El Gobierno completó la primera mitad de su gestión con la decisión de volver al mercado internacional de deuda bajo legislación local, lo que limitó la presencia de inversores institucionales extranjeros; además redujo nuevamente las retenciones al agro y presentó en el Congreso la primera etapa de reformas estructurales para su tratamiento durante sesiones extraordinarias en lo que resta de diciembre.
Con ese escenario, Infobae entrevistó a Jorge Vasconcelos, economista e investigador del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, quien no solo sigue atentamente los indicadores de la macro y la microeconomía del país, sino también la evolución de los principales socios comerciales, en particular del Mercosur, para ofrecer su lectura de la coyuntura, un balance de dos años del gobierno de Javier Milei y las expectativas para el año próximo.
— ¿Cuál es su balance sobre los primeros dos años de gestión económica del gobierno de Javier Milei?
— Objetivamente, el balance puede resumirse señalando que, en la segunda mitad del mandato presidencial, la agenda económica está pasando a depender fundamentalmente de las decisiones del propio gobierno. Eso marca una diferencia notable con las dos administraciones previas, que tuvieron que adoptar medidas impuestas por las circunstancias para evitar “males mayores”.
El oficialismo obtuvo buenos resultados en las legislativas de octubre sin recurrir a variantes del llamado “plan platita”, por lo que la segunda parte del mandato comienza sin algunos de los apremios que enfrentaron Alberto Fernández a fines de 2021 y Mauricio Macri a fines de 2017. Incluso con esas ventajas, la ambición de sostener un crecimiento prolongado implica una enorme responsabilidad.
Es pertinente citar a Rudiger Dornbusch: “el aspecto más difícil de la estabilización es la transición hacia el crecimiento”. Es una frase relevante aun cuando, según las mediciones de la UTDT, la confianza en el gobierno se sitúe hoy en niveles muy confortables.
Si uno imagina el ambiente preelectoral de mediados de 2027 surgen de inmediato dos cuestiones críticas: al Gobierno no le conviene llegar a esa instancia con reservas netas negativas, por lo que debe remontar un rojo del orden de USD 15.000 millones; y el empleo privado formal, que cayó 2,8% en los últimos dos años, ya que los sectores más dinámicos no lograron compensar la débil performance de la industria, la construcción y el comercio.
“Al Gobierno no le conviene llegar a la previa de las elecciones de 2027 con reservas netas negativas, y sin revertir dos años de caída” del empleo privado formal”, que ha caído 2,8% en los últimos dos años”
Para revertir la tendencia del empleo y, al mismo tiempo, acumular reservas a buen ritmo, no bastan solo la reforma laboral y la tributaria. Por eso seguimos considerando el actual esquema monetario-cambiario como una etapa de transición.
— ¿Cuáles serían los aspectos más complejos de esa transición hacia un crecimiento sostenido?
— En primer lugar, la base sobre la cual se sustenta la coyuntura actual. El Gobierno triunfó en las legislativas, pero todo indica que ese resultado estuvo condicionado por el recuerdo aún reciente de la mala gestión del gobierno saliente en 2023 y por el auxilio financiero decidido por el Tesoro de Estados Unidos, sin el cual las condiciones financieras al momento del voto habrían sido menos favorables para el oficialismo.
Desde lo económico, convivimos con una inflación mensual todavía superior al 2% y la Inversión Extranjera Directa registró en los últimos doce meses un flujo negativo cercano a los USD 2.000 millones, dato que no puede desvincularse de las restricciones cambiarias que subsisten para las personas jurídicas.
Quienes evalúan proyectos de inversión en la Argentina se enfrentan a un trade-off complejo: ¿qué sucede si el Gobierno mantiene la “ancla cambiaria” por demasiado tiempo con el objetivo de converger a una inflación internacional? En principio, ese rumbo no sería compatible con el levantamiento del cepo para personas jurídicas, una medida que resultaría más coherente con un tipo de cambio flotante.
Pulseada de ideas
En el fondo de esta “pulseada de ideas” está el ritmo —más lento o más rápido— al que se puedan acumular las reservas internacionales. Es legítimo que el Gobierno aspire a liderar entre los planes de estabilización exitosos por el menor tiempo en alcanzar una inflación de un dígito. Países como Perú e Israel demoraron entre siete y ocho años en lograrlo, pero lo hicieron privilegiando también el “equilibrio general” a medida que surgían dificultades.
