Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini suscribió dos documentos judiciales significativos el martes 10 de junio. En el primero, dictó que la presidenta del PJ y otros ocho condenados (Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Raúl Santibañes y Juan Carlos Villafañe) se presenten en su despacho en un plazo máximo de cinco días; en el segundo, solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que designe el lugar de alojamiento de todos ellos.
El magistrado, quien condenó a la exmandataria a seis años de prisión en primera instancia, estableció además que Cristina Kirchner y los demás convictos deben ser alojados en dependencias de una fuerza federal “que cumpla con las condiciones adecuadas”, lo cual incluye instalaciones de Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal.
Gorini también hizo notar, al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que la líder del PJ tiene 72 años y requiere “condiciones especiales de seguridad y custodia” debido a que “ha sido presidenta y vicepresidenta de la Nación”, así como por el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
Quién es Jorge Gorini
El juez Jorge Gorini tiene 57 años y se graduó como abogado en la Universidad del Salvador. Luego de un extenso recorrido en la Justicia de instrucción, que incluyó su labor como titular del Juzgado Criminal 36, asumió como miembro del Tribunal Oral Federal N° 2 en septiembre de 2011, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, a quien condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Como integrante de ese tribunal, Gorini fue acusado por la defensa de la expresidenta de demostrar parcialidad debido a sus encuentros con Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Este planteo fue desestimado por extemporáneo.
Además, un informe del Consejo de la Magistratura confirmó que al juez le intrusaron sus declaraciones juradas, sustrayendo datos personales. Posteriormente, se registraron 12 accesos no autorizados a su base biométrica del RENAPER (Registro Nacional de las Personas).
Con la información obtenida de las declaraciones juradas y los datos biométricos, un experto podría crear una identidad falsa para que una persona aparezca en lugares donde nunca estuvo.
Gorini también denunció que, desde una unidad básica de La Cámpora, situada cerca de su hogar, le tomaban fotografías “cuando entraba y salía, así como de los movimientos de su familia”.
En septiembre de 2022, durante la fase de alegatos en el juicio oral y público, se halló un paquete sospechoso en la puerta de la vivienda del juez, el cual debió ser detonado por el escuadrón de explosivos.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, solicitó formalmente a la Cámara Federal de Casación Penal que incrementara la custodia de Gorini y de sus compañeros de jurado, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dado que los militantes kirchneristas habían intensificado los pedidos en redes sociales para ir a sus domicilios y escracharlos. Uno de los tuits que generó mayor inquietud fue el de @kike_MPD, quien mencionó a La Cámpora y exigió: “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelotón de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”.
En los últimos días, la presión sobre el fiscal que impulsó el caso Vialidad en la etapa oral, Diego Luciani, ha vuelto a aumentar, así como sobre Basso, Giménez Uriburu y, especialmente, Gorini, quien, como presidente del Tribunal, el lunes 9 de junio, fue el encargado de informar a la Cámara Nacional Electoral que Cristina Fernández de Kirchner y los demás convictos quedaban inhabilitados para ocupar cargos públicos de manera perpetua.
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