—Hace pocos días usted fue elegida nuevamente presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad por quinto mandato consecutivo y por unanimidad. Y dado que el Tribunal Superior de Justicia existe a partir de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que en términos históricos no es hace tantos años, todavía hay superposición entre la Justicia nacional y la de la Ciudad, me gustaría conocer cuál es su balance.
—El balance es positivo, aunque el avance ha sido paulatino. La reforma constitucional de 1994 reconoció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y, con rapidez, el Congreso Nacional fue reemplazado por la Legislatura de la Ciudad y el intendente por el jefe de Gobierno. En el ámbito judicial ese proceso fue más lento. En los primeros pasos se creó la justicia contencioso administrativa de la Ciudad y se instalaron fueros penales de menor tamaño. Mediante diversos convenios se transfirieron mayores competencias penales a la Ciudad, pero aún permanecen delitos que no fueron traspasados. En lo civil, comercial y laboral siguen actuando jueces en la llamada Justicia nacional. La Corte Suprema ha señalado que lo “nacional” no equivale a “federal”, sino a local. La existencia de una Justicia nacional tenía sentido cuando había una Capital Federal y territorios nacionales; hoy ya no existen ni Capital Federal ni territorios nacionales, por lo que la estructura resulta anacrónica. Y ahora, con la sentencia de la Corte Suprema —conocida como doctrina Levinas— la Corte decidió por mayoría, en diciembre del año pasado, que no entenderá en materia civil, comercial o laboral sin que previamente la causa haya pasado por el Tribunal Superior de la Ciudad.
—Casualmente el año pasado la Corte Suprema reconoció al Tribunal Superior de Justicia como la autoridad para revisar todas las causas de la llamada Justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad, esto modificó obviamente el tablero institucional, pero continúan esos conflictos de competencia en algunos fueros. Esto, a su juicio, ¿obedece a que la Constitución Nacional no hace que los fallos de la Corte Suprema sean obligados para ser seguidos en casos similares y que cada caso tenga que volver a la Corte Suprema para volver a bajar al Tribunal Superior?
—Esa fue una de las preguntas que usted le formuló al doctor Rosatti. En nuestro sistema los fallos no son vinculantes de la misma manera que en el common law; el precedente no tiene carácter obligatorio. Eso no impide, sin embargo, que los jueces, por economía procesal, sigamos la jurisprudencia. Un juez prudente acata la interpretación del tribunal de mayor jerarquía cuando la composición del tribunal no cambia, porque sabe que, de no hacerlo, la sentencia probablemente será modificada y se generaría un desgaste innecesario para las partes. Cuando yo era jueza de cámara, si discrepaba de una resolución del Tribunal Superior, dejaba constancia de mi opinión pero aplicaba la decisión del tribunal superior: lo contrario solo implicaba hacer perder tiempo a las partes y aumentar costos.
—¿Cuáles son, a su criterio, las funciones constitucionales centrales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y cómo se deberían articular en esas superposiciones con la Justicia nacional?
—A mi entender no existe una verdadera superposición si se respeta la lógica de las instancias: sala de primera y segunda instancia son las encargadas de evaluar la prueba. Al Tribunal Superior y a la Corte Suprema solo deben llegar los casos que planteen arbitrariedad o cuestiones de inconstitucionalidad; no corresponde que se revisen indefinidamente decisiones basadas en hechos y pruebas, porque eso sería interminable. Cada juez y cada tribunal pueden valorar los hechos de maneras diferentes, pero los procesos deben tener un inicio y un fin.
—Leí una mención suya que entre enero y mediados de agosto el Tribunal Superior de Justicia gestionó 3.917 causas de las cuales 2.884 derivan directamente del fallo Levinas, que usted citó, y de ese total, 2.551 corresponden a casos laborales, 259 a civiles, 64 a penales y los diez restantes a otros temas. Me gustaría primero decir, si el 85% son casos laborales, ¿cuál es el problema en lo laboral? ¿Por qué tantos casos en los laboral y no en las otras áreas?