“Complica la evaluación de proyectos vinculados al mercado interno, porque con tipo de cambio “cuasi-fijo”, los eventuales choques externos ven amplificado su impacto en el ciclo económico local”
Este tipo de interrogantes puede postergar inversiones orientadas a las exportaciones por la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio real. Al mismo tiempo, dificulta la evaluación de proyectos destinados al mercado interno, porque con un tipo de cambio “cuasi-fijo” los choques externos tienden a amplificar su efecto en el ciclo local.
Si el tipo de cambio no se ajusta para absorber esos shocks, la tasa de interés será más volátil y el costo del crédito subirá más de lo que lo haría en un régimen de flotación. Con el esquema monetario-cambiario de transición vigente, no se puede descartar que en algún momento —como ocurrió en febrero/marzo de este año— reaparezcan expectativas de devaluación que, si se consolidan, sitúen a la macro en un cuadrante incómodo: tasas en alza y freno en la remonetización de la economía.
Pero no solo importan el tipo de cambio y la tasa de interés. En el empalme de la estabilidad al crecimiento juegan también un papel clave el ritmo y las condiciones de una mayor inserción externa del país.
Estamos empezando a desprendernos del estigma de una economía cerrada, con la oportunidad —y el desafío— que implican posibles acuerdos comerciales con Estados Unidos y con la Unión Europea (este último a través del Mercosur). Eso obliga a acelerar la reconversión de las empresas para afrontar un contexto más competitivo.
Reformas de calado se vuelven urgentes, como la modernización laboral y la eliminación rápida de regulaciones e impuestos distorsivos que dependen de la Nación, las Provincias y los Municipios.
“Reformas importantes pasan a ser también urgentes”
Brasil, pese a la presión fiscal derivada del aumento del gasto y la deuda pública, ya hizo la reforma laboral ocho años atrás y comienza a implementar un “super IVA” que unifica impuestos más distorsivos. Para empalmar estabilidad con crecimiento, Argentina necesita recuperar terreno perdido en esta dimensión.
— ¿Hubo aspectos de la gestión que le generaron sorpresa o decepción?
— Recuerdo que a principios de marzo de 2024, con poco más de dos meses de gestión del nuevo gobierno, publiqué en el sitio del Ieral un artículo titulado “El poder disciplinador de la caja”, donde destacaba el impacto del ajuste fiscal sobre las expectativas, un factor clave para explicar por qué la recesión quedó concentrada en el primer semestre. En el segundo semestre el crédito comenzó a recuperarse y las exportaciones traccionaron (el clima ayudó con la cosecha).
La “motosierra” incluyó, al menos, un par de excepciones, como la AUH y la segmentación en el recorte de subsidios. El esquema inicial se apoyó en “anclas múltiples”, al estilo de Israel en 1985, y la incertidumbre era si la “política de ingresos” permitiría ajustes salariales compatibles con la desinflación.
Sabíamos que, por el nivel inicial de la inflación, no hacían falta “desagios” como los del Plan Austral, pero había que comprobar en la práctica la convergencia entre salarios e inflación. Contrario a la tradición argentina del “poder sindical” y a la memoria de las pulseadas entre Alfonsín y Ubaldini, esa pieza del programa se mostró sólida, lo que puede considerarse una sorpresa. Evidentemente, la Argentina actual es muy distinta a la del pasado.
— La política cambiaria y el ritmo de eliminación de restricciones permitieron al equipo económico reducir la inflación, bajar la deuda pública y fortalecer la posición del Banco Central. Frente a los reclamos por una liberalización completa y la acumulación de reservas, ¿cuál es su postura?
— Existen dos interpretaciones posibles sobre el timing de la política económica:
- O se trata de un período de transición, para empalmar en el segundo trimestre de 2026 con un programa que elimine las restricciones al movimiento de capitales de personas jurídicas y redefina la política monetaria y cambiaria.
- O el Gobierno busca testear los instrumentos actuales para evaluar su desempeño en inflación, reservas, expectativas de devaluación y balance de pagos, y extender la experiencia por varios trimestres. La fuerte apuesta por aprovechar los “dólares del colchón” mediante la “inocencia fiscal” encaja en este escenario.
