El Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de laProvincia de Entre Ríos (Iosper) afirmó que la intimación que envió el Colegiode Odontólogos de Entre Ríos (Coer), para exigir la aplicación de un incrementoen los aranceles es “ilegítima e ilegal”; explicó que la entidad “utiliza laherramienta de matriculación, que por Ley le concedió la provincia”, y advirtió que “posee un instrumento con elque podría lograr la sumisión de los profesionales, bajo la frase de’aplicación obligatoria’, so pena de sanciones”. La prestadora de salud exigiráel cumplimiento de los convenios firmados.
En rigor, la Obra Social exige a los odontólogos que cumplancon los convenios suscritos, pero, además, les recordó que, en lo que va de 2021, “se les ajustaronvalores de idéntica forma que a los demás prestadores; la aplicación de otravariable impuesta unilateralmente, dejaría a Iosper en la posición de ajustarsus presupuestos, cada vez que se leexija aumentar los aranceles”.
Sin aval de la Ley
La estructura de costos que, según el Colegio es“obligatoria”, no está avalada por la Ley, ya que, según específica la norma,el Colegio no posee la facultad de decidir por sí mismo los valores dearanceles para la prestadora de salud.
Además, tampoco tiene aprobado por el Gobierno Provincial una estructura de costos que valide su pretensión, respecto que “el mínimo y justo salario que puede percibir un odontólogo”, sea en la actualidad de 280.000 pesos, valor sobre el cual calcula la consulta.
El Directorio Obrero recordó que el Estado provincial, através de una Ley, “nunca le ha otorgado las facultades que invoca y menos aún,le permite utilizar la matriculación como instrumento de sometimiento, paraavanzar contra las libertades individuales dispuestas constitucionalmente, comola de trabajar y acordar el valor del trabajo”.
Cumplimiento deconvenios
Iosper exigirá a los prestadores el cumplimiento de losconvenios firmados, pero además, remitirá copia de las actuaciones alministerio de Salud y a la Legislatura, ya que “el tenor de las mismasconfigura la imposición de facultades por sobre el propio Estado, que jamás lehan sido delegadas”.
