Las maniobras de esta banda empezaron a salir a la luz el 30 de diciembre, cuando dos policías de Tucumán viajaron a Córdoba y otros dos fueron a Santa Fe para pedir el traslado de dos ladrones: Miguel Angel Acuña (condenado por jueces cordobeses a 18 años de cárcel por robo calificado) y José Miguel Ramírez, a quien la Justicia santafesina le dio 18 años por asalto a mano armada.
A Córdoba fueron el oficial Enrique Díaz y el agente Sergio Escobar. Allí presentaron ante la Justicia un exhorto que, con las firmas del juez Francisco Pisa y la secretaria Norma Díaz Volachec (ambos del Juzgado V de Tucumán), pedía el traslado del detenido Acuña.
En el juzgado cordobés les llamó la atención que sólo enviaran a dos policías para buscar a un preso tan peligroso, así que llamaron al Juzgado V de Tucumán para confirmar el pedido. Atendió la secretaria Díaz Volachec y estalló el escándalo: ni ella ni el juez habían firmado jamás el exhorto, que resultó ser falso. Díaz y Escobar quedaron presos allí mismo y entonces empezó la investigación que hoy está en marcha.
Mientras, en Santa Fe pasó lo mismo, pero con el preso Ramírez. Los policías tucumanos que fueron hasta allí con el exhorto falso fueron los sargentos Manuel Ruiz y Dardo Campos. Ambos lograron volver a Tucumán, pero fueron detenidos.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Feria de Tucumán, a cargo de Teresita Marnero. Lo primero que hizo fue clausurar el Juzgado V, pero también la Fiscalía X. Es que se determinó que en esta última había empezado la maniobra.
Al seguir el rastro de los exhortos falsos, Marnero descubrió que habían sido originados en un expediente abierto por la Fiscalía X. Allí constaba que en diciembre de 2000 un hombre llamado Miguel Angel Chavarría se había presentado ante el fiscal para denunciar que un grupo de ladrones lo había asaltado y golpeado en la zona de El Cadillal, al norte de la capital tucumana.
En el expediente había constancias de que tiempo después había aparecido un anónimo que señalaba que los autores del asalto habían sido Miguel Angel Acuña (el preso de Córdoba) y José Miguel Ramírez (el de Santa Fe).
Luego se consignaba que, en noviembre de 2004, el denunciante Miguel Angel Chavarría había vuelto a presentarse en la Fiscalía X para ratificar todo. Su declaración había sido tomada por Manuel Ojeda, un empleado de esa dependencia judicial.
Con todos estos elementos, el titular de la Fiscalía X, Guillermo Herrera, y su secretario, Daniel Clemente, firmaron un pedido de traslado de los asaltantes Acuña y Ramírez. Pero el juez Francisco Pisa se los denegó y les pidió que investigaran más.
Sin embargo, a los pocos días los cuatro policías fueron con los exhortos truchos –con la firma del juez Pisa falsificada– a pedir el traslado de los presos Acuña y Ramírez. Se sospecha que el plan era permitirles que se fugaran durante el traslado hacia Tucumán.
Al investigar el expediente se descubrió que el hombre que figuraba denunciando el robo por el que querían trasladar a los ladrones nunca hizo tal denuncia. Tampoco fue a ratificarla en noviembre de 2004, como figuraba, según aclaró al ser citado.
Entonces la mira apuntó contra el empleado judicial Manuel Ojeda, aquel que había firmado aquella declaración falsa. El fiscal Herrera y su secretario, que habían firmado el pedido basados en esta supuesta denuncia, dijeron a su vez que habían sido engañados
A todo esto se sumó que la esposa del detenido policía Díaz (uno de los que fue a Córdoba) denunció que quien le entregó el exhorto falso a su marido fue el concejal de Las Talitas Alfredo Juárez. Este funcionario (que es policía pero está en uso de licencia) quedó imputado. Su posible participación es uno de los tantos elementos que hacen sospechar que la organización es grande y funciona desde hace tiempo.
