La ley de inocencia fiscal establece un marco con límites definidos y no funciona como un blanqueo tradicional. Según explicó Juan Pazo, exdirector de ARCA, la iniciativa busca que las personas puedan usar su dinero sin temor a sanciones, siempre que adhieran al régimen simplificado de Ganancias. El esquema se dirige a quienes intentaron resguardar sus ahorros en un contexto de inflación y restricciones, y rechaza la idea de que la norma favorezca a evasores. En ese sentido, Pazo afirmó que esas críticas son “hipócritas” y señaló que el llamado “riesgo kuka” fue uno de los factores que durante años desalentó el ingreso de esos fondos al sistema formal.
En diálogo con Radio Mitre, Pazo contó que la idea de la ley de inocencia fiscal nació del trabajo conjunto de un equipo integrado por él —en su entonces rol de titular de ARCA—, María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Nación, Luis Caputo, ministro de Economía, y Silvina Rivarola, directora del Banco Central. Detalló que el objetivo fue diseñar una reforma integral para simplificar el sistema tributario, proteger el ahorro y restablecer un principio básico: que el dinero de las personas pueda utilizarse sin presunciones automáticas de culpabilidad por parte del Estado. Las claves de la ley aprobada el viernes por el Senado pueden resumirse en un decálogo de sus principales aspectos.
Una ley con límites, distinta de un blanqueo
“Lo que intentamos fue generar una reparación histórica del ahorro de los argentinos”, señaló Pazo. En ese sentido, subrayó que la ley está lejos de ser un blanqueo tradicional. “El principio de ley de inocencia fiscal tiene límites. Si uno supera los mil millones de pesos de ingresos anuales, si tiene más de diez mil millones de pesos de patrimonio o si es un gran contribuyente nacional, no puede acceder a los beneficios del régimen simplificado de Ganancias”, explicó. Esa restricción, afirmó, marca una diferencia central con los esquemas de blanqueo anteriores, que no fijaban umbrales de este tipo.
Un eje de la norma es permitir que quienes poseen ahorros no declarados puedan disponer de ellos libremente, siempre que se mantengan dentro de los parámetros establecidos y adhieran al régimen simplificado. “Si no superás los umbrales, podés disponer de tu ahorro como te parezca. Podés ir y depositarlo a un banco, podés comprarte una propiedad previa bancarización y tenés facultades para disponer del mismo”, explicó el exfuncionario. El primer paso, insistió, es la adhesión al régimen simplificado de Ganancias, que reemplaza a un sistema que consideró excesivamente complejo.
Pazo detalló que hasta ahora cualquier persona que debía declarar Ganancias estaba obligada a presentar una declaración jurada similar a la de un gran contribuyente, con facturación, gastos deducibles, consumos personales y variaciones patrimoniales. Con el nuevo esquema, una vez cerrado el período fiscal, el sistema de ARCA predetermina el impuesto a pagar con la información disponible, sin analizar consumos personales ni incrementos patrimoniales. “El ciudadano podrá revisar y editar la información presentada por ARCA, y una vez que la conforma, paga y queda blindado”, afirmó.
Qué se puede hacer con los “dólares del colchón”
Consultado sobre casos concretos, Pazo aseguró que una persona puede depositar incluso un millón de dólares no declarados, siempre que esté dentro de los límites establecidos. “No tenés ningún tipo de restricción. Si el banco te lo solicita, le vas a tener que mostrar que te presentaste en el régimen simplificado de Ganancias”, explicó. En esos casos, el único impuesto que podría corresponder es Bienes Personales, si se supera el umbral. “No se paga ninguna alícuota por ingresar ese dinero”, remarcó, y agregó que más de 18 provincias ya adhirieron al régimen, lo que impide que los fiscos provinciales impongan cargos adicionales.
Por debajo del mínimo de Bienes Personales —que estimó en torno a los 200.000 dólares—, el ingreso de fondos no genera pago adicional. “Abajo del umbral de Bienes Personales no vas a pagar nada”, dijo. Además, destacó que el nuevo esquema elimina el control sobre los consumos. “No se van a mirar los consumos, con lo cual uno va a poder consumir sin tener que pasar por ese sistema que te pedía justificar todo”, sostuvo.
Para Pazo, la ley responde a una situación estructural de la economía argentina. “Durante décadas hubo una combinación de un sistema impositivo asfixiante, control de cambios e inflación alta que empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión”, afirmó. En ese marco, recordó que el empleo formal no creció durante más de catorce años y que cerca de la mitad de la economía quedó en la informalidad. “Alguien que compraba más de 200 dólares por mes era tratado como un delincuente”, señaló.
Desde su punto de vista, muchas de las personas hoy señaladas como evasoras ya habían pagado impuestos, pero buscaron proteger sus ahorros frente a la pérdida de valor del peso. “La gente genuinamente protegió su ahorro de las manos del Estado. Hay que darle la posibilidad de volver a ingresar esos fondos al sistema”, sostuvo. En esa línea defendió la norma frente a las críticas: “Creo que es bastante hipócrita esa crítica, porque mientras tanto los corruptos, los narcotraficantes y muchos contribuyentes que no podían justificar nada hicieron lo que quisieron”.
Blindaje, prescripción y seguridad jurídica
Pazo reiteró que la ley no está pensada para un segmento particular. “No hay nada más democrático que esta ley, porque le permite a todos los que ahorraron genuinamente e intentaron proteger su ahorro, volcarlo al sistema”, afirmó. Como ejemplo, mencionó a pequeños y medianos empresarios que no podían realizar aportes de capital ni comprar maquinaria porque no podían justificar los fondos, y que ahora podrán hacerlo sin enfrentar sanciones retroactivas.
Otro punto relevante es la modificación de los plazos de prescripción y del régimen penal tributario: los plazos pasan de cinco más uno a tres más uno. “Es un cambio muy importante, porque te quita la persecución de encima y te genera muchísima más seguridad jurídica”, afirmó, sobre todo en un país con frecuentes cambios de signo político.
La ley también incorpora un esquema de blindaje para quienes adhieran al régimen y paguen lo que corresponda. “Si vos adheriste al régimen simplificado de Ganancias y ya pagaste, está blindado”, explicó. En ese sentido indicó que ARCA predetermina el impuesto, el contribuyente lo acepta y lo paga, y ese proceso queda protegido frente a eventuales cambios futuros.
Finalmente, Pazo sostuvo que el objetivo de fondo es generar confianza para que esos fondos ingresen al circuito formal y se vuelquen a la actividad económica. “Hay que darle tranquilidad a la gente para que pueda exteriorizar su patrimonio, depositarlo en un banco, generarle renta o ponerlo a producir”, afirmó. Según concluyó, durante años el riesgo kuka y la incertidumbre política desalentaron esa decisión. “Ahora hay un blindaje y una ley aprobada por una mayoría amplísima del Congreso. Las condiciones están dadas para aprovechar esta oportunidad”, cerró.
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