Todo territorio es fértil para la batalla de Axel Kicillof con el Gobierno Nacional. Disimulado en medio de las 240 carillas y 180 artículos del proyecto de Ley Impositiva que tiene previsto debatir este martes la Legislatura bonaerense, el gobernador busca aplicar una alícuota del 9% a la renta que las entidades financieras obtengan de la compra de títulos públicos emitidos por la Nación.
Es un impuesto apuntado de manera quirúrgica: no aplica a los bonos que emitan otras jurisdicciones provinciales o CABA; tampoco los municipios de cualquier lugar del país. Incluso no alcanza a las obligaciones negociables de las compañías que salen al mercado en busca de financiamiento.
Sólo grava a los papeles que emita el Tesoro, el ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Anses u otro organismo nacional. Y deberán pagarlo en concepto de Ingresos Brutos sobre los rendimientos que esos papeles devenguen a quienes los compren. “Es una forma de desalentar la compra de bonos nacionales por parte de bancos, billeteras y agentes de bolsa. Quiere encarecer esa operatoria y de esa manera se afecta este mecanismo de financiamiento que tiene el Estado nacional”, explicó a Clarín un gerente de una entidad financiera alcanzada por la medida.
El ”impuestazo” sobre la operatoria en el mercado de capitales aparece en el artículo 99 de la Ley Impositiva que ya tuvo despacho de comisión hace una semana y se debate en Diputados. Allí se establece una modificación en el artículo 207 del Código Fiscal de la PBA. Es el que determina las exenciones para abonar IIBB en el rubro financiero. El original dice que no estarán exentos los agentes de bolsa y los intermediarios. Pero la modificación propuesta por Kicillof agregó: “Tampoco se encuentran alcanzadas por la exención (o sea, deberán pagar 9% de alícuota) las entidades financieras en las operaciones con títulos emitidos y/o que se emitan en el futuro por la Nación, sus rentas y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria”.
Lo advirtieron los “brokers” de la Bolsa y también algunos legisladores de la oposición. El presidente del bloque del PRO, Matías Ranzini advirtió, antes de ingresar al debate: “El kirchnerismo quiere imponer la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en PBA. Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir. Desde el Bloque Pro asumimos la posición de rechazo ante esta iniciativa del gobierno de Kicillof”, escribió en su cuenta de X.
Los bancos, billeteras virtuales o Fintech que “intermedian” en la compra de títulos pagarán a partir del régimen de Convenio Multilateral, que es el sistema mediante el cual se liquida Ingresos Brutos a cada jurisdicción, por todos los bienes y servicios alcanzados.
En este caso, una entidad -supongamos el Banco Santander, o el Galicia- deberá -al momento de presentar la DDJJ de IIBB- derivar el 9% de los rendimientos de los bonos adquiridos a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). No así a otras provincias que tienen eximido ese concepto. Según dijeron a Clarín fuentes del sector, Córdoba, Mendoza, CABA, Salta, Entre Ríos o Santa Fe (para mencionar las más importantes) no cobran alícuota sobre esa operatoria.
Según las entidades, este ajuste en el cinturón tributario puede representar un aumento de hasta el 30% en lo que una firma debería pagarle a Buenos Aires en 2026. “Ese mayor costo las entidades lo trasladarán a los servicios y en especial a la tasa de interés de los préstamos”, anticipó Ranzini. El legislador quiso saber cuánto más recaudaría ARBA por este concepto el año próximo. “Las autoridades no dieron ese dato”, aseguró el diputado.
El Presupuesto que envió Kicillof contempla un gasto de casi 41,5 billones de pesos para todo el ejercicio para la administración del Estado. Es casi un 20% más que lo proyectado para el gasto de este año.
Prevé ingresos por 12 billones de pesos de Ingresos Brutos y 2,1 billones en el cobro de los impuestos “patrimoniales” (patentes, inmobiliario urbano y rural).
Por cuerda separada, se envió a la Legislatura dos leyes de endeudamiento por US$ 1.990 millones y por US$ 1.040 millones. Se trata de títulos y bonos que Buenos Aires deberá negociar en los mercados internacionales para afrontar compromisos con acreedores en 2026 y también para financiar proyectos de infraestructura contemplados en el Presupuesto.
