En Recuerdos de la muerte, y a través de la palabra de Dri, Bonasso describe el embarazo de Raquel Negro, su temor por el destino de su bebé y el suyo propio. En las últimas páginas de la novela, el hoy diputado relata que Negro fue trasladada al Hospital Militar de Paraná para dar a luz.
Hace pocos días se fue completando la historia. La mujer esperaba mellizos, un varón y una mujer. Según surge de la indagatoria a un ex represor, en los Juzgados Federales con sede en Rosario, el niño nació muerto y la niña fue dejada en la puerta de un convento rosarino, según se publicó en el matutino Rosario 12 del 30 de abril.
Días pasados, a raíz de esta causa, en la ciudad santafesina se realizó un operativo a fin de recabar pruebas en el nosocomio militar paranaense. También en una clínica privada que habría asistido a los bebés ante las dificultades que tuvo la mujer al dar a luz.
“De esa causa de Rosario ha surgido un brote, acá en Paraná”, graficó la doctora Marina Barbagelata, que patrocina a una veintena de querellantes en los tribunales de Paraná, a través del Registro Único de la Verdad.
“Es una causa por posible apropiación de menores y sustitución de identidad”, explicó la abogada que dijo que, a raíz del parto de Raquel Negro, “se intenta determinar si los nacimientos se produjeron efectivamente acá, cuántos hubo y cuál fue el paradero de los bebés”.
A modo de hipótesis, Barbagelata hizo saber que “si hubo nacimientos, hay que pensar que Paraná estaba en un lugar estratégico por varias razones: porque había un hospital militar que, a su vez, tenía pista de aterrizaje lo que pudo haber facilitado el tráfico de bebés. Entendemos que esto requiere una investigación, más allá de la causa de Rosario”, precisó.
La Causa Paraná
Mientras tanto, la investigación de delitos de lesa humanidad, cometidos en Entre Ríos entre 1976 y 1983, se encuentra en Entre Ríos con un escollo difícil de sortear. La Causa Paraná, que reúne el grueso de la historia del terrorismo de Estado en la provincia, se encuentra entrampada en una telaraña de apelaciones y recursos que dirime una cuestión procesal de base: con qué código se juzgará a los imputados.
Mientras, los querellantes, que son víctimas y familiares de víctimas, reclaman un juicio oral y público. La defensa de los acusados sostiene que debe aplicarse el código que perdió vigencia en 1991 y que implica un trámite por escrito y con serias trabas a la publicidad.
Cabe destacar que desde la derogación de las leyes de impunidad y la declaración de inconstitucionalidad de las mismas por parte de la Justicia Federal de Paraná, la Causa Paraná no pudo producir nuevas pruebas ni testimoniales, ni detenciones, por ejemplo. Será así hasta tanto no se resuelva, a nivel de la Corte Suprema de Justicia, cómo se juzgará a los imputados.
La decisión del máximo tribunal es fundamental ya que se trata de la causa madre en lo que refiere a los delitos de lesa humanidad en la provincia. Es que allí están reunidos testimonios de las víctimas, pruebas, documentos, indagatorias a los imputados y todo lo que fue recabado al calor de la reapertura democrática, en 1983, y hasta que la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final truncó el proceso. Con la caída de estas normas, todo ese material recuperó su validez.
Otra causa
El otro expediente que se encuentra a salvo de la maraña tribunalicia que demora a la Causa Paraná, es el que investiga los fusilamientos de Carlos José María Fernández y Alberto Osuna, en septiembre de 1976. Ambos fueron secuestrados y alojados en un centro clandestino. Tras ser sometidos a torturas, habrían sido fusilados en una vivienda de Rondeau al 1.600 de Paraná. (Fuente: El Diario)
