Subsidios duplicados y falta de supervisión, áreas del Gobierno con funciones solapadas, irregularidades en la rendición de cuentas y productos adquiridos que nunca fueron entregados. Estos aspectos fueron fundamentales en la auditoría que sustentó la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación para clausurar 13 programas del ex Ministerio de la Mujer, con la promesa de generar un ahorro de 6.000 millones de pesos anuales al Estado.
Por ejemplo, en el programa MenstruAR, el informe indicó que se compraron 18.616 copas menstruales, de las cuales solo se distribuyeron 1.200. Esta información se deriva de “la única rendición de cuentas” presentada por el organismo, que además no elaboró un informe de gestión al respecto.
La evaluación interna de la cartera dirigida por el ministro Mariano Cúneo Libarona también puso de manifiesto que varios programas otorgaban subsidios a organizaciones sociales sin implementar un “monitoreo técnico sobre el uso de los fondos”.
El programa GenerAR, cuyo objetivo era “fortalecer la institucionalidad en materia de género y diversidad en el sector público nacional y subnacional”, gastó 941 millones de pesos en 2023. Según la auditoría, el 48% de los subsidios otorgados no contaba con informes de gestión ni con resultados verificables.
“En relación con la Línea de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, se identificaron organizaciones beneficiarias con una fecha de creación cercana al otorgamiento del subsidio, sin antecedentes comprobables de ejecución de proyectos similares”, amplió el informe, que fue accesible a Infobae.
Situaciones similares ocurrieron con el programa ArticulAR, que dispuso de 525 millones de pesos durante el último año de gestión del Frente de Todos. En este caso, el 42% de las entidades que recibieron subsidios no presentaron la documentación respaldatoria correspondiente. La auditoría concluyó que “se financiaron proyectos cuya ejecución no pudo verificarse” o que “derivaron en acciones desvinculadas del objetivo central del programa”.
La política que más recursos distribuyó fue el programa de Fortalecimiento de Áreas de Género, que erogó 1.177 millones de pesos. Su finalidad era garantizar el acceso a derechos de personas travestis, transexuales y transgénero en situación de vulnerabilidad, promover la sensibilización y capacitación en perspectiva de género y diversidad en el sector privado, y fortalecer los dispositivos territoriales de protección integral para personas en contexto de violencia por motivos de género, entre otros.
De acuerdo con la auditoría, se otorgaron subsidios a jurisdicciones que no ejecutaron completamente los recursos, no hubo un seguimiento de los objetivos alcanzados y se duplicaron acciones que ya eran financiadas por el programa GenerAR.
En cuanto a las “Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad”, el informe subrayó que no estaban vinculadas al sistema educativo formal, no se acreditó cuántas personas fueron capacitadas y tampoco se evidenciaron “cambios socioculturales tangibles”.
Este programa utilizó 562 millones de pesos en 2023 y tenía como misión fortalecer la capacitación de mujeres y personas LGBTI+ para “propiciar la deconstrucción de estructuras que perpetúan la violencia por motivos de género”.
Finalmente, el programa IgualAR -que manejó 313 millones de pesos en 2023- fue señalado como uno de los más deficientes en términos de transparencia. La principal irregularidad detectada fue que con esta política se realizaron transferencias a municipios y provincias sin rendiciones de cuentas: “El 85% de la muestra de auditoría no contenía las correspondientes declaraciones juradas”, destacó el informe.
Más de un programa para abordar el mismo tema
La evaluación interna realizada por el Ministerio de Justicia también identificó la superposición de áreas como un problema que “generó ineficiencia en el uso de recursos públicos”.
Entre los programas GenerAR y ArticulAR se distribuía financiamiento a organizaciones sociales con finalidades similares, lo que resultó en “duplicación de subsidios, riesgo de clientelismo y falta de trazabilidad de fondos”.
Situaciones análogas se observaron con los programas GenerAR, Línea de Fortalecimiento y las Escuelas Populares de Género, que, en este caso, transferían fondos a municipios y provincias.
En materia de “acciones territoriales en violencia de género”, los programas AcompañAR, ArticulAR y AcercAR Derechos también mostraban una evidente superposición. Estaban destinados a brindar apoyo económico a personas en situación de violencia, asistencia legal y psicosocial, además de financiar organizaciones sociales, todo “sin un esquema integrado ni criterios de derivación”, según la auditoría.
“La revisión de la ejecución presupuestaria, la evaluación de desempeño y los informes de auditoría interna indican que los programas del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación presentan graves deficiencias que comprometen la buena administración del Estado”, concluyó el documento.
Los 13 programas eliminados
- Programa nacional MenstruAR
- Registro nacional de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad a nivel comunitario
- Programa nacional articular para el fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad
- Programa nacional GenerAR
- Programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género
- Programa nacional para la igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción IgualAR
- Programa Producir
- Programa nacional para el fortalecimiento de la perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural ‘Sembrar Igualdad’
- Programa para el apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género
- Programa de fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero
- Programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad ‘Macachas y Remedios’
- Programa de capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado ‘Formar Igualdad’
- Programa para el fortalecimiento de la participación social y ciudadana en materia de género y diversidad.