—Hay una enorme cantidad de causas. Se habla de la “industria del juicio” y de las cámaras laborales, pero también existe mucha imprecisión al generalizar. En nuestro país establecer una pauta de actualización es muy complejo porque la inflación ha variado mucho entre 2017, 2018, 2019, 2020 y los años siguientes; no es lo mismo una inflación que otra. Ni los jueces del fuero laboral, ni el Tribunal Superior, ni la Corte Suprema disponemos de una solución mágica: actualizar valores es una tarea sumamente dificultosa. Entiendo que el Banco Central está trabajando en una pauta de actualización, pero para los jueces eso resulta complicado. Además, hay diferencias propias del fuero: en lo civil y comercial el impulso del proceso depende de las partes y, si estas no lo promueven, la causa puede archivarse; en lo laboral, en cambio, no se archiva y la responsabilidad recae en el juez, por lo que un expediente puede permanecer “dormido” durante mucho tiempo si no se impulsa. Cuanto más tiempo vive una causa, más difícil resulta fijar su valor actualizado. En definitiva, todos salimos perjudicados: por ejemplo, el trabajador que tiene una causa de 2017 difícilmente recibió una reparación útil al momento del despido o del accidente.
—Me gustaría si usted pudiera explicar de una manera didáctica para legos qué significa el fallo Levinas.
—El fallo Levinas establece que la justicia que aún se denomina nacional en materia civil, comercial y laboral funciona como justicia local en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que, al igual que en las demás provincias, antes de que una causa llegue a la Corte Suprema debe haber pasado por el Tribunal Superior de la jurisdicción. Así como una sentencia civil, comercial o laboral en Córdoba o Santa Fe debe pasar por el tribunal provincial correspondiente antes de alcanzar la Corte Suprema, lo mismo aplica para la Ciudad de Buenos Aires: no pueden venir causas directamente a la Corte Suprema sin antes pasar por el Tribunal Superior.
—Entonces todos los llamados Tribunales Nacionales, me recuerdan a la Policía Federal y Policía de la ciudad. En realidad, todos los tribunales llamados nacionales deberían ser…
—Según la Corte, son locales.
—¿Por qué esos jueces no pasan también a la jurisdicción de la Ciudad?
—Aquí entra en juego otra cuestión constitucional: la coparticipación. Si fuéramos un país con pautas de inflación sencillas para calcular intereses y con una coparticipación adecuada, la Ciudad de Buenos Aires podría nombrar a todos los jueces “nacionales” locales. Hoy la coparticipación sigue regida por la ley transitoria de 1988, cuando la Ciudad era considerada parte de la Nación. La Ciudad no dispone de la coparticipación necesaria y depende de convenios y transferencias con la Nación para que las competencias se traspasen junto con las partidas presupuestarias.
—¿Cómo imagina el traspaso definitivo de esos distintos fueros de la Justicia, llamada nacional, para que pasen a ser de la Ciudad?
—Si existe voluntad política, el traspaso es factible y este momento es propicio por la cantidad de vacantes existentes. Entiendo que un juez nombrado como juez nacional puede no querer pasar a la órbita de la Ciudad, y tampoco es imprescindible que lo haga: hay numerosas vacantes —según lo que se publica en los medios, gran parte de la justicia nacional permanece sin cubrir—, y esas vacantes podrían aprovecharse para incorporar magistrados a la Ciudad mientras los jueces nacionales conservan las causas a su cargo. En la provincia de Buenos Aires, cuando se reformó la justicia penal y se crearon juzgados de garantía, los jueces que ya tenían causas quedaron en una justicia residual; por tanto, con voluntad política no lo veo complejo.
—O sea, usted lo que imagina es que probablemente dentro de diez años nos encontremos con que ya se haya hecho ese traspaso.
—Sería lo razonable. Ahora, en la Argentina lo razonable no necesariamente ocurre.
