En pleno debate sobre la reforma laboral, la litigiosidad en los juicios por riesgos del trabajo sigue en aumento. Los datos del sistema ponen de relieve un dato central: apenas el 55% de lo que las empresas abonan al perder un juicio llega efectivamente al trabajador; el resto se destina a gastos y honorarios judiciales.
Más en detalle, según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el 45% restante se diluye en los costos de la intermediación judicial. Dentro de ese porcentaje, la mayor porción corresponde a la cuota litis —la parte de lo obtenido en el juicio que perciben los abogados—, que explica el 14% del gasto judicial. El resto se distribuye entre los honorarios del letrado del actor (11%), los peritos (7%) y los honorarios del abogado de la compañía (8%). Además, se suman los honorarios de segunda instancia (3%) y la tasa de justicia (2%).
El informe de la UART subrayó que 2025 cerró con una fuerte escalada de la litigiosidad: se presentaron 134.141 demandas, un 6,4% más que el año anterior.
En particular, en el último cuatrimestre se registró un aumento interanual del 12% en los juicios. El comportamiento de diciembre encendió señales de alarma: durante el último mes del año pasado ingresaron más demandas que en noviembre, cuando por estacionalidad se esperaba una caída cercana al 10%.
El stock total de causas en curso pasó de 287.802 en diciembre de 2024 a 317.848 en septiembre de 2025.
En los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) solo existe un antecedente comparable: diciembre de 2016, cuando la litigiosidad estuvo desbordada ante la inminente sanción de la nueva ley. Como referencia, en los últimos cinco días hábiles de aquel año ingresaron únicamente en la Ciudad de Buenos Aires unos 4.500 juicios.
Con este escenario de base y sin cambios de fondo, las proyecciones de la UART indican que la litigiosidad seguirá en aumento en los próximos meses.
La entidad señaló dos paradojas: por un lado, la litigiosidad se mantiene elevada pese a la baja siniestralidad; por otro, mientras los fallecimientos se redujeron 80% y los accidentes 55%, los juicios crecen de manera exponencial.
“Es increíble que en Argentina, cuanto mejor hacemos nuestro trabajo preventivo y más logramos bajar los accidentes, más juicios recibimos. El accionar de los peritos que buscan su propio beneficio y las justicias provinciales que no crean los cuerpos médicos que exige la ley, están matando a un sistema que ayuda a empresas y trabajadores”, dijeron en la UART.
“Vamos a cerrar 2025 con más de 134 mil juicios, una cifra récord e imposible de costear. Ir a juicio es gratis para abogados y trabajadores y está dejando ser excepcional para ser lo habitual, quebrando artificialmente un sistema que previene accidentes y da respuestas sólidas y rápidas”, agregaron.
Un informe del IERAL destacó que a mediados de la década de 1990 se registraban alrededor de 75 accidentes y enfermedades laborales por cada 1.000 trabajadores en el ámbito de las empresas. Hoy esa cifra se ha reducido a cerca de la mitad.
El contraste aparece al analizar los siniestros fuera del ámbito laboral. Los accidentes in itinere —los que ocurren en el trayecto entre el hogar y el lugar de trabajo— muestran la tendencia opuesta: según datos del Ieral, pasaron de 7 casos por cada 1.000 trabajadores en los primeros años del sistema a 18 por cada 1.000 en la actualidad.
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La mejora también se refleja en los indicadores más críticos. El informe señala que, cuando la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) comenzó a aplicarse en 1997, se registraban 158 muertes por millón de trabajadores en los establecimientos laborales. Hoy esa tasa descendió a 34 muertes por millón.
De acuerdo con el estudio, esa reducción equivale a haber evitado unas 18.700 muertes laborales en los últimos 26 años, es decir, cerca de 720 vidas salvadas por año.
En el caso de los accidentes in itinere, la tendencia también es descendente, aunque más gradual: la tasa pasó de 76 a 30 muertes por millón de trabajadores.
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