La cadena productiva del tomate de industria, un tradicional motor económico en el Valle de Uco, Mendoza, enfrenta una situación crítica. Productores han señalado que la combinación de costos elevados, la falta de acceso a financiamiento y, sobre todo, una creciente presión de las importaciones, especialmente desde Chile y también de China, podría desarticular toda la matriz de valor, desde los viveros hasta las fábricas.
“La situación fue muy mala. Nos pagaron lo mismo que el año pasado y eso no cubre los costos. Los que estaban dentro del programa Tomate 2000 cobraron entre 100 y 112 pesos el kilo con contrato, pero es el mismo precio que el año pasado y no se tuvo en cuenta la inflación. Peor les fue a los del tomate libre: apenas se pagó entre 60 y 90 pesos. Nos pagaron un precio vil. A esos valores, es imposible sostenerse”, alertó Mario Leiva, productor de la zona, en diálogo con LA NACION.
En la actualidad, Argentina cuenta con cerca de 8000 hectáreas dedicadas al tomate de industria, cultivadas por unos 400 productores. Según los cultivadores, en el Valle de Uco se produce un tomate perita de alta calidad, reconocido por su textura y firmeza, aunque con un rendimiento inferior debido a que es una región fría. La producción alcanza unos 100.000 kilos por hectárea, una cifra óptima, mientras que en San Juan se puede llegar a cosechar hasta 200.000 kilos de ese mismo tomate.
Según Sáez, para que un productor logre rentabilidad con los actuales niveles de costos, necesita al menos 120 pesos por kilo y una producción mínima de 100.000 kilos por hectárea. Leiva también advirtió que, aunque este tomate es el fuerte de la región, el productor debe retener entre 20.000 y 30.000 kilos para ser rentable; de lo contrario, no le resulta viable cultivar tomate. “Hoy eso no está sucediendo, incluso los productores con contrato que lograron colocar lo producido enfrentaron demoras en los pagos. En algunos casos, las fábricas tardaron mucho en pagar y aplicaron descuentos significativos por calidad. Eso hace inviable la continuidad de la producción; no fue un buen año”, afirmó Leiva.
Hace tres meses, la Asociación Tomate 2000 ya había advertido que, de mantener la tendencia actual, la superficie cultivada podría disminuir un 40% en la próxima campaña. En este contexto, la pérdida del autoabastecimiento logrado en 2024 está cada vez más cerca.
Uno de los mayores temores es el desplazamiento por productos importados. “Las industrias han reducido la superficie de siembra y están importando pasta de tomate de Chile y China en tambores. Es más barata, pero de muy mala calidad”, señaló Leiva. Según datos del sector, el producto extranjero puede llegar a ser entre un 10% y 15% más barato, un aspecto crucial en un mercado donde el precio determina la viabilidad de muchos productores.
En el Valle de Uco, alrededor de 400 productores cultivan entre 20 y 25 hectáreas cada uno. En esta actividad se aseguró que, frente a esta situación, es muy probable que durante la próxima campaña muchas hectáreas ya no se planten con tomate, ya que el mercado se abastecerá con pasta importada, que se fracciona y posteriormente se vende al consumidor. “Un 40% no volverá a plantar tomate y se dedicará a otras producciones. Hay mucho desánimo entre los productores”, expresó Leiva.
El panorama no mejora al evaluar el acceso al crédito. Se destacó que Argentina carece de un financiamiento privado real y que, si un productor desea invertir en tecnología para crecer, no puede hacerlo debido a que las tasas bancarias son inaccesibles en este contexto. Otra dificultad es afrontar los costos de los servicios de cosecha. “Hoy, la única forma de abaratar costos es tener máquinas propias. Aquellos que deben pagar servicios están en una situación crítica”, comentó Sáez.
Mauricio Sáez, productor de San Carlos, describió un escenario incierto: “Aún no se ha definido la próxima campaña. Recién ahora están comenzando a organizarla. Las industrias ya informaron que reducirán considerablemente la superficie plantada”. Según su evaluación, la caída rondará el 30%, dependiendo de la zona.
Para Sáez, al problema de la importación de pasta de tomate se suma una disminución en el consumo interno, con fábricas que acumulan un importante volumen de stock sin salida. “Este año no aparecieron las pequeñas industrias que solían comprar el llamado ‘tomate libre’. Ese producto quedó en el campo sin cosechar porque no tuvo un destino”, relató Sáez.
Los costos laborales de los servicios de cosecha son otro de los desafíos que enfrenta la actividad. Según Sáez, con los actuales niveles de costos, para que un productor alcance la rentabilidad, necesita al menos 120 pesos por kilo y una producción mínima de 100.000 kilos por hectárea. “A 70 pesos el kilo, como pagaron algunas industrias, no se cubren los gastos, y eso es insostenible”, subrayó.
Además, enfrentan dificultades para afrontar los costos de servicios de cosecha. “Hoy la única forma de abaratar costos es contar con máquinas propias. Quienes deben pagar por servicios están en una posición muy complicada”, apuntó. Para optimizar la recolección, se utilizan equipos que trabajan remarcando un surco sobre otro, hasta cinco pasadas, lo que permite que el camión se alinee con la cosechadora. Sin embargo, esta tecnología está fuera del alcance de muchos.
En este nuevo contexto, la falta de previsibilidad y herramientas financieras coloca a los productores en una situación de desventaja estructural. “El que tiene contrato con la industria sobrevive. El que no, simplemente desaparece”, sentenció Sáez.
Finalmente, Leiva cerró con un diagnóstico contundente pero realista: “Los más pequeños ya decidieron no volver a plantar. Se cambiarán a otro cultivo o dejarán de producir. No tenemos retenciones, pero lo que es peor es la injusta vinculación entre la industria y la producción primaria. Estamos cautivos de la industria”, concluyó.
