Por segunda vez se ha suspendido el juicio oral contra el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, el cual debía iniciarse este martes 26 y contaba con audiencias programadas hasta el 4 de septiembre. Este es el segundo aplazamiento, dado que el proceso había comenzado en 2024 pero fue pospuesto.
El motivo de esta nueva suspensión es significativo: existe un conflicto de recusaciones e inhibiciones que afecta a todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El juicio contra Rossi estaba programado para ser evaluado por un tribunal integrado por los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio.
El abogado defensor de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, ha planteado una cuestión relacionada con la jueza Castagno, quien lo denunció por amenazas tras un desacuerdo en una audiencia. “Le solicité a la jueza que se abstuviera de continuar con este caso hasta que se resuelva su recusación. De lo contrario, iba a tener que denunciarla ante el Jury por prevaricato agravado. Ella me denunció a mí por coacciones. En mi defensa, sostengo que una jueza que teme una denuncia revela mucho sobre su percepción de la gravedad de la situación”, explicó Reggiardo.
Además, los representantes legales de Rossi argumentan que el proceso no debería avanzar, ya que han cuestionado la pericia técnica que sustenta la acusación. Además, el perito, Beltrán Uranga, ha fallecido, lo que se suma a la controversia, según informó Entre Ríos Ahora.
El juicio se centra en la supuesta existencia de sobreprecios en una obra pública de pavimentación, en la que se encuentra imputado Rossi, quien pertenece al Partido Justicialista (PJ). Esta obra abarca 20 cuadras y data de 2014, siendo denunciada en 2016 por su concuñado y sucesor en la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
Entre 2015 y 2019, Rossi no estuvo al frente de Santa Elena, ya que fue gobernada por Moreyra. Un año después de asumir, Moreyra denunció a Rossi, a través del abogado Guillermo Mulet, alegando que durante la gestión anterior se habían realizado pagos en exceso para la mencionada obra.
En 2020, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la causa pasara a juicio oral. En su acusación, la Fiscalía sostuvo que durante la gestión de Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó más de $20 millones a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, para la pavimentación de 20 cuadras, cuando el costo máximo en el mercado se estimaba en $18 millones y el mínimo en $14 millones. Esta obra fue ejecutada en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation, o suspensión de juicio a prueba, a Néstor Juan Szczech y a Carlos Alberto Lescano, ingeniero y apoderado de L&C Construcciones, en el caso de sobreprecios por la misma obra ejecutada en 2014 durante la gestión de Rossi.
Szczech y Lescano fueron acusados de peculado y falsificación de documentos públicos como partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó su pedido de probation a principios de noviembre de 2021, decisión firmada por los jueces Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak.
Por otro lado, Rossi y sus funcionarios continúan vinculados a la causa penal. Entre ellos se encuentran María Inés Martínez (contadora municipal), Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena) y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero Rubén Clivio Benítez falleció durante la investigación.
A Rossi se le imputan delitos de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, atribuidos en calidad de autor, mientras que a otros se les imputan estos mismos delitos como partícipes necesarios. Es importante destacar que el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya ha fallecido.
