A pocos días de que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) retome la agenda del gobierno nacional, que propone recortes y cambios en el organismo, un grupo de profesionales autoconvocados presentó un plan de transformación. En un documento dirigido a las autoridades nacionales, plantearon pasar de una estructura rígida y territorial a una institución ágil, centrada en la frontera tecnológica y en la inteligencia artificial, con el objetivo de evitar su desmantelamiento.
Se trata del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), que durante diciembre y enero terminó de elaborar un documento que ya llegó a los despachos de las máximas autoridades. La institución presentó una propuesta de reforma integral, creada por un equipo de expertos que consideran inevitable una “motosierra” estatal y sostienen que la única forma de preservar la función estratégica del organismo es mediante una reinvención total.
Cabe recordar que el Gobierno impulsa un plan de reforma del INTA que busca transformar su estructura con cambios significativos, entre ellos la apertura de una mesa de trabajo con la Mesa de Enlace para avanzar en un documento con una “hoja de ruta” de siete ejes generales. El plan contempla un programa de retiros voluntarios, la cesión o desafectación de miles de hectáreas que hoy administra el instituto y la modificación de los centros regionales. Estas medidas forman parte de un intento más amplio por reconfigurar la organización y el funcionamiento del INTA, buscar mayor “eficiencia” según el Ejecutivo y redefinir su rol, inquietando a sectores del campo y a los trabajadores por su impacto en la investigación y en la presencia territorial del organismo.
Por su parte, el documento del CARI que sustenta la propuesta sostiene que, aunque el INTA fue exitoso en sus primeras décadas, hoy enfrenta serias dificultades para adaptarse a los profundos cambios de la innovación tecnológica global. Los expertos advierten que la dispersión de recursos en numerosos programas de escasa cobertura regional ha debilitado la capacidad de impacto de la institución.
El personal de INTA Castelar cuando se manifestó en defensa del organismo frente al desmantelamiento. Gentileza
La premisa del grupo es clara: el Estado mantiene responsabilidades en la generación de bienes públicos estratégicos, pero la estructura actual del INTA es “rígida” y no responde con la velocidad que exige el sector agroindustrial moderno.
La propuesta no se limita a recortes: busca “revalorizar” la función pública mediante la modernización. Entre los puntos destacados figuran tecnologías de avanzada, con la adopción transversal de Inteligencia Artificial (IA), ciencia de datos, prestaciones satelitales y sensores para fortalecer los Programas Nacionales estratégicos; y flexibilidad operativa, sustituyendo estructuras estáticas por unidades funcionales sensibles a los cambios del sector.
Además, proponen una rápida selección de personal dispuesto a readaptarse y la formación de nuevos cuadros técnicos orientados a tecnologías de frontera. Señalan que es imprescindible concentrar los escasos recursos en áreas donde la competitividad y la sustentabilidad dependen de manera crítica del conocimiento científico.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la revisión de la estructura de extensión: el plan plantea una racionalización de las estaciones experimentales basada en criterios productivos y ecosistémicos.
“Cuando se habla de cambiar las estructuras territoriales, se hace referencia concreta a los Centros Regionales, estaciones experimentales y agencias de extensión rural. Se parte del supuesto que, a través de los años, estas estructuras se convirtieron en unidades rígidas y burocráticas, con escasa capacidad de reacción frente a los cambios acelerados que experimentó la tecnología agropecuaria en Argentina. La dinámica de estos tiempos demanda su revisión. En este cambio se parte de la base que una nueva organización del INTA implica asumir que las prioridades establecidas por un listado de Programas Nacionales estratégicos reemplazan a los programas y proyectos regionales tradicionales. De esta manera, se intenta concentrar los recursos (escasos) y los esfuerzos en áreas estratégicas que son definidas a nivel nacional, evitando la dispersión en una multitud de programas y proyectos con un restringido alcance territorial o regional”, mencionan.
La Estación Experimental del INTA en Trevelin. INTA
Recomiendan que las Agencias de Extensión, las cuales, según el documento, deberían ser “virtualmente eliminadas en la Región Pampeana” y disminuidas sustancialmente en el resto del país, puedan ser transferidas a las provincias que deseen financiarlas.
El objetivo es establecer un “nuevo mandato” centrado en la excelencia científica, la articulación con la frontera internacional del conocimiento y la provisión de información crítica para la toma de decisiones, tanto públicas como privadas.
“Se propone sustituir las mismas por unidades funcionales sensibles para captar los cambios y demandas del sector productivo, y flexibles para reaccionar con rapidez. La base de la flexibilización será la adopción de un conjunto de tecnologías de avanzada (IA, ciencia de datos, prestaciones satelitales, modelos, uso de sensores, etc.) que contribuirán transversalmente a fortalecer los servicios de todos los Programas Nacionales estratégicos. Esto requiere una rápida selección de los recursos humanos dispuestos a readaptarse, y la formación de nuevos recursos humanos dispuestos a incorporar las nuevas tecnologías de avanzada. Sobre esa base se construirán las futuras funciones del INTA que servirán tanto al sector público como al privado”, afirmaron.
Subrayan que se trata de orientaciones estratégicas destinadas a aportar insumos para un debate necesario. El desafío planteado al Gobierno es reformar el INTA para que deje de ser una proyección del pasado y se convierta en el motor de la innovación que el agro argentino necesita para competir en el siglo XXI.
