
Este domingo, Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, fue citado a indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de un caso que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Casanello convocó al empleado del barrio cerrado por la sospecha de que habría colaborado con Jonathan Simón Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, permitiendo su escapatoria de la Policía. La audiencia está programada para este lunes, tras un requerimiento del fiscal que investiga el caso, Franco Picardi.
La sospecha sobre De Vincentis se fundamenta en que este habría demorado a los agentes de seguridad que llegaron al barrio con una orden de allanamiento.
En el contexto del caso sobre las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, Emmanuel Kovalivker fue señalado por su participación como accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con un 0,015% de participación, mientras que su padre, Eduardo Jorge Kovalivker, posee el 64,5% de la compañía, y su hermano, Jonathan Simón, quien preside la empresa y aún no ha sido localizado por la Justicia, tiene un poco más del 21% del capital.
Tras una serie de allanamientos que han arrojado resultados positivos, la Justicia se encuentra en proceso de analizar otros elementos secuestrados, tales como celulares, documentación y sobres con dólares pertenecientes a los sospechosos, que podrían servir como prueba de los supuestos acuerdos en beneficio de la droguería.
Ante la rapidez de la investigación, las autoridades consideran esencial recuperar toda la información posible de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, advirtieron que este procedimiento podría requerir más tiempo, dado que el peritaje depende del desbloqueo de los teléfonos, un proceso que varía según el dispositivo y su tecnología.

El pasado viernes, la Policía de la Ciudad realizó allanamientos en más de 10 domicilios, tras la autorización del juez Casanello, en respuesta a los pedidos del fiscal encargado del expediente que investiga audios filtrados del ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se denuncian irregularidades y una recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos.
Los investigadores buscan inicialmente determinar la existencia de un delito, por lo que la apertura y peritaje de los celulares de los sospechosos es fundamental. En este sentido, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, decidió colaborar y entregó voluntariamente la clave de desbloqueo de su dispositivo, algo que no hicieron Spagnuolo ni Kovalivker.
A Spagnuolo se le secuestraron dos celulares: uno al ser interceptado conduciendo un auto VW Nivus en un country de Pilar y otro que fue encontrado en las cercanías de su vivienda. Por su parte, Kovalivker fue detenido con 266 mil dólares y 7 millones de pesos, además de su pasaporte y celular.
El análisis de la documentación extraída de la sede de la ANDIS también será crucial para proporcionar indicios o pruebas que sugieran la existencia de acuerdos entre funcionarios o allegados del Ejecutivo y la droguería Suizo Argentina. A esta información se añadirán los documentos encontrados en la casa de Nordelta de Jonathan Kovalivker y en la propiedad del ex titular del organismo.
Hasta el momento, el fiscal no habría citado a declarar a ninguno de los investigados, debido a la falta de carátula del caso y a la definición de cargos que pudieran corresponder. Se plantea que el Estado podría haber beneficiado a la droguería, aunque también se investiga la posibilidad de que la empresa solicitara sobornos a sus proveedores.
AS/ff