El juez federal Sebastián Casanello ha procesado a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, bajo la acusación de haber alertado al empresario Jonathan Kovalivker sobre la búsqueda que la policía realizaba en su contra, en el marco de una investigación por presuntos sobornos en el área de Discapacidad. De Vicentis enfrenta cargos por desobediencia, obstaculización de la acción funcional y encubrimiento.
Con más de 12 años de experiencia en la seguridad de Nordelta, De Vicentis se encontraba de vacaciones el día en que la Policía de la Ciudad intentó localizar a los hermanos Kovalivker. A pesar de su ausencia, decidió intervenir en la situación. Jonathan logró escapar antes de que la policía lo localizara, mientras que su hermano Emmanuel fue detenido cuando intentaba salir del barrio en su auto, portando más de 260.000 dólares. Ambos son propietarios de la droguería Suizo Argentina, que está bajo la lupa en el caso de los supuestos sobornos en la Agencia de Discapacidad.
En su dictamen, el juez destacó que en Nordelta parece existir “un protocolo no escrito que indica un modus operandi para no colaborar con las fuerzas de seguridad”. Casanello subrayó que cualquier situación debía ser comunicada previamente al área de Legales, como si se tratara de un exhorto interjurisdiccional. Advirtió que se estableció un “procedimiento obstructivo” cuyo éxito radica en dilatar la acción y eliminar el elemento sorpresa.
El fallo describe cómo, al llegar la Policía de la Ciudad a la garita principal de Nordelta, solicitaron la colaboración del vigilador presente, quien debía identificar el lote de Jonathan Kovalivker, conocido como el lote 6 del barrio La Isla, aunque los agentes aún no lo sabían. Poco después, el guardia comenzó a recibir llamadas insistentes de un supervisor de seguridad que exigía explicaciones sobre la presencia policial y los motivos de su actuación.
La policía alertó al vigilador que no podía continuar esa comunicación, y durante el intercambio, un oficial interrumpió para evitar que se compartieran datos que pudieran comprometer la operación, notando desconcierto en la otra parte. Pocos minutos después, Jonathan Kovalivker salió del barrio en un Audi S3, escapando antes de que pudieran requisarlo. El objetivo de la operación era sorprender a los Kovalivker en sus domicilios, requisarlos y confiscar sus teléfonos.
Mientras la Policía de la Ciudad estaba en la garita buscando información sobre el lote de Jonathan, llegaron cuatro patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llamados por el área de seguridad de Nordelta, bajo el falso pretexto de que “personas no identificadas intentaban realizar un procedimiento sin orden judicial”. Los efectivos bonaerenses solo se marcharon tras verificar la legalidad de la actuación.
Cuando finalmente los agentes lograron acceder a la casa de Jonathan Kovalivker, él ya no estaba. En su lugar, se encontraban su esposa e hijos, y había evidencias de que habían sido alertados, como una caja fuerte abierta y vacía y bandas elásticas en el suelo, según detalla el juez.
Una de las pruebas clave contra De Vicentis fue que el personal de seguridad de la garita presentó un registro telefónico mostrando una llamada entrante de un número agendado como “A. De Vicentis”, el jefe de seguridad de Nordelta. En su indagatoria, De Vicentis no negó su intervención, pero aseguró que su intención no era obstruir la labor policial. Declaró que, al enterarse a través de un chat interno de que la policía se encontraba en la guardia, intentó comunicarse con el supervisor de guardia, quien le informó que los policías “no habían presentado documentación para llevar a cabo la diligencia”. También mencionó que en ese momento un comisario interrumpió la conversación.
De Vicentis expresó que su preocupación era que la Policía de la Ciudad había trasladado al supervisor de una garita a otra, dejando a su cargo a la única persona responsable de la seguridad del complejo.
Antes del operativo, en la fiscalía de Franco Picardi existía el temor de que los empresarios fueran alertados y escaparan. “Hubo malas experiencias con Nordelta”, comentó un funcionario a La Nación, recordando el caso del financista Elías Piccirillo, quien también fue advertido de que la policía iba por él y casi logra huir. Ante este contexto, la Policía de la Ciudad decidió designar a un comisario para liderar la operación. Sin embargo, no lograron evitar que se retardara la acción policial lo suficiente como para que Jonathan Kovalivker abandonara Nordelta, como señala el fallo de Casanello.
