta acusaciones de falso testimonio en un expediente separado. En las últimas horas, el fiscal Eduardo Taiano solicitó que se cite a indagatoria a este asesor. “De las declaraciones testimoniales incorporadas en esta causa, no se pudo corroborar que haya proferido la frase ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’”, afirmó Taiano.
Durante la investigación, la Justicia allanó la casa de Abello y le confiscó su teléfono. Llamativamente, los peritos de la DATIP no encontraron el supuesto mensaje que él dijo haber enviado al diputado Marcos Cleri. “Llama la atención que Cleri, quien era la persona para la que trabajaba el imputado, se presentara de manera espontánea y sin haber sido citado para dar su testimonio, a informar a la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 5 sobre la existencia de un mensaje de texto en el que Abello mencionaba la frase en cuestión”, subrayó Taiano en su solicitud de indagatoria.
