La jueza Loretta Preska, quien viene dando sentencias favorables a los fondos buitre que demandan a la Argentina por la expropiación de YPF, dio un paso más en ese sentido: ordenó a la República Argentina que entregue correos electrónicos y chats de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones) de altos funcionarios de los gobiernos de Javier Milei y Alberto Fernández.
Los defensores de Argentina, el estudio de abogados de EE UU Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP -contratado por la Procuración del Tesoro- evalúan por estas horas las opciones disponibles para apelar esta orden. Preska fijó una nueva audiencia para el próximo miércoles 6 de agosto.
La decisión de Preska es en respuesta a un reclamo de “discovery” efectuado el año pasado por los demandantes, los fondos buitre Burford y Eaton Park. En este caso, el “discovery” apunta a conseguir pruebas que demuestren que YPF no tiene independencia estratégica del Estado argentino y, por lo tanto, es el “alter ego” o, dicho de otra manera, son lo mismo.
Los demandantes pidieron que la investigación ponga la lupa, además de YPF, sobre el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (Enarsa). Los fondos buitre justifican la amplitud del pedido en que el Estado argentino aun no dio garantías de pago de los U$S 16.000 millones que, según la sentencia de primera instancia de Preska, la Argentina debe pagarles.
En su planteo original, Burford y Eaton pidieron que 27 personas, entre funcionarios y exfuncionarios argentinos, entregaran sus conversaciones. Preska habilitó el pedido y permitió una instancia de negociación entre las partes. Ante la falta de acuerdo, ahora ella dictó los nombres de los que deben ceder esa información.
En esa lista se encuentran, entre otros, el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor presidencial Santiago Caputo. También los exfuncionarios Sergio Massa, José Ignacio de Mendiguren, Guillermo Michel y Gabriel Rubinstein.
El gobierno argentino rechazó el pedido, lo calificó como “acoso” judicial y denunció que los demandantes buscan modificar las condiciones de la negociación con esta solicitud. “La medida de discovery viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”, dijeron desde la Procuración del Tesoro.
En el organismo encargado de la defensa de los intereses del Estado nacional agregaron que los abogados que representan al país ya entregaron a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos después de que Preska dictase su sentencia en 2024.
En ese sentido, subrayaron que Burford estaría insistiendo en el mecanismo de discovery “para hostigar a la República”. Incluso, le adjudican a ese fondo un interés por impedir que la Argentina “reconstruya su economía” ya que mientras más débil es el país, más fácil es “doblegarlo”.
