Indonesia puso en vigor este viernes un nuevo código penal que contempla penas de prisión para quienes mantengan relaciones sexuales extramaritales, convivan fuera del matrimonio o difundan noticias falsas.
La normativa introduce medidas de marcado corte ultraconservador al tipificar como delitos conductas como la promoción del ateísmo y la crítica al presidente o al vicepresidente, lo que ha desencadenado críticas de organizaciones de derechos humanos y expertos.
Según la nueva legislación, mantener relaciones sexuales con una persona distinta del cónyuge puede castigarse con hasta un año de prisión, mientras que convivir sin estar casados se penaliza con hasta seis meses de cárcel.
Para que se inicie un proceso penal es necesario que un familiar directo —padre, hijo o pareja legal— presente la denuncia, por lo que los turistas extranjeros quedan expresamente excluidos de estas restricciones. Esta excepción resulta especialmente relevante en destinos como Bali, donde en 2025 llegaron siete millones de viajeros internacionales.
El código penal establece penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan intencionadamente informaciones falsas que provoquen desorden social. Esta disposición faculta al gobierno para calificar como desestabilizadores a determinados individuos en momentos de tensión política o económica. Aunque la nueva normativa aclara que la crítica fundada por interés público no constituye delito, persiste la preocupación por su posible uso para restringir la labor de la prensa independiente.
Además, la incitación pública a la apostasía puede acarrear hasta cuatro años de cárcel, sobre todo si va acompañada de amenazas o fuerza, y se contemplan hasta tres años de prisión por “atacar el honor” del presidente o del vicepresidente, siempre que exista una denuncia formal por parte de la autoridad.
El marco legal también sanciona la promoción del comunismo y las afirmaciones sobre poderes sobrenaturales utilizados para causar daño, castigadas con hasta 18 meses de privación de libertad.
La aprobación parlamentaria de la reforma en diciembre de 2022 y su entrada en vigor ahora han reavivado el debate sobre el rumbo político y social de Indonesia, la tercera mayor democracia del mundo y país con la mayor población musulmana. Entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido que estas normas representan un retroceso en materia de derechos fundamentales y en el espacio reservado a las libertades civiles.
En respuesta a las críticas, el ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, subrayó que el nuevo enfoque contempla alternativas a la prisión, como el servicio comunitario, e introduce una orientación especial hacia la rehabilitación médica y social de quienes consumen drogas, con el fin de aliviar la presión sobre el sistema penitenciario. Sobre los delitos de índole privada, como el sexo extramarital, Mahendra destacó la necesidad de una denuncia familiar antes de que intervenga la autoridad, para reducir la injerencia estatal en la vida personal.
Indonesia se identifica desde su independencia en 1945 con la ideología Pancasila, que proclama la pluralidad y el secularismo. Sin embargo, el fortalecimiento de la religiosidad y de movimientos islamistas genera preocupación en la sociedad civil, que interpreta la reforma penal como un retorno a restricciones asociadas con el autoritarismo anterior a la democracia vigente.
El turismo sigue siendo un motor económico esencial para regiones como Bali, y la exclusión de los extranjeros de los delitos relacionados con la convivencia y el sexo sin matrimonio se interpreta como un intento de proteger esa fuente de ingresos fundamental para el país.
En este contexto, expertos como Abdul Fikar Hadjar, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Trisakti, subrayan la importancia de la vigilancia ciudadana activa y del recurso a herramientas legales como el Tribunal Constitucional para defender los derechos fundamentales cuando se vean amenazados por el exceso de poder estatal.
