La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en pleno conflicto con el Gobierno por las mediciones oficiales, reavivó en el Congreso un debate de fondo que cruza a varios bloques: cómo reformar el sistema estadístico para recuperar la credibilidad y prevenir nuevas polémicas.
En las últimas semanas ingresaron o volvieron a la agenda tres proyectos distintos que comparten un diagnóstico pero plantean soluciones diferentes. Todos parten de una misma inquietud —la desconfianza en los datos oficiales— y proponen rutas institucionales, políticas y técnicas divergentes.
El INDEC fuera del Ejecutivo: la propuesta de Galmarini
El proyecto más audaz fue presentado por Sebastián Galmarini, del Frente Renovador (integrante de Unión por la Patria), y propone sacar al INDEC de la órbita del Poder Ejecutivo y ubicarlo en el ámbito del Congreso.
La iniciativa propone derogar el decreto-ley 17.622 —vigente desde la dictadura— y crear un nuevo INDEC, autónomo y autárquico, con una conducción colegiada de tres directores: dos designados por las principales minorías opositoras en Diputados y en el Senado, y uno por el Poder Ejecutivo. El director general sería elegido por ese directorio y tendría un mandato prolongado para atravesar varios períodos de gobierno.
Galmarini afirmó públicamente que “la credibilidad de las estadísticas no puede depender del Presidente de turno” y subrayó que el objetivo es terminar “con la tentación de acomodar los números según la conveniencia política”. El proyecto recibió el respaldo del resto del espacio vinculado a Sergio Massa: Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Diego Giuliano, Sabrina Selva, Ramiro Gutiérrez, Marina Salzmann y Jimena López.
El proyecto de la era Macri que reflotó la Coalición Cívica
En otro sentido, los diputados de la Coalición Cívica volvieron a presentar un proyecto que había sido enviado al Congreso en 2019 por el gobierno de Mauricio Macri, con la firma del entonces director del INDEC, Jorge Todesca.
La iniciativa no traslada el organismo al Congreso; mantiene al INDEC dentro del Poder Ejecutivo, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero con autarquía financiera, concursos públicos para sus autoridades y un sólido respaldo en estándares internacionales de la ONU y la OCDE.
El esquema contempla un Director Ejecutivo designado por concurso y con acuerdo del Senado, un director técnico seleccionado por antecedentes, un Consejo del Sistema Estadístico Nacional de carácter consultivo y una Comisión Bicameral de Seguimiento con funciones de control.
El presidente del bloque, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “el INDEC necesita una ley para terminar con las sospechas de siempre” y reivindicó la normalización del organismo durante el gobierno de Cambiemos, luego de la intervención de años anteriores. Para la CC, lo esencial no es quién ejerce la conducción política del INDEC, sino blindar su independencia técnica y profesional mediante normas claras y permanentes.
Actualización en la medición de la inflación
El tercer proyecto, presentado por la diputada de Unión por la Patria Roxana Monzón, pone el foco en otro aspecto: la actualización de la canasta del IPC y de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).
La iniciativa no altera la ubicación institucional del INDEC, pero impone la obligación legal de actualizar la ENGHo y las ponderaciones del IPC cada cinco años como máximo, incorporando gastos que hoy tienen mayor peso en la vida cotidiana —alquileres, servicios públicos, salud, educación, transporte y conectividad digital—. Además, exige una mayor desagregación regional y provincial de los datos.
Tras la salida de Lavagna, Monzón dijo que “la gente vive una cosa y el INDEC mide otra” y advirtió que “con números falsos no hay políticas reales”. El proyecto señala que una canasta desactualizada puede subestimar el costo de vida, distorsionar la medición de la pobreza y condicionar decisiones sobre salarios, jubilaciones y programas sociales.
ML
