De cara a un récord en la cantidad de litigios que enfrentan las empresas, en 2025, el Gobierno confirmó que la reforma laboral es parte del paquete de medidas que intentará ingresar al Congreso, luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Además de hacer hincapié en la necesidad de simplificar el sistema tributario y reducir el costo laboral, el vocero presidencial Manuel Adorni, señaló la idea de \”terminar con la industria del juicio laboral\”, en el marco del Coloquio de IDEA.
“Necesitamos que las empresas, desde las más chicas hasta las más grandes, puedan y quieran contratar gente. Para eso tenemos que cambiar el marco vetusto vigente, que pone trabas innecesarias a quien desea emprender. La actual reglamentación laboral es un lastre\”, declaró Adorni en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.
Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 la cifra de juicios por accidentes laborales ascenderá a 132.000 lo que representa un salto de 70% frente el último registro más alto, en 2018.
Desde la visión del sector privado, la problemática tiene varias aristas con diferencias marcadas por el carácter federal de los juicios laborales ya que las provincias definen sobre los jueces laborales, las tasas de actualización y la existencia de un cuerpo de peritos.
Por una modificación a la ley de Riesgos del Trabajo (24.557) que implementó Mauricio Macri, en 2017, la Nación no es más quien nombra peritos. Si bien la definición para los empresarios fue positiva, generó que provincia como Mendoza no definan su cuerpo de expertos desde entonces, desde hace 8 años.
Como ejemplo de la asimetría, indicaron que existen jurisdicciones que no habilitan la instancia de apelación; para hacerlo \”hay que ir a la Corte Suprema, lo que implica un costo muy alto\”.
Para dimensionar, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) realizó un informe donde destaca que los empresarios pagaron el equivalente a 500.746 salarios mensuales o la contratación de 38.519 puestos de trabajo, entre 2017 y 2024.
Respecto al impacto económico estimaron que el gasto de las empresas equivale a la contratación de aproximadamente 54.668 trabajadores al año en la provincia y de 113 mil empelados al año, a nivel nacional a partir del impacto de u$s 522,8 millones y u$s 1145 millones, respectivamente.
“Aunque las acciones para prevenir accidentes laborales y enfermedades han contribuido en menos siniestros, los juicios siguen subiendo\”, se descargan los empresarios sobre la problemática que tuvo un descenso marcado en la pandemia de COVID-19, pero luego se recuperaron y superaron los niveles anteriores.
\”La brecha en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la discapacidad detectada por el sistema versus lo que se reclama en juicio es significativa. Por ejemplo, una lesión de un dedo que el sistema detecta como 1% de discapacidad, en un juicio puede terminar siendo 15% por un brazo entero\”, contó a El Cronista, un industrial.
Y opinó que \”la actualización de las tasas ha provocado que los juicios se disparen, ya que se convierten en una especie de ´plazo fijo´ debido al incremento que generó que una demanda inicial de 8 millones de pesos se convirtió en 180 millones de pesos en un año y medio\”.
Problema de fondo
En la última década, la normativa aplicable en materia de riesgos del trabajo se ha desarrollado \”con éxito\”, con el objetivo de buscar respuestas satisfactorias a los reclamos de los trabajadores, explicó Marcela Botta, socia de Nicholson y Cano.
“No obstante, la disparidad de criterios judiciales -que eclosionó en el año 2025 – ha desdibujado los esfuerzos legislativos en la materia\”, agregó.
Esta disparidad ha alcanzado \”límites insospechados\”, dijo y señaló que incluso tribunales inferiores desconocieron expresamente los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia de jurisdicción (fallo Levinas) ó intereses aplicables (fallos Oliva y Lacuadra).
\”Un escenario de estas características, sumado a las pautas en virtud de las cuales se regulan los honorarios de peritos -quienes perciben una retribución mayor cuanto más importante es la incapacidad que asignan-, ha llevado a un colapso judicial que años atrás se entendía superado\”, explicó.
“La protección constitucional de todo trabajador no implica autorizar ni defender un escenario de inseguridad jurídica como el que estamos transitando en materia de riesgos del trabajo el cual, de mantenerse en el tiempo, podría determinar la desaparición del sistema”, advirtió.
Desde el sector privado coinciden en que más que una reforma laboral, lo que se necesita para reducir la litigiosidad es un mismo criterio a nivel jurisdiccional.
“Promover la equidad en el tratamiento de los trabajadores damnificados, a partir de la misma evaluación a la hora de peritar las incapacidades (utilización rigurosa del Baremo) y el pago de honorarios no sujetos al pleito”, indicaron desde Uipba.
