En una audiencia de seguimiento celebrada este jueves ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la República Argentina y los demandantes encabezados por Burford Capital volvieron a enfrentarse en el juicio por la expropiación de YPF. La reunión, presidida por la jueza Loretta Preska, se realizó después de que los beneficiarios del fallo por USD 16.000 millones solicitaran sanciones y la declaración de desacato contra el Estado argentino, y tras la presentación formal de Argentina para suspender el proceso de “discovery” ordenado por el tribunal.
La Procuración del Tesoro de la Nación aclaró que la audiencia estaba prevista con antelación tanto al pedido de sanciones formulado por los demandantes como a la solicitud de suspensión total del proceso presentada por la defensa argentina. Precisaron que se trató de un encuentro para monitorear el avance del discovery, etapa en la que las partes intercambian documentación e información relevante para la causa.
El alcance del discovery y los reclamos de Burford
Durante el encuentro, la defensa argentina volvió a rechazar determinadas solicitudes de información que consideró improcedentes, en especial las vinculadas a activos soberanos que, a su juicio, gozan de inmunidades tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. En ese marco, fuentes oficiales señalaron que “resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos que, conforme al derecho interno y al derecho internacional, se encuentran amparados por inmunidades soberanas”.
Y agregaron: “En particular, pretender que se requiera información al Banco Central sobre la locación de sus activos equivaldría a exigir que la Federal Reserve revele al Tesoro estadounidense la composición y localización de sus tenencias, algo claramente inadmisible en cualquier jurisdicción”.
Un punto central en la discusión fue el pedido de Burford Capital para obtener detalles sobre la localización y el uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En semanas recientes, Argentina había rechazado esa solicitud ante el tribunal, alegando que las reservas de oro son propiedad de una entidad autónoma e independiente y que el Tesoro Nacional no tiene acceso directo a esa información.
“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, consignaron fuentes vinculadas a la defensa, que añadieron que el Ejecutivo decidió enviar un pedido de información directamente al Banco Central.
Según la posición oficial, la negativa a suministrar ese tipo de datos responde a la defensa de la soberanía estatal y a la protección de activos que no pueden ser alcanzados por medidas de ejecución. En el comunicado difundido tras la audiencia, fuentes del equipo legal del Estado afirmaron que “Argentina continúa demostrando responsabilidad y buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, incluso en paralelo al pedido de suspensión del proceso. Frente a este nivel de presión, el Estado mantiene una postura firme en la defensa de sus derechos y en la utilización de todas las herramientas legales disponibles”.
El pedido de suspensión y la acusación de desacato
Las tensiones entre las partes también se reflejaron en la estrategia adoptada por Argentina para frenar ciertas etapas del proceso. El país presentó un pedido formal ante la jueza Preska para suspender el discovery y la moción de desacato impulsada por Burford Capital, sosteniendo que se trata de medidas que exceden el marco razonable del litigio.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, argumentaron fuentes oficiales al justificar el planteo.
La disputa judicial internacional se origina en una sentencia de primera instancia que condenó a Argentina al pago de una suma equivalente a USD 16.000 millones, más intereses, por la expropiación de la petrolera YPF, medida adoptada por el Estado en 2012. Esa condena fue obtenida por antiguos accionistas de la compañía y los derechos del litigio fueron luego adquiridos por Burford Capital, que busca ejecutar la sentencia en tribunales estadounidenses.
En los últimos meses, Argentina presentó diversos recursos ante la justicia de Estados Unidos para frenar la ejecución de las órdenes judiciales. Entre ellos, solicitó la suspensión de la obligación de entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de la sentencia, al considerar que esa medida vulnera principios de soberanía y disposiciones del ordenamiento jurídico interno.
Documentación entregada y próximos pasos
La defensa argentina también destacó que el proceso de discovery ya implicó la entrega de una cantidad considerable de información. Según datos oficiales, el país puso a disposición del tribunal más de 115.000 páginas de documentos considerados razonablemente relevantes para la causa. No obstante, los demandantes sostienen que aún resta información por entregar, en particular comunicaciones privadas de funcionarios.
La audiencia de seguimiento no resolvió de fondo la controversia sobre el discovery ni la solicitud de desacato, pero permitió que las partes expusieran nuevamente sus posturas antes de los próximos pasos procesales. Según el comunicado oficial, Argentina presentará sus argumentos en rechazo al pedido de sanciones y desacato el próximo 19 de febrero.
En paralelo, el tribunal concedió un plazo hasta el viernes 6 de febrero para que los demandantes respondan al pedido de suspensión del proceso formulado por la defensa argentina. Posteriormente, el país presentará su réplica el martes 10 de febrero, tras lo cual la cuestión quedará en condiciones de ser resuelta por la jueza Preska.
Desde la representación argentina destacaron que la audiencia también sirvió para reiterar la improcedencia de ciertos requerimientos planteados en el discovery y para reafirmar la decisión del Gobierno de actuar con apego a la ley y dentro de los canales institucionales.
La causa por la expropiación de YPF sigue siendo uno de los litigios internacionales más relevantes que afronta Argentina. El desarrollo de las próximas instancias procesales y las decisiones del tribunal estadounidense serán determinantes para el futuro del expediente en los meses venideros.
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