Mendoza se distingue como la tierra del buen sol y del buen vino pero, además, por ser la provincia que más impuesto agrega sobre la factura de luz que llega a los usuarios residenciales: un 80% sobre el precio del servicio propiamente dicho. Solo un ejemplo de un sistema recaudatorio federal que acentúa la regresividad en el esquema de precios de los servicios públicos.
Los impuestos nacionales, provinciales y municipales son un componente de las facturas eléctricas, y varían según la jurisdicción. A semejanza de lo que ocurre con los combustibles, gravar un servicio público es una garantía de cobro y por eso representa una gran tentación para el poder administrador.
La comuna de Azul, provincia de Buenos Aires, añade a la factura eléctrica un cargo por sepelio, del mismo modo que otras municipalidades cobran otro por el de ambulancia o el fomento de actividades específicas, totalmente disociadas de la prestación.
En el propio conurbano se hace clara esta libertad de criterio. La Matanza, por ejemplo, añade un 14% por “alumbrado, barrido y limpieza”, adicional a la tasa que el municipio cobra aparte a los vecinos, algo que otros partidos no hacen. Variantes todas que fueron identificadas en un exhaustivo análisis académico de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
Estas decisiones que los gobiernos de cada jurisdicción toman en uso de atribuciones legales tienen un impacto concreto en el monto final de las boletas para los usuarios residenciales, que no solo es proporcionalmente mayor cuanto más pobre es el hogar sino que de algún modo neutraliza los subsidios que otorga el Estado nacional.
Un cálculo avalado por especialistas del sector muestra cómo se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Las subvenciones que la Nación otorga sobre las tarifas de luz y gas equivalen al 6% promedio del ingreso del 10% más pobre de la población, mientras que los impuestos dentro de las mismas boletas representan en promedio el 4%.
Un reciente trabajo de FIEL analizó el impacto de la tributación sobre el servicio de las principales distribuidoras del país, poniendo números sobre el heterogéneo panorama.
El 26% promedio de lo que paga por electricidad el usuario doméstico son impuestos. Este porcentaje baja al 20 o 21% en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de Misiones pero trepa al 40% en Mendoza.
Los porcentajes resultan de desglosar el importe final que afrontan los usuarios residenciales, separando cada concepto. Pero si se calcula cuánto se añade sólo sobre el valor de la tarifa propiamente dicha, esos valores llegan incluso a duplicarse.
Otra conclusión del análisis firmado por el economista en jefe de FIEL Fernando Navajas es que esos impuestos sobre la tarifa tienen un sesgo regresivo, ya que afectan más a los deciles más pobres de la población.
El cruce de impuestos provinciales y municipales con el régimen de subsidios que otorga la Nación configura un cuadro extraño. La subvención abarata el precio mayorista sobre el que se calcula el IVA, impuesto coparticipable que grava a los servicios de luz y de gas: los usuarios finales pagan menos, pero tanto la caja central como las provinciales pierden recaudación por esta vía.
Es lo que Navajas distingue como “efecto cruzado por la intervención de la Nación”. Algo similar a lo que ocurre con las regalías sobre las exportaciones de petróleo, que bajan el precio de referencia interno del crudo sobre el que se calcula ese impuesto provincial.
Poco antes de migrar a la Secretaría de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne promovió la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, que dispone que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado.
Con el propósito invocado de proteger el derecho de los consumidores, esa norma pretendió inhibir la potestad de otras jurisdicciones de cargar con tasas o impuestos sobre los servicios públicos. Resultó una norma controvertida que aún no habría logrado los efectos deseados.
El Decreto 450 de este año tuvo el similar propósito de despejar las facturas de servicio de tasas y gravámenes no ligados a esta prestación, pero la independencia federal complica el cometido, ya que la adhesión a esta modalidad depende de cada provincia y no de la Nación.
El panorama también es diverso con otro componente inherente al servicio eléctrico como es el valor agregado de distribución.
La electricidad propiamente dicha cuesta lo mismo en todo el país y los subsidios actúan exclusivamente sobre este ítem. Luego, cada distribuidora —estatal, mixta o cooperativa—agrega una retribución consensuada con el ente regulador de su provincia. Es esta diversidad fundamental la que explica por qué la luz es mucho más cara o barata en un lado u otro del país.
“Nosotros tenemos una tarifa realista que permite inversiones”, explica Hebe Casado, la vicegobernadora mendocina, escolta de Alfredo Cornejo. Pero esa es otra discusión.
Vaca Muerta, otro filón recaudatorio
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, acaba de enviar a la Legislatura provincial un proyecto para reducir de 2,5% a 1% la alícuota de Ingresos Brutos sobre la distribución de luz y gas, algo que debería aligerar el valor de las facturas finales. Pero casi paradójicamente, se dispone a comenzar la recaudación de casi 600 millones de dólares por el mentado oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), algo de lo que poco se habla.
El oleoducto Vaca Muerta Sur, que desde fin del 2026 llevará el petróleo de Vaca Muerta al puerto de Punta Colorada, permitiría a Río Negro reforzar sus arcas fundamentalmente por el cobro de una fiscalización sobre la construcción y uso del caño, a pesar de que el recorrido involucra a otra provincia (Nuequén) y de que esa atribución ya existe en la instancia nacional.
VMOS S.A. es un consorcio liderado por YPF y del que también participan Vista Energy, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y la empresa provincial Gas y Petróleo de Neuquén (GyP); está ejecutando una obra de infraestructura estratégica para evacuar el petróleo producido en Vaca Muerta hacia el Atlántico, con miras a su exportación.
Una primera contribución de aquella sociedad privada será el “Aporte al desarrollo territorial” de Río Negro, de 60 millones de dólares (un 2% de la inversión total estimada) por única vez; a esto se añadirá la “Contribución por aporte comunitario”, desembolso de 40 millones de dólares anuales que debe ser integrado durante 13 años y, adicionalmente, una tasa de fiscalización de US$ 1.050.000.
Días atrás Río Negro sancionó una norma de compre local que obliga a realizar a proveedoras provinciales el 60% de las contrataciones y a tomar el 80% del personal del mismo origen.
Cada gobernador hace uso de sus potestades fiscales según sus criterios y necesidades, y mientras algunos se autoinhiben de imponer cargos sobre los servicios públicos otros aprovechan esta vía de cobro para recaudar.
Por ejemplo la arena de Entre Ríos es un insumo clave para las fracturas de los pozos petroleros y la provincia mesopotámica multiplicó por seis el valor a pagar de la guía para transportarla, otro ejemplo de la habilidad del interior para nutrir sus cuentas.
