Una jueza federal ha decidido suspender temporalmente la prohibición impuesta por el Gobierno de Trump a la Universidad de Harvard, que le impedía matricular estudiantes internacionales. La jueza de distrito estadounidense Allison Burroughs dictó su fallo horas después de que la universidad, la más antigua y rica del país, presentara una demanda el pasado viernes.
Harvard argumenta que la revocación de su certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) constituye una “clara represalia” por su negativa a ceder ante las demandas políticas del Gobierno de corte ideológico.
Curiosamente, Burroughs es también la jueza que está analizando otro caso en el que Harvard cuestiona la congelación de 2.650 millones de dólares en fondos federales. En su demanda, la universidad sostiene que esta decisión infringe la ley. Según un documento proporcionado por Harvard, “es el último acto del Gobierno en clara represalia por el ejercicio del derecho que tiene Harvard, respaldado por la Primera Enmienda, de rechazar las exigencias del Gobierno sobre su gobernanza, su plan de estudios y la “ideología” de sus profesores y estudiantes”.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció que “Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y aquellos que ya están inscritos deben transferirse o perder su estatus legal”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó la suspensión de la certificación del SEVP en razón de que Harvard había rechazado entregar registros de conducta de estudiantes internacionales, tal como había solicitado el Departamento. Esta decisión tiene el potencial de afectar a más del 25% de la población estudiantil de Harvard, compuesta en su mayoría por estudiantes internacionales, cuya ansiedad y confusión han aumentado tras el anuncio. Algunos profesores advierten que un éxodo masivo podría perjudicar la calidad académica de la institución, mientras la universidad continúa luchando por mantener su autonomía ideológica.
La Casa Blanca manifestó que “matricular a estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho”, acusando a la dirección de Harvard de haber transformado “su otrora grande institución en un semillero de agitadores antiestadounidenses, antisemitas y proterroristas”, según lo explicado por la portavoz Abigail Jackson en una conversación con CNN.
Desde hace meses, Harvard y las autoridades del Gobierno de Trump se encuentran en una constante confrontación, ya que la administración exige cambios en la programación, políticas y admisiones de la universidad, con el objetivo de erradicar lo que consideran antisemitismo y las “prácticas racistas” en materia de diversidad y equidad.
Noem ha declarado que Harvard podrá recuperar su capacidad para aceptar estudiantes internacionales si en un plazo de 72 horas presenta cinco años de registros relacionados con la conducta de estos alumnos.
Harvard es una de las múltiples universidades que enfrentan demandas similares del Gobierno, convirtiéndose en la defensora más firme de la independencia académica. La universidad condenó la revocación del SEVP, calificándola de “ilegal” y reafirmando su compromiso con la educación de estudiantes internacionales, quienes provienen de más de 140 países y enriquecen a la comunidad universitaria.
El portavoz de Harvard, Jason Newton, enfatizó que esta acción de represalia podría tener consecuencias devastadoras para la comunidad de la universidad y para el país, y que socavaría la misión académica e investigadora de Harvard.
Con una comunidad académica internacional de casi 10,000 personas, Harvard reporta que 6,793 estudiantes internacionales constituyen el 27.2% de su matrícula para el año académico 2024-2025. A pesar de recibir críticas por su manejo de las protestas en torno al conflicto entre Israel y Hamas, Harvard ha adoptado ciertas medidas para abordar las preocupaciones, como renombrar su Oficina de Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia a “Comunidad y Vida en el Campus”.
El ambiente de incertidumbre ha dejado a muchos estudiantes y miembros del personal atónitos. “Las personas que soñaban con venir a Estados Unidos a estudiar ven ahora sus vidas destrozadas”, comentó Larry Summers, presidente emérito de Harvard y exsecretario del Tesoro.
Estudiantes como Jared, un neozelandés de 18 años, expresan su ansiedad al ver amenazados sus planes de iniciar la universidad, mientras que otros, como Karl Molden de Austria, sienten que sus esfuerzos por llegar a Harvard se ven empañados por la situación actual.
Los temores se extienden entre los estudiantes internacionales, quienes se sienten atrapados en medio de un conflicto más amplio entre la democracia y el autoritarismo, como señaló Molden, resaltando su preocupación de que la decisión pueda debilitar significativamente la excelencia académica de la universidad y de la educación superior estadounidense en su conjunto.
Diversas voces han expresado su condena ante esta situación. La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) en Harvard, ha declarado que este ataque inconstitucional por parte de la administración Trump representa una amenaza para la comunidad de estudiantes internacionales, a quienes consideran miembros fundamentales de la comunidad universitaria.
