Durante décadas, el apellido Etchevehere ha representado el poder en Entre Ríos. Desde su liderazgo en la Sociedad Rural hasta el control de medios de comunicación, la familia ha tejido una red de influencia económica, política y cultural que parecía inquebrantable. Sin embargo, en la actualidad, ese mismo nombre está vinculado a un proceso judicial que podría resultar en una condena penal por administración fraudulenta.
Los Etchevehere se dirigen al banquillo
La Cámara de Casación Penal de la provincia confirmó el procesamiento de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, junto a su madre, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, y los empresarios Walter y Viviana Grenón. El delito que se les imputa es claro: el vaciamiento de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), histórica editora de El Diario de Paraná, un medio fundado en 1914 que fue parte del tejido cultural de la capital entrerriana.
Esta decisión judicial no es un evento aislado. Forma parte de una secuencia que comenzó en diciembre de 2022, cuando el juez de garantías consideró que existían pruebas suficientes para procesar a los acusados. En mayo de 2024, la Cámara de Apelaciones ratificó esa resolución, y en mayo de 2025, la Cámara de Casación reafirmó el procesamiento, rechazando los recursos extraordinarios presentados por las defensas, según publicó Uno Entre Ríos.
Este recorrido revela la solidez de la acusación: tres tribunales coincidieron en que las maniobras de los Etchevehere y los Grenón despojaron a la empresa de su patrimonio, llevándola a la ruina. Las defensas intentaron diversas estrategias, como alegar prescripción o nulidades, y citar el principio de ne bis in ídem, pero ninguna de estas tácticas logró desvirtuar el razonamiento del sistema judicial.
La destrucción de El Diario
El impacto de este caso va más allá de lo judicial. El colapso de El Diario no solo significó el deterioro de un medio centenario, sino la pérdida de un espacio que había sido referente en la prensa regional. La acusación sostiene que los imputados desviaron activos para intereses personales, generaron deudas imposibles de saldar y dejaron a la empresa sin capacidad para continuar su labor informativa. A la par, trabajadores y acreedores sufrieron las consecuencias de esta insolvencia.
Además, el caso expone la vulnerabilidad de los discursos que durante años rodearon a la familia. La retórica de “tradición y prestigio” contrasta con la repetición de términos como fraude, vaciamiento y responsabilidad penal en las resoluciones judiciales. Aquella familia que solía exhibir un notable poder político y capacidad de cabildeo en la provincia se enfrenta ahora a un proceso que podría llevar a condenas.
La relevancia de este caso es doble: por un lado, sentará un precedente jurídico para el juicio oral; por otro, enviará un mensaje simbólico en un territorio donde el poder económico suele actuar con cierta impunidad. La cuestión ya no es si habrá juicio, sino cuándo se sentarán los Etchevehere en el banquillo.
El poder de un apellido
La dimensión política del caso es ineludible. En octubre de 2017, el entonces presidente Mauricio Macri nombró a Luis Miguel Etchevehere como ministro de Agroindustria de la Nación, cargo que ocupó tras haber dirigido la Sociedad Rural Argentina. Su llegada al gabinete fue celebrada por sectores empresariales, aunque recibió críticas de movimientos sociales y sindicales, que lo veían como un símbolo del agro concentrado. Al mismo tiempo, su hermano Juan Diego también se destacó como delegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en Entre Ríos, durante la gestión de Cambiemos.
Estas designaciones reforzaron la idea de que el apellido mantenía su influencia en el ámbito nacional y provincial. Sin embargo, el tiempo y los procesos judiciales han transformado drásticamente esta percepción. El contraste entre el ascenso político de los Etchevehere en la era Macri y su situación actual, marcada por imputaciones penales, ilustra el notable declive de un legado que parecía invulnerable.
El juicio oral se perfila como un escenario de gran exposición pública. Allí no solo se analizarán los balances y movimientos contables de SAER, sino también el papel que cada uno de los acusados desempeñó en el vaciamiento. Los trabajadores despedidos, los acreedores impagos y la comunidad periodística esperan que se escuchen testimonios que expliquen cómo un medio centenario fue reducido a su mínima expresión.
El apellido que durante décadas simbolizó poder en la vida política y económica de Entre Ríos carga ahora con un estigma judicial sin precedentes. Este proceso será un espacio para debatir la relación entre el poder económico, los medios de comunicación y la política. Lo que está en juego va más allá de una familia; se trata de discutir la responsabilidad que tienen quienes, desde posiciones de privilegio, administran empresas con un rol social crucial.
La narrativa de los Etchevehere se encuentra en un punto de inflexión. Pasaron de ser sinónimo de poder e influencia en los ámbitos del agro y los medios, a convertirse en protagonistas de un expediente judicial que marcará un antes y un después en la provincia. El desenlace aún está por definirse, pero lo que ya ha cambiado es la percepción pública: el apellido que alguna vez fue sinónimo de tradición y prestigio es ahora, para muchos entrerrianos, sinónimo de fraude y vaciamiento.
