La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en medio de tensiones con el Gobierno por las mediciones oficiales, reactivó en el Congreso un debate de fondo que atraviesa a distintos bloques: cómo reformar el sistema estadístico para sostener credibilidad y evitar nuevas polémicas.
En las últimas semanas ingresaron o volvieron a ponerse en agenda tres proyectos distintos con diagnósticos comunes, pero soluciones diferentes. Todos parten de una misma preocupación —la desconfianza sobre los datos oficiales—, pero proponen caminos institucionales, políticos y técnicos divergentes.
El INDEC fuera del Ejecutivo: la propuesta de Galmarini
El proyecto más disruptivo es el presentado por Sebastián Galmarini, del Frente Renovador (que integra Unión por la Patria) que plantea sacar al INDEC de la órbita del Poder Ejecutivo y trasladarlo al ámbito del Congreso.
La iniciativa propone derogar el decreto-ley 17.622 —vigente desde la dictadura— y crear un nuevo INDEC como organismo autónomo y autárquico, con una conducción colegiada de tres directores: dos designados por las principales minorías opositoras en Diputados y el Senado, y uno por el Poder Ejecutivo. El director general surgiría de ese directorio y tendría mandato extendido para atravesar distintos períodos de gobierno.
Galmarini sostuvo públicamente que “la credibilidad de las estadísticas no puede depender del Presidente de turno” y que el objetivo es terminar “con la tentación de acomodar los números según la conveniencia política”. El proyecto cuenta con el respaldo del resto del espacio que responde a Sergio Massa: Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Diego Giuliano, Sabrina Selva, Ramiro Gutiérrez, Marina Salzmann y Jimena López.
El proyecto de la era Macri que reflotó la Coalición Cívica
En otra dirección, los diputados de la Coalición Cívica decidieron volver a presentar un proyecto que había sido enviado al Congreso en 2019 por el gobierno de Mauricio Macri, con la impronta del entonces director del INDEC Jorge Todesca.
La iniciativa no traslada el organismo al Congreso, sino que mantiene al INDEC dentro del Poder Ejecutivo, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero con autarquía financiera, concursos públicos para sus autoridades y fuerte respaldo en estándares internacionales de la ONU y la OCDE.
El esquema prevé un Director Ejecutivo designado por concurso, con acuerdo del Senado, un director técnico también seleccionado por antecedentes, un Consejo del Sistema Estadístico Nacional de carácter consultivo y una Comisión Bicameral de Seguimiento con funciones de control.
El presidente del bloque, Maximiliano Ferraro, afirmó que “el INDEC necesita una ley para terminar con las sospechas de siempre” y reivindicó la normalización del organismo durante el gobierno de Cambiemos, tras la intervención de los años previos. Para la CC, la clave no es quién conduce políticamente el INDEC, sino blindar su independencia técnica y profesional mediante reglas claras y permanentes.
Actualización en la medición de la inflación
El tercer proyecto en discusión fue presentado por la diputada de Unión por la Patria Roxana Monzón y pone el acento en otro aspecto del problema: la actualización de la canasta del IPC y de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).
La iniciativa no modifica la ubicación institucional del INDEC, pero establece la obligación legal de actualizar la ENGHo y las ponderaciones del IPC cada cinco años como máximo, incorporando gastos que hoy tienen un peso creciente en la vida cotidiana, como alquileres, servicios públicos, salud, educación, transporte y conectividad digital. También exige mayor desagregación regional y provincial de los datos.
Tras la salida de Lavagna, Monzón sostuvo que “la gente vive una cosa y el INDEC mide otra” y advirtió que “con números falsos no hay políticas reales”. El proyecto plantea que una canasta desactualizada puede subestimar el costo de vida, distorsionar la medición de la pobreza y afectar decisiones sobre salarios, jubilaciones y programas sociales.
ML