Si se trata de una transición acotada, tiene sentido que en el “mientras tanto” se avance en despejar vencimientos de deuda externa y en estirar los de deuda doméstica, que son significativos.
Con tenedores privados, los vencimientos de deuda doméstica representan el 6% del PBI entre diciembre y marzo, por lo que el gobierno podría aspirar a acomodar el perfil de esos pagos manteniendo el cepo a personas jurídicas como paso previo a un régimen monetario-cambiario permanente.
En lo que respecta a la deuda externa, junto con el reciente lanzamiento del Bonar 2029, es posible que el Gobierno busque que el Congreso incluya en el Presupuesto 2026 cláusulas que le den mayor flexibilidad para encarar un canje voluntario de deuda frente a los vencimientos del próximo año de bonos bajo ley extranjera. Podría ofrecer como incentivo una fracción del swap vigente con el Tesoro de Estados Unidos.
En cualquier caso, resulta conveniente acelerar la definición del perfil que tendrá el régimen monetario-cambiario permanente una vez concluido este periodo transitorio.
“Parece conveniente acelerar los pasos en la definición del perfil que habrá de tener el régimen monetario-cambiario permanente”
Es clave para garantizar la recuperación de reservas manteniendo un “buen equilibrio” entre tipo de cambio y tasas de interés.
— ¿Considera que la industria no agropecuaria deberá transformarse para adaptarse a la apertura promovida por el Gobierno, o es necesario mantener cierto grado de protección para preservar empleos y asegurar el acceso de la población a productos más económicos y de menor calidad?
— La industria manufacturera debe ganar competitividad en cualquier escenario. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) cayeron a cerca del 0,16% del total mundial, desde un 0,25% previo y posterior a la crisis de la convertibilidad. Pero esa reconversión exige condiciones adecuadas.
Recientemente un ejecutivo de la principal exportadora automotriz del país señaló que sus unidades exportadas tienen un sobreprecio del 12% al 13% por impuestos distorsivos —nacionales, provinciales y municipales— que no pueden recuperarse en la Aduana como sí ocurre con el IVA.
Estudios sectoriales indican que la carga impositiva (excluido el IVA) en cadenas comparables duplica en Argentina los niveles de Brasil y México (30% versus 15%, aproximadamente). Ese lastre para la competitividad no solo dificulta las exportaciones, sino que deja a muchos productos locales en desventaja frente a las importaciones.
Esos datos refuerzan la necesidad de sincronizar la política de apertura, para que el mecanismo de “destrucción creativa” favorezca el crecimiento sostenido. Además, la mayor agresividad exportadora de China en terceros mercados es un factor que complica aún más el desafío.
Incluso antes de la guerra comercial, la irrupción de China —que capta un tercio de las exportaciones industriales mundiales— ya ponía en alerta a los industriales locales.
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Los nuevos proyectos, que ya existen, suelen apoyarse en ventajas competitivas consideradas sostenibles y combinan industria y servicios, vinculándose aguas arriba y aguas abajo con núcleos productivos como el agro, los hidrocarburos y la minería.
El gas natural abundante y a precios competitivos puede facilitar parte de esa reconversión, tal como ocurrió en Estados Unidos tras la irrupción del shale: actividades intensivas en gas incluyen sectores como la petroquímica, la alimentación, el vidrio, el cartón, fibras orgánicas, fundiciones, alcoholes y fertilizantes, entre otros.
La expansión de la oferta de gas impulsada por Vaca Muerta es un imán para esos sectores, pero las políticas macro y microeconómicas deben ser más coherentes para facilitar decisiones de inversión.
— En las últimas semanas se intensificó el debate sobre la acumulación de reservas, a pesar del apoyo singular del Tesoro y del gobierno de EEUU. ¿Cuál es su postura?
— La discusión sobre si la acumulación de reservas netas —partiendo de un rojo a fin de noviembre de 2025 de USD 15.000 millones, según metodología del FMI— se logrará por superávit de cuenta corriente (lo que requeriría un tipo de cambio muy superior al actual) o por entrada de capitales no es simple, dada la estrecha interdependencia entre la cuenta capital y la corriente del balance de pagos y entre los precios relativos clave: tipo de cambio y tasa real de interés.
“Las políticas macro y “micro” tienen que ser más consistentes para facilitar las decisiones de inversión”
La pregunta es si, con las condiciones actuales y la mejora de expectativas tras las legislativas, la entrada de capitales en 2026 será suficiente para financiar el déficit por cuenta corriente y, a la vez, permitir una recuperación sostenida de las reservas del BCRA.
