El diputado de Unión por la Patria (UxP), Rodolfo Tailhade, reveló en la última reunión de la comisión encargada de definir los gastos y el uso de fondos que alrededor de 400 autos, destinados a tribunales para el servicio público, terminan en manos de jueces de Comodoro Py. Según una acordada de la Corte Suprema, estos magistrados utilizan vehículos incautados “por razones de mejor servicio de justicia”. No obstante, esta práctica genera multas millonarias y gastos en combustible que son cubiertos por los contribuyentes, y se mencionó a un juez con antecedentes en Entre Ríos.
Un artículo de Página 12 expuso que, durante un reciente debate en la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura, se evidenció que un grupo de jueces federales utiliza lujosos autos secuestrados en causas de narcotráfico y delincuencia organizada, asignados por la Corte Suprema bajo el mismo lema de “mejor servicio de justicia”. Esta situación ha resultado en la acumulación de multas incluso en feriados y ha generado gastos exorbitantes, que terminan siendo pagados por el Consejo con fondos públicos.
Entre los jueces mencionados en el informe de Tailhade figura Juan Carlos Gemignani, originario de Santa Fe, quien ha tenido un recorrido notable en la justicia Federal de Paraná y actualmente ocupa el cargo de juez en la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, puesto al que accedió el 16 de diciembre de 2011. Según se detalla, Gemignani recibió el mismo día que otro magistrado, Borinsky, un Chevrolet Cruze relacionado con una causa por asociación ilícita y actualmente enfrenta dos multas pendientes de pago.
Se detalla que Gemignani fue uno de los beneficiados por el reciente desinterés en la reunión de Disciplina, donde se debía abordar un expediente en su contra por violencia de género. Este no es el primer cargo de esta naturaleza que enfrenta, acumulando ya tres imputaciones que, de prosperar, lo podrían llevar al borde de la destitución.
Los antecedentes de Gemignani en el Consejo de la Magistratura indican que desde el 4 de octubre de 1985, ha estado matriculado en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos en la fiscalía y la defensa pública, y ha sido apoderado de varios ministerios del Estado argentino.
El informe señala que el auto de lujo de otro juez de la Cámara Federal de Casación Penal ha acumulado multas cercanas a 11 millones de pesos, incluyendo infracciones en feriados, mientras que otro juez ha acumulado cerca de 8 millones en multas por exceso de velocidad. Un miembro de la Cámara también ha solicitado compensaciones por 1.6 millones de pesos en combustible, destacando que el Consejo de la Magistratura considera inadecuadas estas demandas, aunque ha hecho excepciones.
Según la acordada de la Corte de 2018, este sistema de asignación de bienes secuestrados tenía como objetivo que toda la sociedad se beneficiara de estos recursos a través de su uso para fines públicos. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los vehículos terminan en tribunales. Tailhade enfatizó que los últimos autos de lujo están siendo asignados a jueces de Comodoro Py.
En tono jocoso, se mencionó en los despachos del Consejo de la Magistratura que se especulaba sobre qué jueces quisieran obtener los lujosos autos de la flota confiscada a Jorge Castillo, conocido como El Rey de la Salada.
En la última reunión de la Comisión de Administración, se debatía la licitación de seguros para estos vehículos, con una tendencia a elegir opciones costosas y a todo riesgo. Tailhade expresó su oposición a la licitación, argumentando la falta de transparencia en la gestión de estos autos, cuestionando también la necesidad de ciertos vehículos y el uso que se les da. Exigió claridad sobre por qué los tribunales necesitan automóviles costosos cuando la mayoría de sus actividades se pueden realizar sin ellos.
César Grau, representante del estamento de abogados, intervino para mencionar que en provincias como Santa Fe y Buenos Aires, los jueces suelen hacerse cargo de los gastos de los vehículos oficiales. Por otro lado, Sebastián Amerio, del Ministerio de Justicia, propuso un relevamiento para determinar quiénes y para qué utilizan los autos. Aunque hubo objeciones sobre el tipo de seguro utilizado, se aprobó la licitación, aunque solo se presentó un único oferente.
El 15 de abril, Tailhade compartió un video en el que detallaba sobre los autos asignados a jueces federales, observando que muchos de ellos son vehículos lujosos confiscados en causas contra narcotraficantes, al mismo tiempo que cuatro de estos magistrados dictaron los últimos fallos en casos contra Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo el caso Vialidad.
A pesar de que el video hizo público el uso inadecuado de estos autos, los magistrados continuaron acumulando multas que serán cubiertas con fondos públicos.
El caso de Barroetaveña es emblemático: este juez recibió el 3 de mayo de 2024 una camioneta Jeep Compass que pertenecía a un narcotraficante. Ha acumulado 81 multas en solo ocho meses, incluyendo infracciones en feriados. Su papel en la reciente falta de quórum en la Comisión de Disciplina también ha suscitado preocupaciones, especialmente en relación a casos delicados.
Por su parte, Borinsky fue asignado una camioneta que también había sido confiscada a un narcotraficante y ha acumulado numerosas infracciones. Similarmente, otros jueces han recibido vehículos de lujo con multas pendientes.
La creación del sistema para asignar autos decomisados se apoya en la premisa de que estos bienes deben ser vendidos una vez finalizada la causa; sin embargo, en la práctica, esto no sucede con frecuencia. La Corte también establece que la asignación de estos bienes debe beneficiar a la sociedad, pero en la realidad, los autos terminan mayoritariamente en manos de jueces.
Se implementará una “comisión judicial” para supervisar la correcta asignación y uso de estos autos, aunque varios magistrados, involucrados en decisiones controvertidas, también han recibido vehículos de lujo.
Finalmente, se ha reportado que algunos jueces, como Pablo Bertuzzi, presentan sistemáticamente reclamaciones para cubrir gastos de los automóviles que utilizan, señalando una clara discrepancia entre su estilo de vida y las realidades económicas del país.
Fuente: APF Digital.
