El proceso para elegir al próximo Defensor o Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra en una etapa crucial. El Congreso de la Nación ha determinado que el examen escrito de oposición se llevará a cabo el próximo viernes 1° de agosto, dando inicio a la fase final de evaluación.
Este paso no solo es significativo a nivel institucional, sino que también posee un fuerte componente federal. Entre Ríos juega un papel fundamental a través de Pablo Barbirotto, juez Penal de Niños y Adolescentes de la provincia, quien representa al interior del país en el Consejo Asesor Técnico creado por la Comisión Bicameral del Congreso. Esta comisión se encarga de diseñar los contenidos del examen, definir criterios y supervisar técnicamente todo el proceso.
El cargo está regulado por la Ley 26.061, que exige experiencia en derechos de infancia. Además del examen del 1 de agosto, el concurso incluye otros pasos fundamentales, tales como la evaluación de antecedentes personales y profesionales, una audiencia pública en la que se expondrá el plan de trabajo, y la selección de una terna que será sometida a votación final en el Congreso, prevista para septiembre.
La Defensoría actúa como un organismo autónomo con poder judicial y vinculación con políticas públicas. En sus últimos años, ha recibido más de 2.600 consultas y ha promovido acciones en áreas como la violencia institucional, la salud, el acceso al agua potable, la conectividad y los abusos sexuales.
En cuanto a la controversia en la Comisión Bicameral, el proceso de selección ha estado marcado por tensiones. Según el diario El Litoral, surgieron desacuerdos en la Comisión debido a los perfiles de los postulantes y al papel de algunas organizaciones que intentaron influir en la conformación del Consejo Asesor. Legisladores como Natalia Sarapura, presidenta de la Comisión, Mariana Zuvic y Marisa Uceda, junto a referentes sociales, mantuvieron debates sobre la transparencia y la orientación política del proceso.
Mientras tanto, organizaciones como ACIJ, Infancia en Deuda, CIPPEC, OMEP y UNICEF han solicitado máxima transparencia en cuanto a puntajes y antecedentes. La participación de Barbirotto, como único representante del interior, busca contrarrestar esa tensión centralista y aportar una perspectiva federal y técnica.
Fuente: Informe Digital
