La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Víctor Adrián Godoy, quien fue administrador y apoderado legal de cuatro instituciones educativas privadas dependientes del Arzobispado de Paraná. Esta medida, que abarca el periodo entre 2019 y agosto de 2024, tiene como objetivo esclarecer una supuesta maniobra de defraudación a la administración pública que implica el desvío de fondos estatales destinados al pago de sueldos y cargas sociales del personal docente.
Godoy gestionaba las cuentas de las escuelas “Nuestra Señora de la Esperanza”, “Santa Lucía”, “Torres Vilches” y “Nuestra Señora de Fátima”, y se le acusa de haber utilizado su posición para transferir recursos públicos a cuentas personales. Aunque aún no se ha establecido el monto exacto, se estima que la cifra ronda los 93 millones de pesos.
La investigación, según informaron a AHORA, se inició tras una denuncia del Consejo General de Educación (CGE), que detectó rendiciones de cuentas fraudulentas y comprobantes falsos, especialmente en la escuela “Nuestra Señora de Fátima” D-117, donde se habrían simulado pagos de aportes previsionales que nunca se realizaron.
Durante la audiencia, la querella particular en representación del Arzobispado, liderada por Leopoldo Lambruschini, y la Fiscalía, bajo la dirección de Gonzalo Badano, coincidieron en la necesidad de levantar el secreto bancario para rastrear el destino de los fondos.
La defensa, representada por Ricardo Mulone, se opuso a esta solicitud, argumentando que su cliente no había sido indagado formalmente y que podrían existir otros involucrados en la trama.
Sin embargo, Firpo recordó que las acusaciones contra Godoy eran suficientes para permitir que el Arzobispado se constituyera como querellante y que el imputado había tenido la oportunidad de ejercer su defensa en todo momento.
A pesar de las diferencias entre Fiscalía y querella sobre el periodo a investigar, ambas partes coinciden en la necesidad de determinar si Godoy actuó solo o si hubo terceros involucrados en la maniobra, ya sea como coautores o partícipes.
En este contexto, se mencionó en la audiencia que otra persona tenía acceso a las claves bancarias de las escuelas, aunque se señaló que esta persona las había entregado de manera voluntaria. Lo que queda por definir es si esta acción fue consecuencia de negligencia, confianza personal o connivencia.
La jueza también recordó que en agosto de 2024, cuando la causa aún era incipiente, se habían solicitado medidas similares, pero enfocadas en las instituciones educativas. Ahora, con el avance de la investigación, se busca reconstruir el circuito financiero que permitió el supuesto desfalco, que no solo perjudicó al CGE sino también al Arzobispado, al dejar a las escuelas sin recursos para hacer frente a las deudas con la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Firpo rechazó la petición de la Fiscalía de extender la investigación hasta el presente, pero aprobó revisar las operaciones realizadas por Godoy hasta el momento de la denuncia.