El escenario optimista supone que la demanda de dólares por parte de personas físicas se reduzca en 2026 a la mitad de los niveles de 2025 y que se duplique la entrada de capitales privados —por inversión directa, portafolio y colocación de deuda corporativa— ya que el principal conducto de dólares en 2025 fueron el FMI y otros organismos, que en 2026 aportarían cifras menos significativas.
La velocidad de recomposición de reservas dependerá también del ritmo al que aumente la demanda de pesos; a corto plazo esa variable se beneficia de lo desmonetizada que está la economía, pero a mediano y largo plazo dependerá de la sustentabilidad del programa y de un “buen equilibrio” entre tipo de cambio y tasas para evitar la reaparición de expectativas de devaluación.
La apuesta por “acumular reservas vía entrada de capitales” debe considerar que no siempre se pueden cumplir todos los objetivos simultáneamente. Si ese flujo resulta insuficiente para sostener un crecimiento cercano al 3,5% anual (lo que implicaría importaciones creciendo alrededor de 10%), reaparecerá el clásico trade-off del ciclo económico.
Frente a un escenario menos favorable, la falta de reservas podría llevar a optar por subir las tasas para sacrificar crecimiento —frenando importaciones— y atraer “capital golondrina”. Son decisiones que puede imponer el mercado o que pueden ser parte de medidas de política para evitar desenlaces más complejos.
— El Gobierno administró sin un Presupuesto aprobado, aunque mantuvo una disciplina fiscal que gobiernos anteriores no mostraron en igual situación. ¿Por qué considera importante contar con la llamada “ley de leyes”?
— Sería una forma de institucionalizar una política de equilibrio presupuestario y necesaria para pasar a una etapa de “sintonía fina” en la gestión de partidas y en la simplificación y reducción de la carga tributaria.
“Si la falta de reservas complica la macro, entonces aparecerán opciones como subir las tasas de interés para sacrificar crecimiento (de modo de frenar importaciones) y atraer “capital golondrina”
Deberían incorporarse mecanismos de “premios y castigos” en la relación Nación-Provincias, de modo que la política fiscal subnacional sea coherente con las reformas imprescindibles para sacar a la Argentina del estancamiento.
— Las reformas estructurales presentadas en sesiones extraordinarias se consideran necesarias para pasar de una economía en recuperación a otra en crecimiento sostenido. ¿Son suficientes o debería incluirse un plan de transición hacia un régimen bimonetario como el de Perú y Uruguay?
— Las reformas estructurales, aunque adecuadas, tendrán efectos positivos con rezagos —especialmente en un país sin coordinación entre poderes y jurisdicciones—. Por eso no sustituyen a un régimen cambiario-monetario permanente que elimine los cepos a personas jurídicas y permita que choques externos impacten sobre el tipo de cambio y no sobre las tasas y la actividad.
— ¿Qué análisis hace sobre el Acuerdo Marco anunciado entre Argentina y Estados Unidos hace un mes?
— Aunque la propuesta de Estados Unidos no se ajusta exactamente a un tratado de libre comercio, para Argentina implica una ruptura respecto de su trayectoria de economía relativamente cerrada, por la magnitud de sectores para los que se propone remover trabas, bajar impuestos al comercio exterior y/o ampliar cupos que impulsen el intercambio.
Cabe recordar que el flujo combinado de exportaciones e importaciones de Argentina representa apenas el 25% del PBI y que las ventas externas equivalen al 13% del PBI, frente al 16% de Brasil y el 33% de México.
La asimetría en lo que Argentina compra a Estados Unidos en relación con lo que importa desde Brasil (2,8 veces más) y China (2,6 veces) sugiere que, sin grandes sorpresas respecto de lo conocido, el acuerdo marco podría generar resultados inmediatos en volúmenes comercializados, inicialmente en detrimento de proveedores de Brasil y China.
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A la inversa, las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos están concentradas en sectores en los que el país es relativamente competitivo: carnes (USD 195 millones/año), combustibles (USD 2.000 millones/año), metales preciosos (USD 800 millones), aluminio (USD 530 millones), vinos (USD 190 millones) y miel (USD 125 millones), entre otros. Si se amplían cupos y se reducen barreras arancelarias y paraarancelarias, la respuesta exportadora argentina debería ser rápida.
