Con distinto grado de intensidad, durante el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas —y especialmente en la etapa de cuestiones preliminares— los empresarios acusados de haber pagado más de 33 millones de dólares en coimas a funcionarios del kirchnerismo intentarán reactivar viejos planteos para debilitar la prueba en su contra.
Una vez concluida la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se abrirá la instancia en la que las partes podrán plantear nulidades, recusaciones o pedir la exclusión de parte de la prueba; allí es donde el empresariado volverá a insistir con esas estrategias.
Se da por hecho que en ese tramo del proceso resurgirá el debate sobre la “reparación integral”, el mecanismo mediante el cual varios empresarios ofrecieron más de 13 millones de dólares para intentar sortear el juicio, según publicó el diario La Nación.
Esa estrategia ya había sido rechazada por los jueces del Tribunal Oral N°7, pero la decisión fue impugnada y la Sala I de la Cámara de Casación deberá emitir su pronunciamiento.
La versión más básica del argumento empresarial sostiene que la reparación integral está contemplada en el Código y que su aceptación no es optativa. Los hombres de negocios admiten que la oferta puede ser insuficiente para compensar el daño, pero sostienen que nunca debería ser considerada inadmisible.
Los empresarios que más dinero ofertaron para evitar el juicio
Intentaron, sin éxito, una “reparación integral” del daño, una figura prevista en el nuevo Código.
Hugo Dragonetti (Panedile): Más US$ 960.000. Habría realizado 22 pagos para la recaudación, algunos canalizados a través del financista Clarens. El chofer Centeno detalló en sus anotaciones que los cobros se levantaban en la sede de la firma, en Suipacha 1111.
Ángelo Calcaterra (Iecsa): Más de US$ 1.600.000. El primo del expresidente Macri también se acogió a un acuerdo de colaboración. Declaró que le impartía órdenes de pago a Héctor Sánchez Caballero, CEO de la empresa, quien le entregaba a Baratta el dinero en un estacionamiento de Puerto Madero.
Ernesto Clarens (Financista intermediario): Alrededor de US$ 1.500.000. Habría sido el financista que ofició de nexo con parte del empresariado. “Si quieren trabajar, van a tener que pagar”, solía decir. Se acogió a un acuerdo de colaboración y, para evitar llegar a juicio, ofreció entregar una embarcación y un departamento en Miami, valuados por él en ese monto.
Juan Carlos de Goycochea (Isolux): Más de US$ 1.000.000. Fue un ofrecimiento conjunto con Mario Maxit y Cesar de Goycochea, directivos de la misma firma. Fue el primero de los empresarios en cruzar la frontera y convertirse en arrepentido. Dijo que los “aportes para la campaña” eran eufemismos para el pago de coimas.
Aldo Benito Roggio (Grupo Roggio): Más de US$ 1.250.000. También se convirtió en arrepentido. Dijo que accedió a formar parte del esquema luego de un “regateo”. “Mis conversaciones con [Ricardo] Jaime (exministro de Transporte) comenzaron porque nos habían dejado de pagar”, explicó.
Quienes se oponen al uso de la reparación integral en este expediente argumentan que se trata de un instrumento pensado para extinguir conflictos de menor entidad y con una víctima individualizada; no para cerrar una causa como la de los Cuadernos, que involucra delitos “pluriofensivos” y donde la afectación alcanza a la sociedad en su conjunto.
Esa fue la conclusión de los jueces del Tribunal, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes consideraron vinculante el dictamen de la fiscal Fabiana León, que sostuvo que no existía un monto capaz de reparar el daño institucional generado.
Las apelaciones, sin embargo, deberán resolverse en la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país. Los empresarios sostienen que la resolución del TOF 7 confunde la reparación con la conciliación, esta última sí requiere el consentimiento de la víctima para extinguir la acción penal.
Otro frente donde tanto el empresariado como los exfuncionarios volverán a atacar es la validez de las declaraciones de los arrepentidos, que constituyen el núcleo de la prueba.
En noviembre de 2020 la Cámara de Casación rechazó un planteo similar presentado por la defensa del exministro de Planificación Julio De Vido, que alegaba que esas declaraciones no habían sido filmadas ni grabadas, tal como exige un artículo de la ley del arrepentido. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña afirmaron que esa circunstancia no invalidaba la prueba y la rechazaron, aunque admitieron que podría tener incidencia al evaluar la prueba “en las distintas etapas en que deba ser evaluado para determinar las responsabilidades penales de los aquí imputados”.
Los defensores empresariales se apoyarán especialmente en el voto en disidencia de la exjueza Ana María Figueroa en ese fallo de 2020, quien sostuvo que no haber grabado las declaraciones de los arrepentidos, tal como indica la ley, constituía una seria deficiencia, como destacó el diario La Nación.
“Un acta [escrita] no puede reemplazar a un medio técnico grabado observable, lo audible, lo presencial”, dijo la jueza, que valoró como necesario poder tener una impresión del “estado de ánimo del declarante”, sus “expresiones, gestos, el tono de la voz y su cadencia, que permitan evaluar su autenticidad e integralidad”.
Detrás de esta discusión técnica reapareció la hipótesis, que la semana pasada propaló la expresidenta Cristina Kirchner en redes, y que coincide indirectamente con el interés de los empresarios: que las declaraciones de los arrepentidos fueron “arrancadas” bajo coacción por el fiscal Carlos Stornelli. Esa versión contrasta con el hecho de que los más de 20 imputados colaboradores que declararon lo hicieron acompañados de sus abogados defensores.
Al igual que en la primera audiencia, la expresidenta —acusada de ser la jefa del sistema de recaudación ilegal— publicó en X un mensaje en el que afirmó que los arrepentidos que la incriminan fueron “extorsionados” y “torturados”.
Reunión entre jueces
Para el próximo martes, tras los cruces en torno a la marcha del juicio oral, está prevista una reunión entre los jueces de la Casación y los del TOF 7. Los abogados de los empresarios, que solicitaron estar presentes para no perder ritmo procesal, ya fueron notificados de que no podrán participar.
“Se trata de una convocatoria para magistrados, sin intervención de las partes en el proceso”, indica la comunicación de la Casación.
