La trayectoria de Lorena Villaverde fue hasta hace poco un ejemplo de ascenso vertiginoso. Procedente del rubro turístico e inmobiliario de Río Negro, la actual diputada logró ubicarse en la mesa chica de La Libertad Avanza y se convirtió en una de las dirigentes de máxima confianza de Karina Milei, después de un intento fallido en el Senado. Sin embargo, detrás de esa imagen de renovación política, Villaverde acumula controversias: primero por un narcoescándalo de su pasado y ahora por un entramado judicial que la señala por una presunta estafa inmobiliaria cercana a los $100 millones.
El conflicto gira en torno al proyecto urbanístico “El Tajamar”, en la zona rural de Las Grutas, Río Negro. Lo que se promocionó como una inversión única en la costa patagónica hoy está denunciado como una maniobra de publicidad engañosa e incumplimiento contractual que dejó a numerosas familias desamparadas.
El origen
La investigación judicial, a cargo del Juzgado Nº 9 de San Antonio Oeste, indica que la operatoria consistía en la venta de terrenos por parte de Villaverde que, aunque existen, figuran registralmente como “parcelas rurales”. Esa condición técnica impide cualquier escrituración o urbanización legal salvo que se tramiten excepciones al código de planeamiento urbano, gestión que, según la acusación, nunca se realizó.
En esa trampa cayeron tres amigos: Martín Nicolás Larreguy, Hugo Maximiliano Cabral y Hugo Iván González. Oriundos de la zona de San Antonio Oeste, confiaron en la palabra de la entonces empresaria y a fines de 2020 compraron tres lotes en Las Grutas mediante boletas de compraventa. Los terrenos estaban identificados como los números 11, 12 y 13 de la manzana P, con superficies de 516.18 mts2, 495.84 mts2 y 494.21 mts2, respectivamente. “Con los ahorros de toda nuestra vida decidimos comprar esos lotes. El 30 de diciembre de 2020 nos reunimos en la casa de Villaverde en Las Grutas para firmar el boleto”, cuenta Larreguy.
En esa ocasión se rubricó un boleto de compraventa por un valor equivalente a $5.940.000. Entregaron un anticipo de $2.970 y acordaron pagar el saldo en 48 cuotas. Los contratos establecían un plazo de 10 meses para la entrega de los terrenos, prorrogable por otros 6 meses en caso de circunstancias excepcionales. Villaverde se comprometió a entregar las parcelas con apertura y enripiado de calles, red de agua potable y eléctrica, nivelación, cordón cuneta y alumbrado público.
El plazo de entrega vencía originalmente en agosto de 2022. Aunque los compradores abonaron la totalidad hacia fines de ese año, hoy, tres años después de la fecha estipulada, los terrenos siguen inaccesibles y sin servicios básicos.
Denuncia. A esto se suma una irregularidad: según la doctora Verónica Arizcuren, representante de los damnificados, Villaverde promocionó los lotes como de su propiedad cuando en realidad están involucrados en un litigio sucesorio con su hermano, lo que le impide transferir la posesión plena y legal. Los tres amigos describen la operación como una “estafa planificada”. “Nos vendieron lotes que legalmente no existían. Pagamos en cuotas, confiamos y después supimos que no podían entregarnos nada”, asegura Cabral. “Nos engañaron con publicidad y promesas de que Las Grutas iba a tener un barrio privado. Nunca hubo papeles, nunca hubo avances”, sostiene González.
La defensa de la diputada, encabezada por el doctor Gerardo Collado, atribuye las demoras a la pandemia de COVID-19. El letrado sostiene que el confinamiento paralizó a prestadores como Aguas Rionegrinas y EDERSA y complicó la importación de materiales. Ese argumento, sin embargo, fue calificado como “patético” por los denunciantes, quienes recuerdan que el boleto se firmó el 30 de diciembre de 2020, cuando las restricciones eran de público conocimiento. “Si ella siguió firmando contratos y cobrando cuotas durante ese período, es porque adquirió el riesgo”, plantea la querella.
La demanda fue presentada el 25 de septiembre de 2024 en el Juzgado Nº 9 de San Antonio Oeste, expediente SA-00223-C-2024. Los demandantes no solo piden la resolución del contrato, sino una reparación integral que asciende a $98.639.820,42. El detalle de la indemnización reclamada refleja la magnitud del perjuicio: “Daño Patrimonial ($6.960.976,17), por el valor actualizado de los terrenos y la devolución del dinero invertido, daño moral ($10.000.000), basado en el engaño, la frustración y la afectación psicológica de ver perdidos los ahorros familiares, daño punitivo ($19.934.460), multa civil destinada a sancionar la conducta de la proveedora por su falta de diligencia y desprecio por los derechos del consumidor, lucro cesante ($61.744.384,25), calculado sobre la renta que los compradores dejaron de percibir al no poder alquilar o utilizar las propiedades durante estos años”.
La abogada Arizcuren afirma: “Dejaron a mis mandantes solos, sin asistencia y a la deriva. La legislación exige proporcionar al damnificado una reparación integral de los daños patrimoniales y/o extrapatrimoniales ocasionados, ninguno de los cuales debe quedar sin la debida reparación”.
Cruces
Desde el entorno de la diputada intentaron desviar la atención calificando la causa como una “operación política” de la oposición. En mensajes enviados por correo electrónico, Villaverde sugirió que las denuncias son “carpetazos” impulsados por sectores del kirchnerismo rionegrino. No obstante, las pruebas aportadas por los damnificados apuntan en sentido contrario.
Entre el material presentado ante la Justicia figuran recibos de pago con la firma de puño y letra de Lorena Villaverde, transferencias bancarias destinadas a ella y a proveedores que ella misma indicaba, facturas de ARCA emitidas por Villaverde por montos específicos de las cuotas y hasta grabaciones con Javier Rubio, administrador de Villaverde, en las que éste admite que los plazos están vencidos y que “no puede asegurar tiempos” porque carece de información logística y operativa clara.
En la actualidad la causa está en etapa probatoria. La abogada Arizcuren solicitó la inhibición general de bienes y el embargo de los activos de la diputada para asegurar que, en caso de un fallo favorable, los damnificados puedan recuperar sus fondos. A fines del año pasado, el juez Santiago Morán, de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, trabó un embargo sobre la dieta de la diputada hasta cubrir los $40,5 millones.
Lo que más inquieta a la comunidad es que, según testimonios, la venta de lotes bajo esta modalidad podría haber continuado por como Instagram (@Urbanizacionvillaverdelg) y bajo el nombre “Villa Verde Las Grutas”, pese a que el sitio web oficial fue dado de baja.
El caso de Lorena Villaverde excede lo estrictamente inmobiliario y plantea un dilema de ética pública. A medida que avanza la Justicia rionegrina, queda en el aire la pregunta sobre si un representante del pueblo puede mantener su cargo mientras enfrenta acusaciones tan graves de haber defraudado a sus propios vecinos.
*Por Norma Cabada, Magalí Saja, Matías Luna y Micaela Serrano, estudiantes de estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires.
por Norma Cabada, Magalí Saja, Matías Luna y Micaela Serrano
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