Domingo, 25 de enero de 2026   |   Nacionales

José Luis Cabezas: la democracia argentina y su umbral de tolerancia ante la violencia contra la prensa

El asesinato del fotógrafo de “Noticias” no fue un exceso criminal, sino un acto cuidadosamente diseñado para producir un efecto político. En una Argentina donde el poder no estaba ausente sino fragmentado, la violencia funcionó como un mecanismo de orden y disciplina. El crimen buscó establecer un límite a lo visible y advertir hasta dónde podía llegar el periodismo cuando decidía mostrar lo que ciertos actores necesitaban mantener en la sombra.
José Luis Cabezas: la democracia argentina y su umbral de tolerancia ante la violencia contra la prensa

El crimen de José Luis Cabezas no requiere adjetivos morales para dar cuenta de su gravedad. Lo que lo hace decisivo es su función política. No fue una reacción pasional ni una venganza desbocada: fue una operación racional de poder. Se planificó, se ejecutó y se escenificó con la intención de producir un efecto duradero. Y lo consiguió.

En la Argentina de mediados de los 90, el problema no era la debilidad del Estado, sino su fragmentación. El poder no faltaba: estaba distribuido en capas que no se fiscalizaban entre sí. La política formal discutía sucesiones; la policía administraba territorios; el poder económico actuaba sin exponerse públicamente. Ese desacople no produce caos: produce procedimientos. El asesinato de Cabezas constituye uno de ellos.

El periodismo de investigación quedó atrapado en ese cruce. Al dejar de narrar y pasar a mostrar, se volvió disruptivo. La fotografía no fue un complemento de la pesquisa: fue el acto que rompió el acuerdo tácito de anonimato que protegía a determinados actores. Desde entonces, la cuestión dejó de ser qué se había publicado y se convirtió en quién autorizó esa mirada.

La violencia no se dirigió solamente al fotógrafo. Buscó redefinir el perímetro de lo visible. El cuerpo quemado funcionó como un límite material: hasta aquí se puede llegar. No hacía falta multiplicar las víctimas; bastaba con una escena cuidadosamente construida. El mensaje no pedía interpretación: exigía obediencia.

El error que vino después fue interpretar el crimen como una anomalía corregible. Llevar a juicio a los ejecutores no desarmó la lógica que lo hizo posible. Porque el problema no fue un conjunto de individuos, sino una forma de funcionamiento en la que el control democrático resulta tolerable solo mientras no moleste a los poderes que operan fuera del escrutinio.

Por eso el caso no envejece. No porque falte justicia, sino porque el mecanismo sigue operativo y disponible. Cada vez que investigar se convierte en riesgo y no en regla, el sistema vuelve a exhibir su verdadero umbral de tolerancia. Cabezas no es pasado: es una prueba permanente sobre hasta dónde una democracia está dispuesta a mirar.

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