Ayer, 24 de diciembre, Burford Capital —principal beneficiario de la condena en primera instancia contra el Estado argentino por la expropiación irregular de YPF en 2012— adelantó que solicitará a la jueza Loretta Preska —quien dictó la sentencia— que declare al país en desacato y le imponga sanciones.
“Los acreedores de la sentencia de YPF notificaron a la jueza Loretta Preska el miércoles su intención de solicitar sanciones y un fallo de desacato contra la república, alegando la supuesta omisión de Argentina de presentar ciertas comunicaciones off-channel que, según el Gobierno, escapan a su control. Los acreedores solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026”, destacó un paper de Latam Advisors de ayer.
Del cronograma presentado se desprende que resulta poco probable que se dicte una resolución sobre ese pedido antes de fines de marzo.
La consultora de Sebastián Maril lo resumió así: “Argentina se ha opuesto al cronograma propuesto, argumentando que los acreedores buscan una audiencia probatoria indefinida y prematura. La República sostiene que los demandantes no han especificado el alcance, las cuestiones ni los posibles testigos asociados con dicho procedimiento”.
Y respecto de las eventuales sanciones, el experto señaló: “No está claro qué va a pedir Burford. El abanico es muy amplio. Podría solicitar que los funcionarios que se rehúsan a entregar sus dispositivos móviles no pueden ingresar a EEUU. Desconozco si será eso, pero no lo descarto. Luego Preska deberá decidir al respecto”.
Los motivos
La sentencia “madre” de Preska, que hace dos años condenó al Estado a pagar USD 16.000 millones (hoy, con los intereses que corren a diario, más de USD 18.000 millones) por la expropiación defectuosa de la petrolera, fue apelada y tuvo su audiencia en octubre. Se esperan novedades sobre ese fallo central el año próximo.
Sin embargo, como las sentencias en EEUU pueden ejecutarse durante el proceso de apelación, Burford viene intentando cobrar desde el año pasado. Para ello presentó múltiples acciones ante el tribunal de Preska: entre otras, buscó adjudicarse las acciones que el Estado posee en la petrolera (51%) y demostrar que el Gobierno argentino y la empresa configuran un mismo sujeto (alter ego).
En el marco de ese último punto, Burford requirió que el Estado entregue correos electrónicos y chats de funcionarios de la actual y de la anterior administración, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa. El bufete inglés, que compró los derechos para litigar esta demanda hace más de una década, pretende probar, entre otros extremos, que la empresa y el Gobierno “son lo mismo”.
Argentina sostuvo que se trata de información de carácter personal y que, además, es de muy difícil rastreo.
En su momento, la Procuración del Tesoro señaló que, según el derecho estadounidense, solo puede ordenarse la producción de documentos que se encuentren en “posesión, custodia o control” del requerido, y que la República no ejerce tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios. Añadió que, conforme a la normativa local, esas comunicaciones son patrimonio inviolable de sus titulares y que el Estado no tiene acceso a ellas.
El Gobierno prometió colaborar, pero nunca lo hizo en la medida que reclamaban el demandante y el tribunal.
Días atrás trascendió la lista de funcionarios de este Gobierno (algunos ya no están en sus cargos) sobre los que se solicitaron datos:
- Luis Caputo, Ministro de Economía (desde el 10/12/2023)
- Pablo Quirno Magrane, ex Secretario de Finanzas y actual Ministro de Relaciones Exteriores (desde el 28/10/2025)
- Carlos Jorge Guberman, Secretario del Tesoro
- María Carmen Tettamanti, Secretaria de Energía
- Mariela Beljansky, ex Subsecretaria de Planeamiento Energético
- Franco Hernán Mogetta Prevedello, ex Secretario de Transporte
- Luis Octavio Pierrini, Secretario de Transporte
- Hernán Adrián Gómez, Subsecretario de Transporte Aéreo
- José Luis Daza Narbona, Vice Ministro de Economía y Secretario de Política Económica
- Horacio Federico Veller, Subsecretario de Combustibles Líquidos
- Susana Beatriz Casillas, Directora Nacional de la Oficina de Crédito Público
- Jorge Horacio Domper, Tesorero General de la Nación
- Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, ex Secretario de Energía
- Luis Francisco De Ridder, ex Subsecretario de Hidrocarburos
- Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete
- José Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete
- Damián Eduardo Sanfilippo, Subsecretario de Planeamiento Energético
- Antonio Milanese, Subsecretario de Planeamiento Energético
- Guillermo Alberto Francos, ex Jefe de Gabinete
- Eduardo Oreste, ex Asesor de la Secretaría de Energía
- Maggie Luz Videla Oporto, ex Subsecretaria de Hidrocarburos
También figuran en el requerimiento 14 exfuncionarios de la administración anterior; entre ellos, además de Massa, aparecen Agustín Rossi (ex Jefe de Gabinete) y Flavia Gabriela Royón (ex secretaria de Energía y actual senadora), entre otros. Muchos entregaron parte de la información solicitada, pero Burford centró su atención en dos que, según la firma, aún no lo hicieron: el ministro Caputo y el ahora canciller Quirno.
Es una causa extensa y enrevesada, con novedades casi cotidianas en las múltiples “capas” y derivaciones que acumuló a lo largo de los años. En las últimas horas, por ejemplo, Preska adoptó una decisión administrativa que favoreció a YPF.
¿Declarará la jueza al país en desacato? Es difícil anticiparlo; habrá que esperar a conocer la solicitud final que presente Burford.
Dos apuntes: la magistrada ha manifestado en varias oportunidades, tanto en escritos como en fallos, estar “cansada” de lo que considera estrategias de dilación por parte de Argentina.
Y, por otro lado, la decisión se deberá tomar en marzo, periodo en el que en Nueva York se celebrará la Argentina Week, un encuentro en Wall Street que contará con la presencia del presidente Javier Milei y que tendrá como objetivo presentar la nueva agenda de inversiones, reformas y oportunidades de su gestión.
No sería un escenario favorable para esa estrategia que, ante grandes inversores de EEUU y del mundo, el país sea declarado en desacato y sancionado por la justicia estadounidense.
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