La decisión de que el actual jefe del Ejército, Carlos Presti, reemplace a Luis Petri en el Ministerio de Defensa se conoció justo en la misma semana en que comenzó a circular la convocatoria a una marcha para exigir la liberación de represores condenados por delitos de lesa humanidad.
Desde que Javier Milei asumió, hubo decisiones ejecutivas, expresiones públicas y gestos que dejaron bien en claro -de mínima- que en La Libertad Avanza los crímenes cometidos durante la última dictadura militar se explican a partir de la teoría de los dos demonios. La pregunta es, ahora, hasta dónde pretende profundizar el oficialismo en esta línea y qué implicancias tendrá para la política de Memoria, Verdad y Justicia en el corto y mediano plazo.
La decisión de nombrar a Presti generó distintos debates. Por un lado, es la primera vez desde el regreso de la democracia que un militar asume al frente del Ministerio de Defensa. Por el otro, su padre, Roque Carlos Presti, fue un militar acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, cuando fue comandante del Regimiento de Infantería 7 en La Plata -y falleció antes de llegar a juicio-.
Y a pesar de que nadie puede hacerse responsable de los actos cometidos por sus padres -que llegó a estar imputado en una causa, pero falleció sin condena-, el futuro ministro jamás repudió en público el terrorismo de Estado. En las últimas horas, el militar tuvo un breve intercambio con la prensa en Casa Rosada y adelantó que planea “seguir con jerarquía militar” y no retirarse de la fuerza, pero sobre el pasado reciente no hizo declaraciones.
La segunda noticia que alertó a los organismos de derechos humanos esta semana fue aún más problemática: un grupo de militares retirados y militantes mileístas convocó a una manifestación para exigir la liberación de condenados por delitos de lesa humanidad. Entre los organizadores, según reveló ElDiarioAR, están Orlando “Hormiga” González, un represor de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) que cumple prisión perpetua en su domicilio, y Asunción Benedit, integrante de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado por La Libertad Avanza Beltrán Benedit, uno de los legisladores que organizó la visita a Alfredo Astiz el año pasado en la cárcel de Ezeiza. También están Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas acusado de realizar torturas a conscriptos y actual procurador del Poder Judicial de Tucumán.
Por estos días, el grupo está convulsionado: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le sugirió a los organizadores trasladar la marcha de Plaza de Mayo a Plaza San Martín. El objetivo es que los manifestantes no se crucen con la convocatoria de la izquierda en apoyo a Palestina y evitar disturbios.
Sin embargo, estas no son las únicas señales de la cruzada libertaria contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Las absoluciones y demoras en los juicios de lesa humanidad y los despidos en organismos clave de Derechos Humanos profundizan la preocupación en un sector de la sociedad sobre un posible retroceso en los consensos construidos desde el regreso de la democracia.
Juicios de lesa humanidad: absoluciones y demoras sugestivas
Si bien no suelen ser noticia en los grandes medios, los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad avanzan. En la actualidad, hay 13 juicios orales abiertos en cinco provincias.
Fernando Tebele es uno de los fundadores de La Retaguardia, un medio que transmite en vivo los juicios y que está a punto de terminar el año con cerca de un millón de visualizaciones. En diálogo con PERFIL, advirtió sobre la cantidad de absoluciones que se registraron en las últimas semanas.
El 2 de noviembre, el Tribunal Oral Federal de Rosario dictó 17 absoluciones en la causa conocida como “El Villazo”, una huelga de metalúrgicos reprimida de manera ilegal en el marco del Operativo Serpiente Roja del Paraná, en 1975. Se trató de un proceso relevante en términos de historia, ya que se trató de un episodio que sucedió antes del golpe de Estado y que sentó en el banquillo de los acusados a dos exdirectivos de la empresa Acindar, por haber colaborado con los operativos y prestar espacios físicos donde se produjeron secuestros, torturas y homicidios .
El 24 de octubre, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó 8 condenas y 27 absoluciones en el Juicio de La Huerta, en el que se juzgaron detenciones ilegales, torturas, desapariciones y otros delitos de lesa humanidad en un predio rural ubicado en las cercanías de la Base Aérea Militar de Tandil.
“Si sumás la cantidad tenés un total de 44 absueltos en apenas semanas, un número muy alto comparado con la tasa de absoluciones desde que volvieron los juicios”, reflexionó Tebele. Se trata de un dato objetivo. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), desde el 2006 hubo 1195 condenas en 332 sentencias y un total de 196 absoluciones.
“Si bien todavía no podemos decir que es una tendencia, creo que es algo que no hubiese pasado en otros años”, reflexionó Tebele. Según su mirada, la decisión del juez Alejo Ramos Padilla en agosto de absolver a dos expolicías por encubrimiento y violación de sus deberes de funcionarios públicos respecto al hallazgo de los restos de una víctima de los vuelos de la muerte fue todo un mensaje. “Que haya sido él, que tiene toda una historia, abrió la puerta a que otros jueces se sientan habilitados”, agregó.