—Y, por ejemplo, en el conflictivo fuero laboral, sería que las causas que se tramitan en los actuales juzgados “nacionales” continuarían en ellos y los nuevos pasarían a los juzgados laborales de la Ciudad…
—Que debería crear la Ciudad.
—¿Es una decisión autónoma de la Ciudad si tuviera dispuesta a pagar su costo?
—Entiendo que sí. Habría protestas y amparos, pero considero que la Ciudad debería asumir esa decisión.
—“En la Ciudad se produce el 25% del PBI y es fundamental contar con un sistema judicial ágil, autónomo y que responda a sus necesidades” –sostuvo Jorge Macri. Como las principales empresas argentinas tienen sede en la Ciudad, ¿la seguridad jurídica que tanto reclaman para las inversiones, las grandes empresas también en gran medida dependen de la competencia y el respeto que pueda generar el Tribunal Superior Judicial de la Ciudad?
—Sí. Los cinco jueces intentamos establecer normas claras y previsibles. La previsibilidad es, creo, nuestro mayor aporte: no podemos garantizar un resultado, pero sí brindar seguridad sobre cómo se resolverán los conflictos.
—¿El definitivo traspaso de los juzgados nacionales a la Ciudad sería parte de esa mejora de la seguridad jurídica?
—Sí, porque en términos de percepción pública no hay grandes cuestionamientos a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1998, cuando se creó primero el fuero penal y después el contencioso administrativo de la Ciudad, hubo muy pocos jurys de enjuiciamiento y pocas acusaciones contra jueces; en cambio, en la órbita nacional hubo numerosas destituciones. El mecanismo de nombramiento en la Ciudad —a través del Consejo de la Magistratura local, con participación de la Legislatura, de la abogacía y de los jueces de la Ciudad, tal como lo establece la Constitución local— ofrece, a mi juicio, mayores garantías y produce magistrados más comprometidos con la jurisdicción, que además deben rendir cuentas al ciudadano porteño. En cambio, un juez nombrado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, con representación de legisladores nacionales, tiene una responsabilidad distinta frente al vecino porteño.
INDEPENDENCIA POLÍTICA
—Usted ha dicho: “acá, en Argentina, en comparación con Alemania, se confunde mucho la independencia con no pertenecer a un partido político”. ¿Cómo definiría entonces lo que es la verdadera independencia y cómo se puede al mismo tiempo tener ideas políticas y participar de un partido político?
—Todos tenemos ideas políticas y es saludable tenerlas, porque somos ciudadanos que participamos en la vida pública; sin embargo, esas convicciones no deben condicionar nuestra valoración del caso concreto. Creo que es posible separar la militancia o las ideas personales del ejercicio imparcial del juzgamiento.
—En otra entrevista usted dijo textualmente: “Con Carlos Menem, para mí, nació el desprestigio judicial”, pasaron ya más de 30 años, ¿por qué cree que ahí comenzó y cómo fue evolucionando ese desprestigio?
—Durante el menemismo, a pesar de que le estoy personalmente agradecida a Carlos Menem por haberme propuesto como jueza nacional en lo civil —lo cual valoro—, institucionalmente fue muy dañina la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros para lograr una mayoría de jueces designados por ese gobierno. Esa decisión no contribuyó a la confianza ciudadana en la Justicia y tuvo consecuencias palpables. A veces los recursos coyunturales que un gobierno necesita para sostenerse no coinciden con lo que constitucionalmente o republicanamente es lo correcto; el corto y el mediano plazo pueden entrar en conflicto.
—Usted también decía: “Debemos preguntarnos por qué llegamos a este punto de que nuestros expresidentes terminan acusados o procesados”. ¿Que por un lado, la Justicia pueda llegar a procesar y a condenarlos, y por el otro lado, que sean tantos al mismo tiempo, ¿es una señal de fortaleza institucional o de deterioro institucional?
