El pedido está firmado por el docente Eugenio Jacquemain, histórico dirigente de la agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de Gualeguaychú. Jacquemain llegó a Casa de Gobierno pasadas las 10 de la mañana y se presentó en la Mesa de Entradas de la cámara baja acompañado por el profesor y dirigente César Baudino, ex secretario general del sindicato de docentes.
La presentación, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, solicita la apertura del trámite para evaluar la conducta funcional de la vocal, cuya actuación -expuesta y corroborada por información oficial del STJ y por hechos de público conocimiento- “configura mal desempeño, afectación a los deberes de conducta, compromisos éticos incompatibles con la magistratura y vulneración del principio de independencia y probidad judicial”.
En el texto se citan las constancias oficiales del STJ y la investigación periodística de ANÁLISIS. “Surgen con claridad patrones reiterados de comportamiento que comprometen gravemente los deberes institucionales de la magistrada denunciada”, se remarca.
Más adelante se detallan las ausencias “reiteradas e injustificadas” de la magistrada, que suman más de 660 días hábiles sin prestar funciones, en incumplimiento del régimen de licencias, y se aluden las demoras consecuentes en la resolución de expedientes.
“Este patrón configura, por su extensión y persistencia, si no un grave abandono de funciones, una indolencia incompatible con la responsabilidad propia de cualquier juez, y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial”, se afirma.
En otro punto de la presentación se enumeran las licencias por capacitación tomadas por Medina “en exceso de los reglamentos”, que no se ajustan a las pautas reglamentarias establecidas, las cuales indican que no pueden superar los 20 días al año y no contemplan el cobro de viáticos, que en numerosas ocasiones fueron percibidos por la vocal.
El tercer punto incluido en el pedido de juicio político alude al uso indebido de recursos del Estado, en particular vehículos oficiales, choferes y viáticos.
“De los registros del STJ surge que la vocal utilizó vehículos oficiales para viajes sin agenda institucional; requirió chofer designado, cuyos viáticos por día ascienden a aproximadamente 132 mil pesos más gastos de combustible; realizó viajes bajo conceptos genéricos (“actividad institucional”, “académica”, “capacitación”) sin constancias que acrediten tal carácter; y participó de actividades de índole personal, partidaria, diplomática o propias de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), pero financiadas integralmente con fondos públicos”, se detalla.
Se sostuvo que la utilización sistemática de recursos estatales para fines ajenos al cargo constituye “una desviación de poder y un abuso de bienes públicos, vedado a cualquier funcionario y especialmente grave tratándose de una vocal del STJ”.
También se solicitó producir prueba para cuantificar el impacto en las cuentas públicas de los viajes efectuados por Medina y que se despache oficio al STJ para que remita la estadística de la Sala Laboral y de la vocal.
Finalmente, se pide que se declare configurada la causal de mal desempeño, se formule la acusación y se disponga la remoción de la magistrada de sus funciones judiciales.
