El Gobierno de Javier Milei formalizó este martes una significativa reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), transformándolo en un ente desconcentrado sin autarquía ni estructura directiva tripartita, como había funcionado desde su fundación. En ese contexto, Nicolás Bronzovich fue confirmado como presidente del organismo, mientras que María Beatriz “Pilu” Giraudo —quien se desempeñaba como vicepresidenta— fue nombrada Consejera Técnica en carácter “ad honorem”.
Estas designaciones fueron confirmadas mediante un decreto que, según se anticipó, será publicado en las próximas horas con la firma del presidente Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. En el texto se establece que Bronzovich asume “con rango y jerarquía de secretario” desde el 8 de julio de 2025, bajo la supervisión directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El mismo decreto señala que Giraudo ocupará el cargo técnico a recomendación de la cartera agrícola, sin percepción de honorarios. Además, se eliminará la figura del director nacional, anteriormente ocupada por Ariel Pereda, y se sustituirá por un director ejecutivo o CEO. El objetivo declarado es “acelerar los procesos de investigación de acuerdo con las demandas inmediatas del sector agropecuario”.
Desmantelamiento progresivo
La decisión fue adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto al ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se formalizó con el decreto 462/2025, que implementa las facultades otorgadas por la ley Bases. Esta medida no solo implica una reorganización funcional, sino que introduce un cambio radical en la concepción del INTA: ya no será un ente autárquico con dirección compartida entre el Estado, el sistema científico y los productores.
Desde el propio INTA valoraron la rapidez con la que se resolvieron las designaciones, lo que permitió mantener en operación los proyectos técnicos en curso. Sin embargo, especialistas, funcionarios provinciales y organizaciones del agro han expresado su preocupación por los impactos estructurales que esta reforma podría ocasionar.
Reacciones críticas desde Buenos Aires y el agro
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, fue uno de los primeros en cuestionar con firmeza la dirección adoptada por el Gobierno nacional: “El decreto de Milei viene a destruir el INTA. Es un día triste para la ciencia y la tecnología”. En declaraciones públicas, aseveró que el organismo ya se encontraba en un proceso de debilitamiento debido a retiros voluntarios, jubilaciones sin reemplazo y desfinanciamiento.
Rodríguez destacó que el INTA ha sido fundamental en el desarrollo de más de 800 variedades vegetales adaptadas a diferentes regiones, un aporte que, según advirtió, está en riesgo. Además, subrayó que el nuevo modelo quiebra uno de los pilares más democráticos del instituto: la conducción tripartita. “Se busca el vaciamiento y destrucción de las capacidades del INTA”, afirmó contundentemente.
Por su parte, Bases Federadas —una organización que agrupa a pequeños y medianos productores y cooperativistas— calificó la reestructuración como “un ajuste brutal”. Denunciaron que ya se habrían producido alrededor de 1500 despidos, cierre de agencias y ventas de tierras, junto al abandono de programas como Pro Huerta, Cambio Rural y las líneas de investigación orientadas a la agricultura familiar.
“Se está moldeando el INTA a un modelo agropecuario extractivista, de monocultivo y concentración extrema. Para ello necesitan un instituto más pequeño, desconectado de la soberanía alimentaria y de los pequeños productores”, señalaron desde la organización. También advirtieron sobre la importación de alimentos que antes se producían en el país gracias al desarrollo promovido por el INTA.
Llamado al Congreso
En su comunicado, Bases Federadas instó a los legisladores nacionales a no convalidar la transformación: “El decreto es un ataque a la producción y al conocimiento aplicado desarrollado por miles de técnicos junto a productores”. Además, reivindicaron la rentabilidad social del instituto: “Cada peso invertido retorna entre cinco y once pesos, según estudios previos”.
La agrupación anunció que se declarará en alerta y movilización para respaldar a los trabajadores del organismo. “El INTA no es un gasto. Es una inversión en soberanía productiva, arraigo rural y desarrollo local”, concluyeron.
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