La tensión que durante años enfrentó a la Casa Rosada y alos gobernadores por los sistemas previsionales provinciales no transferidosterminó zanjándose, porque finalmente la Anses solo financiará el déficit queesas cajas tendrían si estuvieran en sus manos. Así, deja de exigir quehomologuen los régimenes jubilatorios locales al nacional. Claro que ladecisión de mantener parámetros especiales -como una edad de retiro más baja ocuestiones hereditarias- tienen un impacto económico y financiero del que deben hacerse cargo los tesoros provinciales.
Esos beneficios terminan pagadospor los contribuyentes. La decisión del Poder Ejecutivo -propuesta e incluidaen un proyecto de ley aprobado por el Congreso- de avanzar el año próximo enuna reforma estructural del régimen jubilatorio nacional no se cumplirá. Haceunos días, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica , afirmó que”no está en los planes del Gobierno tratar una reforma previsional el añoque viene” y aclaró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional(FMI) “no pone fechas ni establece compromisos”.
En el acuerdo con elFMI, el Gobierno se compromete a iniciar “reformas de superiorcalidad” y plantea “comenzar a examinar una tan necesitada reformadel sistema de pensiones”. Hasta el año pasado la Casa Rosada esperabaque, en paralelo, las provincias armonizaran sus sistemas, es decir, queequipararan las condiciones a las del esquema nacional. Discusiones mediante,quedaron “desenganchadas” de esta última condición. La Anses girarálos recursos que, según estima, tendría que dedicar si esas cajas estuvierantransferidas.
Esa proyección se hace en base a documentación que debían girarlas provincias. La información no se envió en todos los casos a igual velocidadni con igual nivel de detalle. Desde el inicio de este año y hasta el miércolespasado se repartieron $11.407 millones para las cajas previsionales, segúndatos oficiales de Anses. Para 2019 se provisionaron $25.000 millones, arepartir entre Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos,Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego,que son los distritos que conservan sus sistemas.
El abogado previsionalistaFederico Despoulis Netri dice que hace tiempo que se busca una unificación,para que “todo el país tenga un solo régimen jubilatorio”, peroadvierte que es una trasformación complicada. “En las cajas provincialeshay menos juicios de los beneficiarios, porque las diferencias de ingresos conlos trabajadores activos es menor que la nacional; cuando se tienen beneficiosespeciales hay reticencia a avanzar”, explica. El abogado entiende que sila Nación insiste en una homologación de los regímenes es ya por una cuestiónpolítica y no económica, dado que cambió el mecanismo de transferencias.
“Cada provincia debe resolver los aspectos más controvertidos; hay quetener en cuenta que algunas tienen características especiales y que debencontemplarse”, evalúa.
Para Jorge Colina, economista de Idesa, se tienen que modificar losregímenes provinciales para “emprolijar” los parámetros, más allá deque la Nación ahora financia un proporcional del déficit. “A la diferencia[del déficit] la termina poniendo el tesoro provincial; no es gratis que losrégimenes sean gravosos y el dinero que se destina a ese rojo se recorta aprestaciones como salud o educación”, advierte el economista.
En laArgentina hay, además del régimen nacional, seis especiales, seis de retiro, 84cajas profesionales provinciales, 13 de empleo público provincial, 29municipales, dos de empleados bancarios y unas 20 cajas complementarias. Esadispersión se traduce en desigualdad de trato; en un mismo territorio conviventrabajadores que muchas veces tienen edades jubilatorias que se diferencianhasta en 20 años. Pese a los años de reclamos de “armonización” muypocas de las provincias que mantienen sus sistemas avanzaron en concretarreformas.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidalamagó con modificaciones, pero terminó bajando el tema de la agenda; proyectaballevar a 60 años la edad de jubilación de las mujeres y a 65 la de los varones,y exigir 35 años de servicios (para los docentes, la exigencia era de 60 y 57años de edad y de 25 años con aportes). La suba de la edad se planteaba demanera escalonada. Santa Cruz mantiene la edad de 50 para las mujeres y 55 paralos hombres, con 25 años de aportes; Entre Ríos es otro de los distritos conmenor exigencia de edad para acceder a la jubilación (45 años) y con menordensidad de aportes (20 años), además, las pensiones son hereditarias. Tierradel Fuego aprobó a fines de 2017 una reforma que incluyó que el cálculo delhaber es del 82% con la condición de que haya 25 años de aportes (por cada unoque falte se detrae un 3%); la mujer se retira a los 51 años con 26 de servicioy el hombre a los 56, con 30 de servicios. En La Pampa, el gobernador CarlosVerna rechazó introducir cambios.
“No hay que interpretar que todos en unaprovincia tienen beneficios especiales; los regímenes especiales cubren solo alos estatales”, aclara Despoulis Netri.
El gobernador neuquino OmarGutiérrez ratificó por su parte que no avanzará más en la armonización; laprovincia equiparó su sistema al nacional en dos aspectos: la exigencia de 30años de servicio para acceder a la jubilación y el porcentaje de aportes ycontribuciones al sistema (31% entre personales y patronales). Las edades deretiro son de 60 años (varones) y 55 (mujeres). La Caja de Chubut empezó aregistrar déficit en 2017 y la tendencia es a que se agudice; en este caso laedad de retiro es de 58 años (mujeres) y 62 (varones). Córdoba y Santa Fe sondistritos con parámetros similares a los nacionales.
Un factor clave que incide es la diferencia entre altas y bajas debeneficiarios. Por caso, en el sistema de Córdoba, para 2019 se proyectan 6469nuevas jubilaciones contra 3830 bajas; este año los números son similares.”No es un esquema sostenible, lleva al precipicio”, grafica elministro de Finanzas, Osvaldo Giordano. Daniel Elías, ex presidente del ConsejoFederal de Previsión Social y titular de la Caja de Entre Ríos, señala que losregímenes provinciales necesitan una “revisión” que les permita”garantizar suficiencia y sostenibilidad” de sus beneficios, sobre labase de “otorgar prestaciones que estén relacionadas con lossalarios”.
Colina subraya que los cambios más urgentes pasan poractualizar la regla de pensiones (la doble cobertura previsional insume, anivel nacional, $120.000 millones anuales); aumentar la edad para regímenesespeciales y rever el cálculo del haber inicial, que hoy queda”licuado” para salarios muy altos.