Un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea reforzaría ese cambio de paradigma, porque exigiría reducir las “aduanas interiores” que impiden lograr economías de escala, clave para la competitividad regional.
La mayor disposición de la UE para avanzar tiene relación con las conclusiones del “Informe Draghi”, que subraya el estancamiento y la baja productividad regional, y con factores geopolíticos como la guerra en Ucrania y la estrategia comercial más agresiva de China y la política de tratados bilaterales promovida por la administración de Trump.
Este cambio en las condiciones globales impone desafíos: este año, las importaciones desde China aumentan 61,3% respecto de 2024, una cifra que debe considerarse una señal de alerta. Los países presentan saldos bilaterales distintos con cada socio, pero preocupa la disparidad en la velocidad de variación de esos saldos.
“El Mercosur es una “Unión Aduanera imperfecta” que nos ha llevado al peor de los mundos en términos de intercambios comerciales”
Hay que enfatizar que el Mercosur es una “Unión Aduanera imperfecta” que, en la práctica, nos dejó en el peor de los mundos comerciales: los gobiernos no pueden negociar individualmente acuerdos con terceros y las empresas, personas y mercancías no circulan libremente dentro del mercado común, sino que siguen enfrentando trámites aduaneros internos.
Si el acuerdo con la UE avanza y los países de la región se toman en serio los desafíos de competitividad, el Mercosur debería ir aproximándose al funcionamiento de la Unión Europea, reduciendo las barreras internas.
Las provincias también deberían sumarse, dado que las “aduanas interiores” encarecen y entorpecen las cadenas de valor internas, incluyendo regímenes que limitan la movilidad de trabajadores entre provincias. Eliminar esas aduanas interiores debería quedar como un objetivo prioritario del “Pacto de Mayo”.
Desde la macro, conviene notar que un Mercosur más integrado tomaría en esta coyuntura a tres socios (Brasil, Uruguay y Paraguay) con baja inflación y tipos de cambio flotantes, en contraste con Argentina que, pese a la desinflación iniciada a mediados de 2024, aún convive con una suba anualizada del IPC superior al 25% en un esquema de tipo de cambio “cuasifijo”.
— ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos dos años? ¿El modelo actual muestra señales de agotamiento o prevé cambios relevantes?
— Más allá de los debates, la economía argentina parece encaminarse a dos años consecutivos de crecimiento, con un 2026 que apunta a una inflación cercana al 20% y a un crecimiento del PBI del 3,5%, aunque persiste la incertidumbre sobre la dinámica del empleo privado formal.
La industria, el comercio y la construcción todavía se ubican entre 5% y 12% por debajo del nivel de actividad de tres años atrás. Es difícil precisar cuánto de esa brecha es estructural y cuánto responde a la dinámica macro, al ancla cambiaria y a la volatilidad de las tasas. A medida que avance 2026 será posible afinar el diagnóstico.
En materia de exportaciones, la tendencia es alentadora (medición Indec, devengadas): este año crecen 8% respecto de 2024 y en 2026 podrían hacerlo otro 7%. Son hipótesis de trabajo que dependen del entorno global; no se puede subestimar la importancia del factor externo, en un contexto en el que el refugio financiero por excelencia se ha convertido en el oro.
“No se puede subestimar la importancia del factor externo, en una coyuntura en la que el refugio financiero por excelencia ha pasado a ser el oro”
El impacto del sector energético en las cuentas externas es relevante, aunque no alcanza aún las magnitudes que algunas presentaciones oficiales sugieren. Entre octubre de 2024 e igual mes de 2025, el saldo acumulado de doce meses entre exportaciones e importaciones energéticas aumentó USD 2.300 millones, hasta USD 7.300 millones.
La tendencia es prometedora: en 2026 el superávit podría acercarse a USD 10.000 millones, con exportaciones del orden de USD 13.000 millones, y se espera un salto más marcado en 2027 con la puesta en marcha del Oleoducto Vaca Muerta Sur, que podría sumar alrededor de USD 10.000 millones.
En agroindustria, las exportaciones de 2026 podrían crecer en USD 1.200 millones, incorporando granos, derivados, lácteos y carnes. Para granos y derivados, las ventas alcanzarían los USD 36.000 millones, con un mayor impacto sobre proveedores por la tendencia decreciente de las retenciones.
