Miércoles, 28 de enero de 2026   |   Economía

Juicio por YPF: Argentina pidió suspender discovery en EEUU; Procuración acusa Burford de hostigamiento por USD 16.000 M

La Procuración del Tesoro de la Nación volvió a denunciar un “hostigamiento sistemático” por parte de Burford Capital. Creen que las medidas impulsadas buscarían afectar a la economía argentina, para cobrar los USD 16.000 millones por el juicio
Juicio por YPF: Argentina pidió suspender discovery en EEUU; Procuración acusa Burford de hostigamiento por USD 16.000 M

En el marco de la disputa judicial internacional por el juicio relacionado con la compra de YPF, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante la Justicia de Estados Unidos un pedido formal para suspender el proceso de discovery iniciado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y la moción de desacato promovida por Burford Capital.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la presentación ante el juzgado que preside la jueza estadounidense Loretta Preska se realizó durante la madrugada de este miércoles. Con esa acción, las autoridades buscan frenar el “hostigamiento sistemático” impulsado por la firma de abogados, beneficiada en la primera instancia del proceso. “Hasta acá llegaron”, indicaron a este medio.

“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, señalaron en relación con las estrategias de litigio de Burford Capital para cobrar los USD 16.000 millones de dólares establecidos en el fallo por la mala expropiación de la empresa petrolera.

En las últimas semanas la controversia escaló cuando la empresa litigante solicitó no sólo la moción de desacato, sino también información detallada sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Horas antes del pedido de suspensión, la Procuración del Tesoro de la Nación respondió a la Justicia estadounidense que esas reservas “son propiedad del Banco Central” y “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.

Aunque desde el Gobierno remitieron una solicitud para acceder a la información requerida, advirtieron que la decisión quedaría sujeta al BCRA. Además, reiteraron que “la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa”.

Según el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, también se hizo expreso el rechazo al pedido de los beneficiarios para que el ministro de Economía, Luis Caputo, comparezca a declarar sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro nacionales.

La Procuraduría del Tesoro de la Nación afirmó que “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”. A pesar de ello, desde Buford Capital sostuvieron que habría faltantes informativos, por la no inclusión de conversaciones privadas de los funcionarios actuales y de la gestión anterior.

La empresa británica aprovechó ese punto como argumento para pedir que el país fuera declarado en desacato. Frente a ello, las autoridades nacionales denunciaron que los demandantes intensificaron sus reclamos con pedidos “cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.

Por ese motivo, los representantes legales de la Argentina acusaron a la firma de abogados de convertir el discovery en una herramienta de presión política y judicial. “El discovery impulsado se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”, afirmaron.

En la misma línea, desde la Procuración del Tesoro de la Nación acusaron públicamente a la contraparte de haber manifestado “de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”. Por eso calificaron esa actitud como “inaceptable jurídica y moralmente”, y señalaron que su único objetivo sería adelantar el pago de la cifra millonaria, pese a que el proceso aún estaría bajo revisión.

Por último, la Procuración del Tesoro reafirmó su compromiso de “continuar ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”.

Mañana, ambas partes se presentarán en una audiencia que había sido pactada antes del pedido de desacato de Burford Capital. Desde la Procuración aseguraron que la postura argentina será más firme que nunca y que buscarán convencer a Preska para evitar que siga dando lugar a las solicitudes de la firma británica.

Respecto del margen de actuación de los beneficiados con el primer fallo, se confirmó que tendrán la posibilidad de hacer un nuevo descargo en respuesta el 19 de febrero. Así, las fuentes oficiales evaluaron la posibilidad de que surjan nuevas aristas en el caso, que podrían ser abordadas hacia finales de marzo.

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