Después de 14 años de espera, se ha conformado el juzgado federal de primera instancia en Puerto Iguazú, Misiones. Esta región, uno de los focos del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en el Cono Sur, carecía de un tribunal de este tipo. Aunque la creación del juzgado data de una ley de 2011, su puesta en funcionamiento por parte de la Corte Suprema se realizó hace unos días. El nuevo magistrado, Marcelo Cardozo, quien fue juez de Instrucción en Posadas, recibió su confirmación a través del decreto 643/23 el 28 de noviembre de 2023, una semana antes del final del mandato de Alberto Fernández.
En una medida sin precedentes en las últimas tres décadas, la Cámara de Misiones indicó que otros jueces federales deben transferirle los casos que están en curso en su jurisdicción. Esto podría generar cuestionamientos sobre la validez del juez natural, aunque el principal problema radica en las múltiples acusaciones que pesan sobre Cardozo, que incluyen narcotráfico, venta ilegal de divisas, lavado de dinero y coimas, entre otros delitos.
El diario La Nación entrevistó a tres presuntas víctimas y denunciantes que aportaron documentos a la Justicia y pruebas en su contra. Otros, que prefirieron mantener su identidad en el anonimato, relataron situaciones similares relacionadas con causas que tramitaron en su anterior juzgado. El medio intentó comunicarse con Cardozo, pero no obtuvo respuesta.
Entre sus denunciantes se encuentran dos primas hermanas. Vanesa Giselle Aguirre trabajó en su juzgado desde febrero de 2024 y asegura haber tenido “conocimiento directo de prácticas de corrupción judicial”. Ella afirma haber sido testigo de “libertades otorgadas a cambio de dinero en efectivo”, así como del “encubrimiento de homicidios” y “pagos de coimas por parte de la policía”. Además, asegura haber visto “fajos de billetes ingresar a oficinas judiciales”. Su prima, Florencia Aguirre, quien se ha convertido en influencer al intentar exponer abusos en la provincia, también trabajó con Cardozo y afirmó que hay “expedientes que demuestran cómo Cardozo otorgó libertad a asesinos a cambio de dinero, lo que resultó en la muerte de los únicos testigos”.
Las denuncias también reflejan un patrón de abuso de poder sexual en el juzgado de Cardozo. Florencia denunció ante la Oficina Anticorrupción la “venta ilegal de dólares” que se habría llevado a cabo por parte del nuevo juez.
Un caso particular relacionado con Cardozo involucra a Adrián Borda, acusado del asesinato de la maestra Lucía Maidana en 2013. Florencia Aguirre sostiene que “Borda le pagó 30 mil dólares a Cardozo en mayo” para obtener su liberación y que de esos fondos, Cardozo le dio a ella $100.000. Además, menciona que en julio, Walter Velázquez, apodado “el Chinito”, el único testigo del asesinato, “se ‘suicidó’” en circunstancias sospechosas.
Otro denunciador, José Alegre Da Silva, ha responsabilizado a Cardozo en relación con narcotráfico y usurpación de tierras. José, propietario de cinco hectáreas en el barrio Punta Alta de Garupá, que limita con Paraguay, mostró fotos de vehículos judiciales en su propiedad, sugiriendo que se pretendía usarla para pasar “porquerías” hacia el país vecino. Da Silva señala que Cardozo ordenó un desalojo masivo en 2022, lo que destruyó sus casas. A pesar de haber sido sobreseído en una causa anterior por usurpación de su terreno y haber recibido la restitución de su propiedad, Cardozo mantuvo una medida cautelar por cuatro años que le impedía tomar posesión, permitiendo que una “mafia” avanzara. Además, poco antes del desalojo, su nieta fue secuestrada; en ese momento, una persona asociada a Cardozo, Héctor González, le ofreció $2 millones por la propiedad.
Florencia Aguirre y su hermana Vanesa sufrieron un allanamiento en noviembre de 2024 que, según afirman, se realizó sin orden judicial. Según contaron en los tribunales de Comodoro Py, Cardozo se acercó a Vanesa y le advirtió: “Sabía lo que estaba pasando, háblale a tu hermana para que deje de hacer videos sobre lo que ocurre en Misiones, porque las consecuencias pueden ser peores”.
Florencia, por su parte, ha tenido que interponer un hábeas corpus preventivo fuera de Misiones (actualmente reside en Corrientes) por el temor a ser detenida o agredida al regresar, solicitando que su caso no sea remitido a Misiones debido a “la corrupción existente” y el vínculo de Cardozo con el fuero federal. Su expediente se tramita en la Ciudad de Buenos Aires.
Da Silva también ha denunciado que su aboga do fue contactado por un juez amigo de Cardozo, quien le sugirió que firmara “la mitad de la propiedad para que lo dejen en paz”. José asegura haber sido víctima de violencia extrema, incluyendo la muerte de sus animales y agresiones físicas, de las cuales tiene fotografías que demuestran las lesiones en su cabeza y cara.
