Por estas horas, el caso $LIBRA está avanzando más rápidamente fuera de Argentina que en el Congreso. Esta criptomoneda, que Javier Milei promocionó mediante un tuit el 14 de febrero y que colapsó en minutos, dejando a miles de personas afectadas, ha derivado en una causa judicial tanto en Argentina como en Estados Unidos. En ese país, la Justicia ya ha congelado 57,5 millones de dólares, y se ha descubierto que parte de esos fondos están vinculados a operaciones realizadas el mismo día en que Hayden Mark Davis, un empresario del sector cripto, visitó la Casa Rosada en enero pasado.
Recientemente, una nueva presentación en el Distrito Sur de Nueva York ha puesto nuevamente a Milei en el centro de la atención del caso. El documento, firmado por Omar Hurlock y difundido por el abogado Sebastián Soler, sostiene que Davis “deliberadamente obtuvo una manifestación de apoyo engañosa del presidente argentino Javier Milei, cronometrada para darle a $LIBRA una apariencia falsa de legitimidad y conexión con el gobierno en el momento del lanzamiento del token”. La demanda colectiva de los damnificados solicita que se extienda el congelamiento de los fondos y tokens relacionados con Davis y otros acusados.
Los demandantes acusan a los responsables de tres maniobras: ocultar que el mecanismo técnico del token permitía retiros anticipados, colaborar en secreto entre desarrolladores y promotores, y manipular la percepción pública a través de una falsa legitimación institucional. Además, destacan que no es necesario demostrar que los consumidores confiaron explícitamente en el respaldo presidencial; basta con probar que la maniobra podría engañar a un inversor razonable, según informó elDiarioAR.
La semana pasada, los diputados de la oposición Itai Hagman y Oscar Agost Carreño viajaron a Estados Unidos para informarse sobre la investigación federal contra Davis. “Fue muy importante ver cómo avanza la Justicia en Estados Unidos para que lo que no podamos saber desde el Congreso pueda ser investigado allí”, comentó Agost Carreño tras su regreso de Washington, en medio de las maniobras del oficialismo para mantener congelada la comisión especial creada en la Cámara baja.
Agost Carreño mencionó que ya existen elementos probatorios que permiten rastrear los fondos inyectados en el token antes del colapso y las cuentas que beneficiaron al retirar esos fondos. “Ya hay fondos ingleses reclamando que se le pague a Davis con dinero de Argentina”, alertó y añadió que, según la normativa estadounidense, es posible identificar quiénes inyectaron primero y retiraron después, lo que podría llevar a los colaboradores de Milei.
El 30 de enero, a las 14 horas —el momento exacto en que comenzó la reunión entre Davis y Milei, según registros oficiales—, se realizó una transferencia de 499.000 dólares a Kraken, un banco virtual que convierte criptomonedas en dinero fiduciario. Este fue el primer movimiento de esa cuenta en diez días, según el periodista Federico González del Solar en La Nación.
Pocas horas después, 22 minutos antes de que Milei tuiteara su encuentro con Davis, esa misma billetera movió más de 3,4 millones de dólares. Ese dinero fue dirigido a wallets vinculadas a Kelsier Ventures, la empresa familiar de Davis, y a la plataforma Bitget. Según el especialista Fernando Molina, estos movimientos anticiparon lo que se convertiría en uno de los rugpulls más veloces del ecosistema cripto argentino.
En estas maniobras, los creadores de un activo inflan artificialmente su valor y generan expectativas a través de declaraciones públicas o información reservada, para luego retirar todos los fondos sincronizadamente, dejando a otros inversores con tokens sin valor. En este caso, el colapso fue inmediato: el 14 de febrero, a las 18:30, se creó el contrato del token y se habilitó el pool de liquidez, al que solo podían acceder quienes tuvieran el número exacto del contrato. Media hora después, Milei promocionó $LIBRA como una herramienta para financiar PyMEs. A las 19:02, el token alcanzó su máximo histórico, pero en pocos minutos se desplomó más del 99%. Al día siguiente, el Presidente borró el tuit.
