El juez federal de Rosario Gastón Salmain lanzó una polémica e insólita estrategia de defensa. Esta martes tenía que presentarse a prestar indagatoria ante el juez federal Carlos Vera Barros precisamente para dar explicaciones en esa causa: pidió licencia por un cuadro de “vértigo”, designó un abogado defensor que tuvo entre sus clientes a un sicario de la banda de Los Monos, reclamó que se respeten sus fueros como juez para ser investigado y pidió al gobierno de Milei investigar si una abogada es espía de la SIDE. Además, de estar siendo investigando por un supuesto pedido de una coima de 2 millones de dólares y mentir en su currículum para ser nombrado juez federal.
“Vengo por el presente a rechazar y dejar expuesto mi más enérgico repudio a la forma en que se está tratando a un magistrado designado constitucionalmente y al allanamiento realizado sobre el juzgado federal n° 1. Como es de su público conocimiento, resulto ser magistrado titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, a mi cargo desde el día 15 de mayo de 2023 -fecha en la que presté el pertinente juramento de ley; lo que implica no solo la protección constitucional a dicha investidura, sino un trato adecuado a tal condición”, escribió.
Salmain agregó: “el suscripto quiere dejar de manifiesto -en este primer momento procesal- que el carácter de magistrado que detento, imposibilita desde el punto de vista jurídico una persecución penal absolutamente ilegitima como mal pretende el Ministerio Publico de la Acusación. Resulta de público conocimiento para VS lo regulado en la Ley 24.937 y Ley 26.080 — Consejo de la Magistratura, art. 115 Constitución Nacional y en especial la Ley 25.320 (Ley de Fueros), que consagran inmunidades, límites funcionales y de competencia respecto de la forma en que un juez puede ser investigado, citado o allanado”. En ese contexto reclamó explicaciones sobre el allanamiento que se hizo en su despacho, lo que calificó como “tamaño atropello”.
Según consta en su presentación, Salmain designó como abogado defensor al reconocido penalista rosarino Ignacio Carbone, que defendió a barras de la banda de Newell, a un integrante del clan “Los Monos” -Andrés “El Gitano” Fernández- y a Matías Messi, hermano de la estrella de la selección. También asesoró a Patricio Serjal, un fiscal de Rosario que acaba de ser condenado a nueve años de prisión por sus vínculos con el juego clandestino.
La novedad sobre Salmain más insólita no radica en Rosario sino que tramita en Buenos Aires: impulsa una causa para que la justicia investigue a una de sus ex competidoras en el concurso para ser juez y la acusa de haber violado secretos de Estado. La raíz de la denuncia radica en el trámite de consultas ante el Senado cuando otra de las aspirantes a ser jueza, que no fue elegida por el Ejecutivo, quiso saber si el postulante del gobierno de Alberto Fernández para ser juez federal había sido agente orgánico o inorgánico de la SIDE. Ya convertido en juez, Salmain la denunció, pidió el allanamiento a su casa y el secuestrador de sus dispositivos electrónicos y hasta reclamó que el Gobierno de Javier Milei informe en la causa si fue o es un espía.
El juez federal Sebastián Casanello acaba de ordenar por segunda vez el archivo de la causa: primero la fiscal Paloma Ochoa dijo que no existía delito y, después, con Salmain como querellante, el juez entendió que las medidas de prueba que el juez de Rosario impulsaba no tenían justificación. Salmain apeló. La decisión está ahora en manos de la Sala II de la Cámara Federal Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
La causa, que hasta ahora no se conocía, se inició en junio del 2024 cuando Salmain, ya convertido en juez, denuncio a la abogada Silvana Pérez Talamonti, oriunda de Rosario, que también competía por ser jueza federal en esa jurisdicción y que había impugnado su candidatura cuando el presidente Alberto Fernández mandó en junio del 2022 su pliego al Senado. En el trámite abierto a la ciudadanía para hacer preguntas a los candidatos, la abogada, que trabajaba para el ANSES, pidió que le preguntaran “si se desempeñó -en algún momento de su trayectoria- en la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) ley 25520 o en la ex SIDE como personal orgánico o inorgánico”.
“Si dicha circunstancia fuera cierta, la misma habría incurrido en la comisión de los delitos previstos y reprimidos por los artículos 222 y/o 223 del Código Penal de la Nación”, escribió Salmain en la denuncia. Y acotó que la denunciada “habría ingresado en el conocimiento público de cuestiones que le estaban prohibidas divulgar, a poco de tener en cuenta el derecho al acceso público del que gozan los expedientes como el que tramitara iniciado por la aquí denunciada, con su inevitable trascendencia pública”.
Por eso Salmian pidió el secuestro del celular de la abogada, el allanamiento a su casa, la intervención de su casilla de correo y la solicitud al Congreso Nacional de las actuaciones administrativas del pliego que envió Alberto Fernández. La fiscal Ochoa desestimó el caso: dijo que la formulación del “interrogante-pregunta” sobre un eventual vínculo con la SIDE “no reveló información ni la afirmo, sino por el contrario la demandó” y por lo tanto no existió no hubo secreto ilegalmente revelado. El caso fue archivado el año pasado. Pero Salmain apeló y la Cámara Federal porteña le concedió el rol de querellante e instó a Casanello a evaluar las medidas de prueba que el juez solicitaba, como acusador privado.
La semana pasada, Casanello dijo que “la única medida solicitada por Salmain que no implicaba una coerción procesal consistíamos en recabar información en las actuaciones administrativas” del Senado. Así, el juez reconstruyó cómo el pliego fue enviado por Alberto Fernández y su ministro de Justicia, el hoy diputado Martín Soria, el 28 de junio del 2022, junto a otros 32 pliegos para magistrados en Buenos Aires, Chubut, Salta, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.
También detalló cómo se llevaron adelante las audiencias personales (“en donde las autoridades dieron cuenta de la observación efectuada por Pérez Talamonti, mas no su contenido”) y cómo el candidato Salmain respondió las consultas, incluso anunciándooslas que se mudaría a la ciudad de Rosario, algo que -según la denuncia en el Consejo de la Magistratura del gremio de los judiciales que encabeza Julio Piumato- no hizo. En abril del 2023, el interbloque Frente de Todos elevó la nota a la entonces presidenta del Senado, Cristina Kirchner, dando su aval al postulante y el 25 de abril de ese año Fernández lo nombro juez federal número 1 de Rosario.
Casanello descartó las otras medidas de propuestas por Salmain como “secuestro, allanamiento o intervenciones telefónicas” porque “suponen una severa injerencia en derechos protegidos constitucionalmente”. También afirmó que no se entiende cómo podrían ser relevante esas medidas “a más de un año de la denuncia y más de tres años desde que ocurrió el hecho denunciado”.
“Igual suerte correrá la diligencia propuesta en su última presentación, orientada a que la SIDE informe si el propio querellante había sido agente del organismo de inteligencia. Por un lado, la sensibilidad de la propuesta carece del presupuesto que la justifique” y por otro “no se advierte la pertinencia ni utilidad, y hasta resultaría contradictoria con la hipótesis de reproche introducida por el propio querellante”, dijo el juez.
