CÓRDOBA.- Un nuevo proyecto sobre biocombustibles, impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán) y respaldado por la Unión Industrial Argentina (UIA), ingresó al Senado. La iniciativa apunta al desarrollo federal y a la transición energética, y establece un cronograma progresivo para incrementar las mezclas obligatorias con combustibles fósiles.
En el caso del gasoil, el porcentaje de biodiésel pasará del actual 7,5% al 15% en un plazo de tres años. Para las naftas, el corte mínimo de bioetanol se elevará del 12% al 15% en los próximos dos años. Además, contempla un esquema diferenciado del 10% para la región patagónica, sujeto a revisiones periódicas.
La iniciativa también establece la obligación de que las mezclas provengan de origen nacional, con el fin de promover la producción local y otorgar previsibilidad a las industrias. La apertura a importaciones quedaría prevista una vez que la ley lleve 18 años de vigencia.
El proyecto ya se encuentra en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado; allí expuso la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien destacó el trabajo técnico y el consenso construido por la Liga Bioenergética.
Los impulsores resaltaron la importancia de agregar valor a la caña de azúcar, al maíz y a la soja; evitar importaciones de combustibles fósiles para ahorrar divisas; contribuir a la seguridad y soberanía energética; y mantener y desarrollar cadenas de valor de alto impacto socioeconómico en las provincias productoras.
La iniciativa ya está en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, donde expuso la senadora cordobesa Alejandra VigoSoledad Aznarez
También sostienen que el proyecto —que implica la modificación integral de la Ley 27.640 que rige actualmente— es clave para “lograr continuidad en nuevas inversiones, siempre disponibles para producirlos; diversificar la matriz energética en el transporte, además de cuidar la salud de la población por una menor emisión de particulado”.
El texto amplía la definición legal de biocombustibles para incorporar materias primas de origen agrícola, ganadero, forestal, agroindustrial y residuos orgánicos. De este modo, suma energías como el biogás, el biometano, el biojet y el HVO (combustible obtenido a partir del aceite de cocina usado).
En su exposición ante la comisión, Vigo señaló que también buscan establecer metodologías claras para la fijación de precios, “que hoy está en una nebulosa”. La propuesta plantea que la determinación se realice mediante licitaciones públicas y “transparentes”, cuando hasta ahora depende de decisiones del Poder Ejecutivo.
El proyecto, que además fue remitido al equipo económico y al Ministerio del Interior, propone una modificación integral de la Ley 27.640 de Biocombustibles. Reconoce a las provincias la facultad de crear regímenes para aplicaciones particulares; habilita un mercado de libre comercialización por encima de las mezclas obligatorias; y autoriza motores flex y kits de conversión para ampliar el uso de la materia prima nacional.
El empresario Jorge Rocchia FerroCompañía Azucarera Los Balcanes
El texto incorpora también requisitos de evaluación ambiental y análisis del ciclo de vida, con indicadores de eficiencia energética y reducción de emisiones, alineándose así con estándares internacionales de sostenibilidad.
Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, advirtió sobre la “urgencia” del norte argentino —donde se concentra la producción de bioetanol de caña— y la necesidad de “políticas concretas para sostener” las economías regionales.
“Sin políticas concretas que fortalezcan nuestras economías regionales, el futuro será devastador. Tucumán no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene litio funcionando. Lo que tenemos es una columna vertebral que se llama azúcar, y si no la defendemos con decisión, vamos a condenar a nuestra gente a la pobreza y a la emigración masiva. Exigimos que se avance ya en la ampliación del corte de bioetanol. Hoy tenemos un 12% (6% maíz y 6% caña), pero necesitamos que ese porcentaje crezca rápidamente. Esto no es un capricho: es la única manera de darle rentabilidad a nuestra producción, sustituir importaciones de combustibles y generar empleo genuino en el norte”, planteó.
Precisó que el reclamo “no es partidario, sino de supervivencia” y que responde al mandato constitucional de promover un desarrollo equilibrado entre regiones: “No pedimos privilegios, pedimos cumplimiento de la Constitución. El azúcar y el bioetanol son nuestra bandera de desarrollo. Y si el país nos da las condiciones necesarias, el norte no solo va a producir, sino que va a crecer, a educar y a darle dignidad a su gente. Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra lucha”.