Según el equipo agroindustrial del Ieral, la retención promedio de la soja bajaría del 26,8% al 24% entre 2025 y 2026 y la del maíz del 9,8% al 8,5%. Eso supone una mejora del poder adquisitivo del productor de soja de 3,8%, ceteris paribus: una variación gradual pero suficiente para incidir positivamente en las industrias y servicios proveedores.
Asimismo, y aunque más controvertido, el Gobierno busca un “efecto derrame” al abaratar distintos productos importados —indumentaria, electrónica, línea blanca y similares—. En el gasto familiar promedio, entre 10 y 15 puntos de la canasta corresponden a equipamiento y mantenimiento del hogar, indumentaria y calzado, y comunicaciones.
“‘Efecto derrame’ que estaría buscando el Gobierno al abaratar, por distintos mecanismos, el precio de productos importados, caso de indumentaria, electrónica, línea blanca y demás”
La intención sería que las familias gasten menos en esos rubros —lo que implicaría más importados y menos producción local— y destinen esos ingresos a bienes y servicios más intensivos en empleo, como alimentación, ocio, comidas fuera del hogar y otros servicios.
— ¿Desea agregar alguna reflexión final sobre el rumbo económico actual?
— Recientemente, las autoridades del Banco Central han señalado que “el objetivo final es la flotación cambiaria y la competencia de monedas”, aunque el calendario estará dominado por el gradualismo y se plantea explícitamente “no forzar” la acumulación de reservas.
El problema es que, en ese gradualismo, la naturaleza del régimen de transición difiere mucho del esquema que regiría una vez alcanzado el objetivo final. Durante la transición, la cercanía de la cotización de mercado al techo de la banda crea una situación en la que la economía opera “como si” el tipo de cambio fuera fijo, aunque se deslice a un ritmo del 1,0% mensual, con las virtudes y las limitaciones de ese sistema.
Por eso insistimos en avanzar hacia un régimen bimonetario como el de Perú, donde existe una “flotación administrada” del tipo de cambio.
Como mostró Julio Velarde, presidente del Banco Central de Perú, en un evento de la Fundación Mediterránea-Ieral, en los últimos 30 años el crédito en moneda local (el sol) pasó del 5,9% del PBI en 1996 al 28,5% del PBI en la actualidad, mientras que los préstamos en moneda extranjera se redujeron del 16,8% al 8,9% del PBI. Es decir, el bimonetarismo no equivale necesariamente a dolarización: en Perú significó mayor monetización en moneda local, un objetivo plausible también para la Argentina.
Uno de los secretos del éxito del sol frente al dólar en el sistema financiero peruano es la convergencia entre las tasas en moneda local y extranjera, asociada a la solvencia fiscal, una inflación inferior a la de Estados Unidos y un tratamiento distinto de encajes entre soles y dólares.
“El bimonetarismo no necesariamente desemboca en dolarización. En Perú fue sinónimo de monetización en moneda local, algo que perfectamente podría lograrse en la Argentina”
Según datos recientes, un préstamo hipotecario en Perú se ofrece a una tasa cercana al 8% anual en soles y al 7% en dólares. La reducida brecha explica la preferencia de las familias por endeudarse en moneda local.
Pese a las turbulencias políticas recientes y a un cierto grado de dolarización, en Perú las tasas están cada vez más vinculadas al ciclo económico y menos a la volatilidad cambiaria. El régimen de “flotación sucia” del bimonetarismo no busca alterar la trayectoria del tipo de cambio real, sino moderar sus oscilaciones. Con ese mecanismo y políticas anticíclicas se han neutralizado choques externos e internos sobre el sector real, de modo que la tasa sube o baja por factores predominantemente internos según la fase del ciclo.
En lo que va del siglo, la cotización del dólar frente al sol peruano registró un máximo nominal de 4,15 en 2021 y un mínimo de 2,55 en 2013, oscilaciones del orden del 25% alrededor del promedio, movimientos que no alteraron de manera significativa el funcionamiento económico.
Hoy, como señaló Velarde, las exportaciones de Perú alcanzan USD 87.000 millones, cifra similar a la de Argentina en términos absolutos, pero superior en per cápita: USD 2.536 por habitante en Perú frente a USD 1.890 en la Argentina.
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