La investigación sobre supuestas irregularidades en la Mutual 10 de Abril, inicialmente archivada en la Justicia ordinaria por no configurarse el delito de estafa, ha sido trasladada al fuero federal debido a indicios de lavado de activos. El juez federal Leandro Ríos remitió el caso al fiscal Leandro Ardoy, quien solicitó la ratificación de la denuncia y está a la espera de iniciar las primeras diligencias o decidir el rumbo de la investigación.

El fiscal federal Leandro Ardoy lidera la investigación sobre el presunto vaciamiento de la Mutual 10 de Abril y el incumplimiento de la normativa contra el lavado de activos. Según fuentes judiciales, el caso llegó al fuero federal tras el archivo en la Justicia ordinaria, donde el fiscal Santiago Alfieri Porqueres determinó que no había estafa, pero sí evidencias de posibles maniobras de lavado. El juez Ríos, titular del Juzgado Federal Nº1 de Paraná, derivó el expediente al fiscal Ardoy para su análisis.

La pesquisa comenzó tras la intervención de la mutual por parte de Oscar Hundt, designado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) el 30 de agosto de 2023, luego de un informe de auditoría realizado por la contadora Carolina González. Hundt asumió formalmente como interventor el 27 de septiembre de 2023, constatando que la mutual no contaba con fondos ni valores en ese momento.

Acciones recientes en la mutual

El 13 de agosto de 2025, en la sede de la mutual ubicada en calle Alem 174, Paraná, se llevó a cabo una reunión del Consejo Directivo liderada por Hundt. En ella, se analizó el padrón de socios activos y se resolvió sobre la situación de 64 socios con deudas de cuotas sociales acumuladas entre 7 y 13 años. Entre ellos figuraban miembros del directorio y personas sospechadas de participar en las maniobras de lavado investigadas.

Personas involucradas

Entre los mencionados en la investigación están:

• Guillermo Fabián Caino, administrador de Panca SAS y exesposo de Carina Feltes, quien aparece como cesionaria de un mutuo por 48.000.000 pesos. Feltes es madre de Agustina Caino, apoderada de la mutual.

• Jacinto Fabián Elgadban, presidente de la mutual.

• Marta Gervasoni, secretaria e integrante del directorio.

• Eduardo Alberto Tropini, vinculado a un contrato de mutuo en dólares por 400.000 pesos.

La investigación se centra en el presunto vaciamiento de la mutual, irregularidades en su gestión y posibles violaciones a la Ley 25.246, que regula la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta norma, sancionada en 2000, creó la Unidad de Información Financiera (UIF) y estableció obligaciones para los sujetos obligados, además de sanciones penales por incumplimientos.

Irregularidades denunciadas

Entre las irregularidades detectadas se destaca que el oficial de cumplimiento de las normas de la UIF es el padre de la apoderada de la mutual, esposo de la cesionaria de un mutuo y señalado como principal sospechoso en denuncias por estafa presentadas en la Justicia ordinaria. Además, se identificaron actos jurídicos que comprometían a la mutual de manera ilegítima, como operaciones con dólares que no ingresaban a la contabilidad, pero generaban deudas para la entidad.

Entre los socios adherentes figuran empresas como SM Grupo SA, Sociedad Anónima Entre Ríos, CYME SRL, D&C Construcciones SRL, CAT del Litoral, Federación Entrerriana de Voleibol, La Agrícola Regional, La Dalma SRL, Rizzi Distribuciones, Szczech SA, Transer SRL, Transportes y Canteras el Antonio SRL y Vivescas SRL.

Operaciones bajo sospecha

La investigación incluye:

• Una cesión de crédito por 27.000.000 pesos a favor de Panca SAS, derivada de un préstamo del mismo monto, con tres cuotas ya pagadas al momento de la intervención.

• Un contrato de cesión y dación en pago por 48.000.000 pesos a favor de Carina Feltes, originado en un préstamo de 130.000 dólares supuestamente cancelado con la entrega de dos dúplex, valuados a un tipo de cambio de 369,23 pesos por dólar.

• La venta irregular de un inmueble en construcción, donde la mutual vendió el 50% a Caino por 200.000 dólares, habiéndolo adquirido previamente por 270.000 dólares. El pago, realizado en pesos 40 días después, se calculó con un tipo de cambio oficial menor al del mercado. Además, se detectaron retiros de 14.000.000 pesos hacia CYME SRL y Caino sin justificación.

• La venta de un vehículo en marzo de 2023, sin registro de ingresos en la contabilidad. Un contrato de reconocimiento de deuda por 2.700.000 pesos y un valor de venta de 5.200.000 pesos fueron enviados por correo en febrero de 2024, con una factura notarial emitida en diciembre de 2023, lo que sugiere que la documentación fue creada para justificar la operación. El beneficiario señalado es Torrelday.

La investigación busca esclarecer estas operaciones y determinar las responsabilidades por el presunto vaciamiento y las irregularidades en la Mutual 10 de Abril, con un enfoque en el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de activos.

Fuente: APFDigital