
El futuro de la magistrada se definirá en una sesión especial de la Cámara de Diputados, donde cualquier resolución requiere una mayoría especial de dos tercios y un quórum de tres cuartos de los miembros. El bloque oficialista —salvo una pregunta del libertario Roque Fleitas, que la incomodó por algunos minutos— realizó un interrogatorio superficially leve y, en algunos tramos, pareció estar demasiado sincronizado con los abogados de la jueza, quienes mantuvieron reuniones en la cámara baja desde antes del mediodía hasta las 16, publicó el sitio Análisis.
Medina admitió que el empresario Eduardo Eurnekian le pagó viajes en vuelos privados a España y Colombia, conducta que infringe la Ley de Ética Pública y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Resultó llamativo que el bloque opositor decidiera no formular preguntas “para no prestarse a la situación”, según dijeron a Análisis. Además se rechazó in límine la tercera denuncia presentada por una exempleada del Poder Judicial entrerriano, que lo acusaba de haber sufrido situaciones de violencia por parte de la jueza en distintas instancias.
Medina expuso vía Zoom ante la comisión que preside la diputada radical Gabriela Lena. En su intervención reiteró los argumentos ya incluidos en el descargo escrito entregado días atrás y negó las acusaciones en su contra.
Durante la audiencia quedó en evidencia un cambio en la actitud de los diputados oficialistas, que mostró un tono sensiblemente distinto al que motivó la apertura del proceso, la solicitud de informes a distintos organismos y la promesa de una investigación rigurosa. Según pudo saber Análisis, esa impronta dio paso a una postura casi contemplativa frente a las explicaciones de Medina, con preguntas poco incisivas, como si incluso se hubiera acordado el tenor de los interrogatorios. En ese sentido, los abogados Ladislao Uzín Olleros y Andrés Bacigalupo se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, poco antes del mediodía y luego mantuvieron encuentros con los legisladores del oficialismo en su bloque, reuniones que se extendieron hasta cerca de las 16.
El bloque peronista tampoco puso en aprietos a la magistrada. En las horas previas, sus integrantes acordaron no intervenir para evitar convalidar lo que varios legisladores describieron como “una puesta en escena”.
El único que planteó preguntas fue el diputado libertario Roque Fleitas, quien interrogó a la jueza sobre sus viajes y su vínculo con Eduardo Eurnekian, vínculo que quedó al descubierto después de que Análisis difundiera un informe de Migraciones con el detalle de los desplazamientos internacionales de Medina, algunos realizados en un avión privado de ese empresario. La jueza reconoció sin vacilaciones que Eurnekian le costeara los cuatro viajes a España y otro a Colombia, para trasladarse en el avión privado que contrata una de las empresas del empresario. Afirmó que con Eurnekian hay “una amistad de muchos años” y que su marido, el médico Ricardo Rizzo, lo ha atendido profesionalmente en más de una ocasión
Cómo sigue el trámite
Durante la reunión, la Comisión de Juicio Político resolvió el rechazo in límine de la tercera denuncia contra Medina, presentada por una ex empleada judicial que la acusó de violencia laboral.
Las dos denuncias restantes, junto con la prueba reunida y el descargo de la magistrada, servirán de base para el informe que deberá elaborar la comisión, en el cual los legisladores fijarán posición a favor o en contra de la continuidad del juicio político.
Ese dictamen deberá ser tratado posteriormente por el pleno de la Cámara de Diputados en una sesión especial.
El comportamiento de los legisladores oficialistas permite prever que el dictamen será desfavorable al juicio político. Para que esa postura prospere y Medina quede formalmente desligada del proceso se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos, cifra con la que cuenta el oficialismo.
Un obstáculo aparece en el requisito previo: la Constitución provincial establece que una sesión de este tipo solo puede realizarse con un quórum de tres cuartos de los miembros del cuerpo, es decir, 26 diputados.
Esa exigencia abre un nuevo escenario de negociaciones y conversaciones políticas que será determinante para la definición del caso.





