Como en el caso la multinacional Odebrecht, las coimas que pagaba Securitas a funcionarios argentinos para ganar contratos de seguridad se registraban en una planilla de Excel y estaba “tarifadas” por servicio.
En base a esa y otras pruebas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado allanó la casa y luego llamó a indagatoria al ex director del Registro Provincial de Armas (REPAR) de la provincia de Buenos Aires, comisario Emilio Actis Dato, un nuevo imputado en esta megacausa.
Está acusado de haber recibido coimas a cambio de dar permisos para portar armas, en forma exprés, a vigiladores de la empresa Securitas donde, también, está imputado el ex senador K Edgardo Kueiderr de recibir sobornos por el contrato de seguridad para la empresa de electricidad de Entre Ríos (ENERSA).
La indagatoria a Actis quedó programada para el 24 de agosto, contaron a Clarín fuentes judiciales.
Voceros del ministro de Seguridad bonaerense, aclararon que Actis “fue titular del REPAR durante la gobernación de María Eugenia Vidal”. Y ex funcionarios de Vidal contaron que “en 2015 siguió en su cargo y luego durante la gestión de Sergio Berni, a partir de 2019, fue ascendido a la dirección de Logística”.
El legajo de servicios de Actis Dato remitido por la Dirección de Personal Regímenes Policiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a la causa, detalla su carrera en el REPAR: Subcomisario desde 2009, Comisario desde 2012, Comisario Inspector desde 2015 y Comisario Mayor desde 2017 hasta marzo de 2021.
El pago de sobornos, hasta ahora, se investiga en ENERSA, REPAR, REPANER, AYSA, ANAC y el Ejército, entre otros organismos del estado.
Según la denuncia del fiscal federal Fernando Domínguez, esos “pagos tenían como finalidad que el funcionario, abusando de su cargo y en violación de sus deberes, agilizara indebidamente los trámites de habilitación, registro, renovación de credenciales y permisos de portación de armas para los vigiladores de Securitas, así como también, presumiblemente, para alertar a la empresa sobre futuras inspecciones del organismo”.
Según una planilla de Excel secuestrada a una empleada de Securitas “se pagaba una comisión de $13.000 por agilización de cada trámite”.
Por ejemplo, solo en el período comprendido entre mayo de 2012 y noviembre de 2018, los sobornos para el titular del REPAR ascenderían 651.000 pesos, afirmó el fiscal en su requerimiento.
Esta maniobra había permitido a “Securitas obtener una ventaja indebida en la celeridad de sus gestiones ante el REPAR, eludiendo los plazos y procedimientos regulares, a cambio de la entrega de dinero al funcionario policial”.
Además, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) reveló numerosos contactos entre el número telefónico udlizado por Actis Dato y la empleada de Securitas encargada de los pagos.
Un archivo denominado “Resumen de Gastos.xls”, aportado durante la investigación interna de Securitas detalla una serie de pagos vinculados a este caso. Estos registros indican que los sobornos presuntamente entregados a Emilio Actis Dato (REPAR) “entre enero de 2015 y noviembre de 2018 ascienden a un total de $651.000”.
Por otra parte, fuentes empresarias confirmaron que los dueños de Securitas, que denunciaron a los ex gerentes por gestión infiel, ofrecieron un acuerdo al financista Fernando Whpei -procesado por haber participado de manera coordinada junto al ex juez federal Marcelo Bailaque y el ex titular de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna para extorsionar a un empresario de Rosario- para quedarse con la disolución de la firma.
“En un momento lo contactaron para buscar comprador. Pero quedó en la nada”, afirmó un vocero de Securitas ahora reconvertida en Securion sin los ex gerentes echados, denunciados por los dueños suecos por administración infiel y procesados en la causa.