—No lo interpreto como una fortaleza. Si las acusaciones son fundadas significa que hubo fallas previas: un gobernante no debería permanecer tanto tiempo en el poder con la connivencia de la sociedad, porque todos votamos. Si se cometen actos que después llevan a una acusación penal, la sanción de la opinión pública debería llegar mucho antes. Hay ejemplos como Wulff, un presidente alemán que debió renunciar por un escándalo de un préstamo a tasa preferencial; tuvo que apartarse por hechos menores en comparación con otros escándalos. Que exmandatarios terminen presos, como ha ocurrido en algunos países latinoamericanos, no me parece un buen síntoma institucional.
—¿Cuál sería el principal déficit ahí? ¿Es un déficit de que no actúa a tiempo el Poder Judicial? ¿Es un déficit de la tolerancia de la ciudadanía?
—Creo que, en general, los argentinos somos bastante tolerantes.
—Usted sostuvo también, “la Justicia nos atraviesa de un modo que antes no ocurría”, mencionó casos como el del corralito. Me gustaría que le contara a la audiencia, lega en aspectos judiciales, cómo cada vez más, la Justicia va ocupando espacios más relevantes frente a la opinión pública.
—El desprestigio de la Justicia no es una novedad. Recuerdo que en 2000 se hablaba también de pérdida de confianza, pero cuando se sancionó la ley que impuso restricciones a los depósitos en dólares —el corralito— miles de ciudadanos acudieron a los tribunales de todo el país. Los jueces, con estilos diversos, tuvieron que dar soluciones concretas: algunos actuaron de inmediato, otros fijaron límites o plazos para recuperar los fondos. En conjunto, los tribunales trabajaron para resolver los numerosos casos que surgieron.
GÉNERO
—En el Tribunal Superior de Justicia, sobre cinco miembros, tres son mujeres. La Corte actual tiene tres miembros, todos hombres. ¿Deberían ser mujeres los dos integrantes a sumarse para completar los cinco jueces y cuál es su visión de cómo se debería integrar en cuestión de género nuestra Corte Suprema?
—Si la Corte se hubiera integrado con los doctores Lijo y García Mansilla, más allá de sus cualidades personales, yo, como mujer y como argentina, no me hubiera sentido representada por esa composición en un país donde la mayoría del estamento jurídico es femenino. Una Corte Suprema de cinco integrantes que no incluya a, al menos, dos mujeres no me representa. No se trata solo de representación: hombres y mujeres aportamos perspectivas distintas y complementarias; tampoco sería deseable una Corte compuesta únicamente por mujeres.
—En ese caso, por su propia experiencia tanto a nivel local como internacional, como mencionaba en el Supremo Tribunal de la Ciudad, son tres mujeres y en el caso internacional también hay una paridad de género mayor que en nuestra Corte Suprema, ¿cuál es su experiencia de lo que aporta ese intercambio entre los distintos géneros cuando tienen que intervenir para tomar decisiones judiciales?
—La experiencia en tribunales internacionales ha sido diversa y ha evolucionado. El 25 de mayo de 2003 juré como jueza del Tribunal Penal para Ruanda en Arusha, Tanzania, y existían dos tribunales paralelos —el de la ex-Yugoslavia y el de Ruanda— con una Cámara de Apelaciones común integrada mayoritariamente por jueces del tribunal de la ex-Yugoslavia. Poco después me asignaron a esa cámara de apelaciones, a pesar de ser nueva, porque en la ex-Yugoslavia casi todos los jueces eran hombres y mi incorporación además cubría la cuota no europea y la femenina. Posteriormente estuve en La Haya; en Arusha la composición permitió una mayor presencia femenina porque a muchos hombres no los atraía vivir allí. Fue una experiencia enriquecedora y, al mismo tiempo, reveladora sobre cómo la diversidad influye en las deliberaciones.
—Queda claro el techo de cristal, quedan claras las diferentes prioridades. Pero concretamente, ¿qué le aporta la mujer que el hombre no puede aportar, qué ven distinto las mujeres y cuál es ese enriquecimiento que se produce en la Justicia con su participación?