No todo es lineal. En la causa “Sheraton”, en 2023 la Justicia condenó a perpetua a dos hombres, pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal sugirió que se utilice la figura de homicidio simple, lo que implica una pena mucho menor. “Ayer supimos que el Tribunal ratificó la pena máxima de 25 años. Pero en el caso de la madre de Bárbara y Camilo García, por ejemplo, Casación tomó la misma postura y Sánchez Zinny -el represor condenado- salió en libertad enseguida por el tiempo que ya había pasado preso”, contó Tebele.
Pablo Llonto es abogado especializado en Derechos Humanos y uno de los referentes en el seguimiento de los juicios de lesa humanidad. En diálogo con PERFIL habló sobre el “envalentonamiento” de los sectores militares y del oficialismo luego de las elecciones de octubre, pero aseguró que aún “no hay indicadores claros para vincular las absoluciones con el triunfo electoral del Gobierno”.
Según Llonto, el “clima de época” se puede advertir en que “muchísimos jueces han decidido postergar el tema de los juicios por delitos de lesa humanidad”. “Es evidente que en estos dos años, al no estar entre los temas prioritarios del Poder Ejecutivo, muchos jueces pusieron estas causas en el final de la pila de expedientes”, contó.
En estos casos, la urgencia es objetiva: los acusados y los sobrevivientes son personas de edad muy avanzada y si los juicios no avanzan se perpetúa la impunidad. “En cambio, en la Causa Cuadernos, los jueces olfatean o saben del interés que tiene el poder político y sacan una resolución absurda para apurar al tribunal”, aseguró Llonto. Por ese motivo, el martes 25, el colectivo de abogadas y abogados de Lesa Humanidad presentaron una nota en la Cámara Federal de Casación para pedir una reunión y reclamar que se asuma el mismo criterio en estos asuntos que con la Causa Cuadernos.
Llonto puso hincapié en otro asunto que sucede fuera del radar mediático: desde hace cuatro años no hubo una sola reunión de la comisión interpoderes que se creó con el objetivo de acelerar los juicios. Se trata de un espacio que debe ser convocado por el presidente de la Corte Suprema y donde se deben sentar representantes de la Justicia Federal y del Poder Ejecutivo. Si bien ya en la gestión de Alberto Fernández no hubo actividad, en la administración Milei tampoco se intentó retomar el trabajo.
La cruzada libertaria contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia
A principios de noviembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, se presentó ante un comité contra la tortura de Naciones Unidas y cuestionó la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar. Si bien buena parte de los funcionarios libertarios, incluido el presidente, insisten en este argumento, nunca antes había sido expuesto por un funcionario en un organismo internacional.
Desde que fue designado, Baños no ha logrado entablar un vínculo cercano con las organizaciones de Derechos Humanos, que advirtieron las intenciones del Gobierno en la decisión de degradar la secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría. De la mano de esa decisión, llegó la típica motosierra: desmantelamiento de programas y despido de personal clave.
“Desde que asumió Milei se comenzaron a tomar medidas para obstaculizar los juicios dejando de prestar ayuda, por ejemplo, al Poder Judicial en todo lo concerniente a investigación y documentos o con el despido de los abogados que impulsaban las causas”, subrayó Llonto.
En mayo, el Museo Sitio de Memoria ESMA fue desjerarquizado y, junto con el Archivo Nacional de la Memoria, pasó a estar bajo la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), un organismo creado con el auspicio de la UNESCO dirigido en la actualidad por la abogada Ana Belén Mármora, que tiene una activa militancia provida y contra los derechos sexuales y reproductivos.
La cruzada libertaria contra las políticas de memoria se combinaron con los posicionamientos contra la “ideología de género” y, en octubre, el director de contenidos del museo, Fernando Vedoya, decidió eliminar las marcas que se habían hecho en la muestra permanente con el fin de visibilizar la violencia sexual contra las mujeres en el centro clandestino de detención. En concreto, se habían intervenido las palabras en masculino.
Según publicó La Retaguardia en octubre, Vedoya además sumó a su equipo a Manuel Larrabure como asesor. Se trata del nieto del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974, y un símbolo de las organizaciones que reivindican la “lucha contra la subversión”.
El hijo del coronel Larrabure, de hecho, pertenece al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), la organización fundada por Victoria Villarruel, y durante el mileísmo fue contratado por el Ministerio de Defensa.
Todos estos gestos, los que llegan a los títulos de los medios y los que suceden sin mayor repercusión, se suman a una larga lista de episodios que comenzaron el día que Milei, en el debate presidencial 2023, se refirió a los crímenes cometidos por la dictadura con la palabra “excesos”. Durante su presidencia, un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitó en el penal de Ezeiza a militares y represores condenados y el 24 de marzo, Agustín Laje fue el protagonista de un video publicado por la Casa Rosada que se tituló “Día de la Memoria Completa”.
Habrá que esperar al sábado 29 para saber si esta línea de la “batalla cultural” tiene eco en la sociedad civil o si se trata del mismo grupo que, con mayor o menor capacidad de influencia, defiende los actos cometidos por el Estado en los ‘70.
CP
