La presunta preproducción de un documental sobre el juicio que analiza las circunstancias en torno a la muerte de Diego Maradona, que comenzó el 11 de marzo en los Tribunales de San Isidro, ha dado lugar a una investigación para esclarecer la conexión entre una de las juezas involucradas y “el proyecto audiovisual”. Menos de 24 horas después de la apertura del caso, ya se cuenta con un testimonio que podría ser crucial.
Según pudo averiguar LA NACION a través de fuentes con acceso al expediente, la investigación está a cargo de las fiscales de San Isidro, Carolina Asprella y Cecilia Chaieb. Se inició tras una denuncia presentada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, quienes representan, respectivamente, a Dalma y Gianinna Maradona, y a Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando, el hijo menor del famoso futbolista.
El juicio es presidido por el Tribunal Oral en Criminal N°3 de San Isidro, que incluye a los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. Se ha sumado al debate la magistrada Julieta Makintach, del TOC N°2.
En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Burlando y Baudry solicitaron investigar posibles delitos de acción pública vinculados a la aparente existencia de gestiones o negociaciones con productoras audiovisuales en relación con el juicio, sin conocimiento ni consentimiento de las partes involucradas. Esto podría afectar principios esenciales del proceso penal.
Todo se precipitó en la audiencia de ayer, cuando el abogado Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete acusados, recusó a la jueza Makintach.
Rivas fundamentó su planteo señalando: “Esta defensa, cuando la psiquiatra Agustina Cosachov declaró, levantó insistentemente la mano ante una pregunta de la doctora Makintach. No soy su abogado, pero noté que esa pregunta fue inquisitiva, y empecé a contemplar un pedido de recusación. Lo digo con respeto porque antes no lo había notado, pero desde ese momento he observado que, por el tono y el contenido de esa pregunta, parece adelantarse a un veredicto. Además, me enteré de que se está haciendo un documental, por el que fui entrevistado, y me dijeron que estaban grabando las audiencias. También noté preguntas inquisitivas hacia Víctor Stinfale [abogado amigo de Maradona que declaró como testigo]. Es un hecho grave que afecta la independencia y la imparcialidad de Makintach”.
“Tales afirmaciones son de suma gravedad, ya que, de comprobarse, implicarían que se han iniciado contactos o acuerdos sobre un contenido audiovisual basado en este juicio, sin la intervención o consentimiento de las partes legítimas en el expediente”, sostuvieron Burlando y Baudry en la denuncia respecto del supuesto documental.
Asimismo, añadieron: “Esto podría configurar actos que, además de comprometer el principio de imparcialidad, reserva, independencia judicial y debido proceso, podrían encuadrar en tipos penales que afectarían el ejercicio correcto de la función pública y el curso regular de la justicia”.
Posteriormente, a pedido de Rivas, se identificó a dos personas, un hombre y una mujer, en el sector reservado para el público y los periodistas que cubren el juicio. Se presentaron como escritores y admiradores de Maradona, negando cualquier vínculo con la BBC.
La jueza Makintach, al ser consultada por Rivas, explicó que su hermano trabaja en una productora (como se detalla en su perfil de Linkedin, es director general ejecutivo de Pegsa Group, empresa de Agustín Pichot, quien, en una conversación con eldiario.ar, negó que su productora esté preparando un documental sobre el juicio). Sin embargo, aseveró que su hermano nunca estuvo presente en la sala de audiencias y que no le había consultado sobre el juicio.
En diálogo con LA NACION, la jueza Makintach sostuvo que “no hay contrato firmado, no hay documental” y que no se ha dado ninguna autorización para realizar grabaciones.
“No hubo privilegios para nadie. Solo se filma lo que está autorizado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense [los lineamientos de la acusación de la defensa, los alegatos y el veredicto se transmiten en directo]”, afirmó la magistrada.
Ante el avance de la investigación iniciada tras la denuncia de Burlando y Baudry, una fuente con amplia experiencia en derecho penal comentó: “Si se genera prueba que vincule a la jueza Makintach con el documental, es probable que los acusadores la recusen, y no veo que Savarino y Di Tommaso tengan otra opción que aceptar la recusación. En ese caso, se debería declarar la nulidad del debate por falta de integración del tribunal. No se podría nombrar un nuevo juez para reemplazar a Makintach, ya que no estuvo presente durante toda la prueba producida. En un eventual nuevo juicio, Di Tommaso y Savarino no podrían intervenir, dado que ya escucharon testimonios, lo que comprometería su imparcialidad”.
