El diputado provincial Marcelo López (Juntos por Entre Ríos) sostuvo que “si hay elementos para la instrucción, producción de prueba y que la jueza ejerza el derecho de defensa, eso quiere decir que por lo menos hay necesidad de hurgar con más profundidad en lo que estaba pasando”, aunque se mostró cauteloso sobre la entidad de las denuncias contra la magistrada.
López, integrante de la Comisión de Juicio Político que analiza las presentaciones contra la jueza Susana Medina, adelantó la necesidad de profundizar la investigación sobre la conducta de la magistrada, pero evitó confirmar la veracidad de las denuncias.
Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), fue denunciada por presunto mal desempeño y la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le corrió vista para que haga su descargo.
El dirigente gremial Eugenio Jacquemain afirmó que en los períodos 2016-2019 y 2024-2025 la magistrada se habría ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles —equivalentes a tres años judiciales completos—, la mayoría por “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina”, entidad que presidía hasta hace una semana.
Una segunda denuncia fue presentada por la asociación civil Entre Ríos Sin Corrupción, que añadió que esas ausencias provocaron “altísimos índices de demora en la tramitación de las causas” y adjuntó un cotejo estadístico que muestra una morosidad del 90 por ciento en 2024 y del 88 por ciento en 2025. En una presentación espontánea ante la Comisión de Juicio Político, Medina negó estar demorada en la tramitación de causas.
La denuncia también le atribuye haber aceptado o gestionado “contribuciones” para la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) por parte del Banco de Entre Ríos SA, del Grupo Petersen —al que pertenece— o de fundaciones vinculadas a ambos, lo que podría configurar un conflicto de intereses, dado que la Sala del Trabajo del STJ, de la que forma parte Medina, debe resolver causas contra esa entidad crediticia.
En diálogo con el programa El Colectivo, que se emite por Radio Mitre Concordia, López explicó que la Comisión de Juicio Político “se constituyó de manera inmediata a que ingresaron las denuncias, se decidió abrir la investigación, se ordenaron las primeras medidas de prueba y se corrió traslado a la doctora Medina para que ejerza el derecho de defensa”. La magistrada puede presentarse personalmente o presentar un escrito y tiene tiempo hasta el miércoles para hacerlo. En su defensa trabajan los abogados Ladislao Uzín Olleros y Andrés Bacigalupo, junto con el constitucionalista Diego Armesto, quien públicamente ha dicho que Medina es víctima de “un ataque personal” y “un linchamiento mediático”. Armesto es abogado de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).
López añadió que “se han cumplido los requisitos formales para abrir la investigación y existen algunos elementos para el estudio del tema” y reiteró que “si la Comisión entiende que hay elementos para la instrucción, producción de prueba y que la jueza ejerza el derecho de defensa, eso quiere decir que por lo menos hay necesidad de hurgar con más profundidad en lo que estaba pasando y qué veracidad pueden tener las denuncias”.
No obstante, el diputado fue prudente sobre el alcance que puedan tener las acusaciones contra la magistrada: “Es muy difícil tener una impresión sobre el color que puede tener esto hasta que Medina pueda ejercer el derecho de defensa”.