—¡Qué difícil pregunta! Podría preguntarle a usted qué ven distinto los hombres. La dinámica interna cambia. Durante años Margarita Luna, jueza de la Corte Suprema de México, organizó encuentros bajo la consigna “Juzgar con perspectiva de género” para abrir la forma de pensar de los hombres, no para reemplazarlos por mujeres. Hubo casos paradigmáticos donde la perspectiva de género resultó especialmente relevante, por ejemplo en derecho de familia; en cuestiones comerciales las diferencias no siempre son tan evidentes, pero en algunos temas civiles la mirada puede variar por prejuicios o estereotipos que hay que desmontar.
—Usted dijo textualmente: “las mujeres no somos lo suficientemente solidarias entre nosotras”.
—Eso es algo que, efectivamente, he dicho con frecuencia: creo que somos poco solidarias entre nosotras. Cuando ocupamos posiciones de poder no siempre ayudamos lo suficiente a otras mujeres a acceder; si fuéramos más solidarias, las mujeres ocuparíamos muchos más lugares. Es una afirmación que sostengo permanentemente.
DE ABOGADA A JUEZA
—¿Qué la llevó a usted después de 20 años de exitosa carrera como abogada, decidir dejar de serlo y pasar a la Justicia?
—La tarea de abogada me resultaba interesante pero, a la vez, frustrante: los procesos ya entonces se prolongaban durante años y, cuando ganaba un juicio, muchas veces el cliente ya ni se acordaba. Excepto en asuntos de familia, que son siempre recordados, yo prefería intentar soluciones alternativas. En lo personal, la posibilidad de ver resultados concretos me llevó a obras como la refacción de un departamento y luego de la casa donde vivo; esos cambios se perciben de inmediato, mientras que la Justicia era muy lenta en aquella época del papel y la tramitación física de expedientes. Además, cuando nació mi hijo noté que perdí parte de la agresividad profesional que creía necesaria para ejercer como abogada; empecé a dedicarme a dictámenes. Desde la adolescencia, y quizá antes, aspiraba a ser jueza; ser abogada fue un paso para intentar llegar a ese objetivo.
—A ser juez no se llega de un día para otro, hay que hacer una carrera. Usted menciona que para ser un buen abogado hace falta una cuota de agresividad, ¿para ser un buen juez es al revés?
—Al revés, sí.
—¿Qué casos, cuando intervino como jueza, le dejaron alguna huella, algún recuerdo, alguna enseñanza?
—A veces la huella viene de lo que uno no resolvió. Recuerdo como jueza de primera instancia a una maestra muy preocupada por un asunto que resultó ser un “no caso” y que pude tranquilizar sin llegar a juicio. En mi etapa en lo civil patrimonial hubo expedientes vinculados con sucesiones y asuntos familiares que dejaron enseñanza porque, en ocasiones, el juez puede facilitar acuerdos que mejoran la convivencia entre las partes.
—Le tocó la sucesión de Jorge Luis Borges.
—Sí, tuve que dictar sentencia.
—¿Y en esas en donde hay cuestiones claramente personales, la huella emocional es mayor?
—La huella emocional suele ser mayor en esos casos y es donde el juez puede ayudar a las partes a encontrar un entendimiento. Recuerdo un expediente que llevaba años; cité a una audiencia de conciliación a numerosas partes que consideraban imposible un acuerdo, y finalmente logramos un arreglo que alivió a todos: fue mucho mejor para ellos llegar a esa solución que esperar una sentencia.
DOS TERCIOS
—Usted fue propuesta en 2018 para ser procuradora nacional. El gobierno posterior propuso al doctor Rafecas. Dos gobiernos de dos signos distintos, ninguno pudo lograr los dos tercios necesarios de votos en el Senado para que haya procurador, ¿a qué atribuye esa impotencia institucional que tenemos?