Molina también registró nuevas transferencias millonarias desde la billetera personal de Davis, realizadas el 31 de enero, 3 y 13 de febrero. En total, suman más de 7 millones de dólares, movidos a diversas plataformas como Binance, muchas de las cuales no están incluidas en la investigación de la Justicia argentina. Además, se reconstruyó que, al día siguiente de una de esas transferencias, el 4 de febrero, Mauricio Novelli, uno de los operadores locales, abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia, la cual fue vaciada por su madre y hermana.
La Justicia estadounidense ha unificado este caso con otra demanda relacionada con el token $M3M3, bajo la supervisión de la jueza federal Jennifer Rochon. En este contexto, Davis ha negado haber cometido fraude y ha responsabilizado del colapso de $LIBRA a la eliminación del tuit de Milei. Además, admitió que una billetera sigue operando automáticamente a pesar de estar congelada, lo cual podría violar la orden judicial.
A nivel local, la causa judicial, bajo la dirección del fiscal federal Eduardo Taiano, avanza lentamente. Una de las querellas solicitó información a Binance, y aunque la plataforma respondió, el fiscal no incorporó los datos a la causa hasta ser presionado por los denunciantes. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, confirmó que ya se han identificado direcciones clave en el esquema de estafa. Por otro lado, el testimonio del tecnólogo Santiago Siri, interrogado por los diputados sobre las billeteras involucradas, busca ser utilizado también por la Justicia estadounidense a través de pedidos de cooperación.
La comisión cripto, constituida en abril bajo el impulso de bloques opositores, ha quedado neutralizada por un empate artificial: 14 miembros de cada bando, como sugirió Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO. Sin embargo, el golpe final vino después. Martín Menem, presidente de la Cámara y operador de Karina Milei, delegó la coordinación de la comisión en su secretario, Adrián Pagán, sin avanzar en convocatorias, lo que llevó a una parálisis.
Pese a la situación, la lucha por investigar el caso continúa. La semana pasada, después de un período prolongado de inacción, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, envió un pedido formal a Silvia Lospennato, presidenta de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, y al libertario Nicolás Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales, exigiendo tratar “de manera urgente y conjunta” su propuesta para reactivar la comisión investigadora. En el texto, Ferraro advierte que la demora impide el ejercicio de las facultades constitucionales de control del Poder Legislativo.
Su propuesta, que cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la izquierda y la UCR no alineada, sugiere una reforma institucional para sortear los empates que obstaculizan la designación de autoridades. Según el texto, en caso de empate, la presidencia deberá recaer en el candidato respaldado por los bloques que sumen más bancas, garantizando así un control opositor compuesto por 136 diputados en total. Además, propone que la vicepresidencia corresponda al candidato perdedor y que la secretaría sea definida por quienes apoyen al presidente.
El proyecto incluye también tres reformas clave: que la comisión funcione bajo el reglamento general de la Cámara; que el presidente tenga poder para desempatar votaciones internas, y que el plazo de tres meses para investigar se inicie solo una vez se definan las autoridades y el cronograma de trabajo.
A más de cinco meses del colapso de $LIBRA, el oficialismo aún no ha dado explicaciones. Si bien al principio Milei no figuraba entre los demandados, los últimos escritos lo mencionan cada vez con mayor claridad como un actor clave en el fraude. La decisión inicial de excluir tanto al Presidente como a su hermana Karina del litigio fue en gran medida una estrategia procesal de los demandantes, centrada en obtener un resarcimiento económico sin confrontar con el Estado argentino. Sin embargo, la evolución del caso revela un cambio de foco, y el cerco judicial sigue avanzando. Así, en plena campaña, la sombra de la estafa cripto comienza a proyectarse sobre la Casa Rosada.