—Creo que mantener el quórum de dos tercios es correcto; una mayoría simple no alcanza para cargos tan relevantes: debe existir consenso entre diversas fuerzas políticas sobre la idoneidad del candidato o la candidata. Probablemente faltó voluntad política; en mi opinión no es tanto una falla institucional como una cuestión de prioridades políticas. Lo mismo ocurre con el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad: muchas veces las instituciones no fallan, sino que las prioridades políticas son otras.
—¿Se imagina, y lo mismo digo para los dos integrantes de la Corte Suprema que faltan nombrar, cómo sería en su caso si usted tuviera que funcionar con tres y no con cinco integrantes en el Tribunal de la Ciudad?
—Hubo un período relativamente extenso, creo que de cuatro años antes de mi designación, en que el tribunal funcionó con cuatro miembros. En esa etapa mis colegas decidieron que, cuando no coincidieran entre ellos y no estuviera claro cómo resolvería un quinto integrante —que en ese momento no existía—, aplicarían la decisión acordada por los cuatro como jurisprudencia para casos similares hasta que el tribunal volviera a integrarse con cinco juzgadores.
—¿Que haga obligatorio a todos los demás aceptarlo?
—Sí. Los cuatro resolvieron que aceptarían como decisión mayoritaria la postura acordada entre ellos, aun cuando luego se incorporara un quinto que pudiera fallar distinto.
—Ese quinto terminaba decidiendo por todo el cuerpo al estar previamente dos a favor y dos en contra.
—Y lo respetaron. Fue así hasta que me designaron a mí.
JUSTICIA INTERNACIONAL
—Déjeme ir a su experiencia en la Corte Penal Internacional. Entre 2003 y 2005, la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y Yugoslavia entre 2005 y 2008, en la sala juzgadora de ese tribunal, ¿qué experiencia le dejaron cinco años del Tribunal de La Haya?
—Fueron casi seis años en total entre ambos tribunales. La Sala de Apelaciones fue menos impactante porque, como toda cámara de apelación, está más alejada de los hechos y se ocupa de cuestiones jurídicas; en cambio, mis años en Arusha, Tanzania, fueron profundamente conmovedores por escuchar a víctimas y familiares que, a pesar del tiempo transcurrido desde la masacre, seguían con heridas muy vivas. Algunos testigos resultaron inolvidables: recuerdo a una periodista que contó cómo, la noche anterior al inicio de la masacre en Ruanda, llamó a una amiga —la primera ministra moderada— y le dijo: “Esta noche me van a matar”, y relató luego los hechos con gran detalle. Otro testigo, amigo del cantante Simon Bikindi, explicó cómo la música se utilizaba como instrumento de propaganda y de movilización hacia actos violentos; me contó que Bikindi cantaba porque le pagaban y que, en su lugar, otros también habrían cantado para quienes los sostuvieran.
—Su familia sufrió en Europa situaciones del holocausto, ¿hay alguna reminiscencia, cuando usted ve esto, tanto de Ruanda como de la ex-Yugoslavia de lo que le quedó del pasado?
—Sí, hay reminiscencias de Núremberg y del pasado europeo. Pero el presente también trae heridas que se repiten: casos recientes como la masacre del 7 de octubre y la situación en Gaza, y el conflicto en Ucrania, muestran que vivimos en un mundo donde muchas veces las reacciones internacionales han sido insuficientes; el antisemitismo profundo que se percibe hoy remite, en parte, a fallas históricas en la reacción colectiva.
—Hay toda una serie de debates del derecho penal del enemigo. Si Núremberg en realidad, fue un juicio justo en términos jurídicos, y se cumplieron 40 años de la sentencia de nuestro juicio de la Cámara Federal a los excomandantes de la última dictadura. Tras su propia experiencia de lo de Yugoslavia y lo de Ruanda, ¿qué importancia tienen estos juicios tanto desde el punto de vista histórico como elemento de profilaxis hacia el futuro?
—Tienen importancia, aunque como herramienta de prevención su efecto es limitado en los tiempos actuales. Núremberg planteó la alternativa entre fusilar o juzgar, y, aunque fue un tribunal militar, juzgar fue mejor que ejecutar. De Núremberg surgieron convenios como la Convención contra el Genocidio y las Convenciones de Ginebra, que plasmaron normas que antes no existían. Los tribunales de la ex-Yugoslavia y de Ruanda fueron igualmente relevantes para desarrollar el marco que culminó en el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Además, esos procesos promovieron criterios de representación de género en la integración de tribunales internacionales en sus primeras etapas.
—Hay movimientos recientes que exigen, por ejemplo, la captura de líderes políticos como Vladímir Putin o Benjamin Netanyahu por crímenes internacionales. ¿Qué desafíos jurídicos, diplomáticos, plantea esa persecución judicial, cuando al mismo tiempo Estados Unidos no considera que sea competente para juzgar a sus ciudadanos o sus funcionarios el Tribunal de La Haya?
—Ni Estados Unidos, ni Rusia ni China son parte del estatuto de la Corte Penal Internacional. El mundo de la posguerra, con una ONU y un Consejo de Seguridad dominado por cinco miembros permanentes, ya no existe tal cual; estamos en un periodo de cambios y aún no está claro hacia dónde evoluciona. La Corte Penal Internacional no se integró al mismo esquema de Naciones Unidas que permitía que el Consejo de Seguridad facilitara detenciones —como ocurrió con los tribunales de la ex-Yugoslavia y Ruanda— y carece de un órgano policial propio como Interpol para llevar a cabo arrestos. Por eso las órdenes de detención dependen en gran medida de la cooperación de los Estados.
—Putin tiene pedido de captura, pero Rusia es juzgada dentro de los Tribunales de La Haya mientras que no son juzgados los norteamericanos.
—No, Rusia tampoco.
—¿En el caso de Putin?
—Sí, es una expresión de deseo.
—Pero aunque sea una expresión de deseo que no se consuma, Putin tiene problemas para trasladarse de un país a otro.
—Netanyahu también.
—También. Pero Israel no es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero sí en el caso de Rusia, y sobre su presidente hay una orden de detención.
—Hubo un caso antiguo en la Corte Internacional de Justicia sobre crímenes cometidos en el Congo, con una orden de detención contra el ministro de Relaciones Exteriores del país, y la Corte sostuvo, si la memoria no me falla, que no se le podía impedir a un ministro de Relaciones Exteriores cumplir sus funciones oficiales.
—Se acusa a la Corte Penal Internacional de ser una especie de instrumento de Occidente contra Rusia.
—Se la ha acusado contra Rusia y también contra Venezuela, entre otros. Históricamente, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad solo Francia y el Reino Unido han mantenido representación consistente; en la Corte Internacional de Justicia acaba de producirse un cambio simbólico: por primera vez no hay un juez del Reino Unido y en su lugar hay uno de India, un reflejo del mundo cambiante. Pero las críticas sobre instrumentalizaciones políticas son frecuentes.
—¿Se hubiera querido quedar allá cumpliendo funciones?
—Me ofrecieron extender mi mandato, pero preferí volver a la Argentina. Para mí es más importante el trabajo aquí; la posibilidad de influir en la propia comunidad suele ser mayor que la incidencia que uno puede tener en la justicia internacional, que es valiosa pero más adecuada para períodos limitados.
—Antes de concluir me gustaría que dejara su reflexión para las abogadas que luchan contra el techo de cristal, para que los próximos integrantes de la Corte Suprema fueran mujeres, y se supere su queja por no haber sido lo suficientemente solidarias.
—Mi exhortación es a que todas las mujeres que tengamos la posibilidad contribuyamos para que las próximas incorporaciones a la Corte Suprema incluyan a dos mujeres.
Producción: Sol Bacigalupo.
