Se han revelado nuevas imágenes sobre la llegada del avión privado de la empresa Royal Class, perteneciente a Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi y estrecho vinculado al Gobierno, que podría demostrar el ingreso sin el control rutinario correspondiente de 10 valijas provenientes de Miami. Este caso, protagonizado por la azafata y miembro de la CPAC, Laura Belén Arrieta, ocurrió el 26 de febrero y ha dado pie a una investigación sobre irregularidades que sugieren un posible contrabando con complicidad estatal.
En el vuelo, que llegó al Aeroparque Jorge Newbery, viajaban Laura Bélen Arrieta, azafata, gerente de operaciones corporativas de OCP TECH y representante de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), junto a dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. El avión se mantuvo en suelo nacional hasta el 5 de marzo, cuando partió hacia París con la misma tripulación.
El pasado 11 de marzo, Carlos Pagni en un editorial, destacó que Arrieta ingresó a Argentina con “muchas” valijas, logrando eludir los controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Aduana debido a que “hubo una orden de arriba” para permitirlo. El periodista mencionó que las autoridades aduaneras alertaron tras desactivarse un control por órdenes superiores.
Ante estas acusaciones, el vocero presidencial Manuel Adorni desmintió la existencia de la orden de no inspeccionar el equipaje: “El avión que aterrizó en Aeroparque recibió todos los controles de rutina, antes de quedar en situación de tránsito”. “En el procedimiento intervinieron tanto la aduana como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo que hace imposible que alguien haya visto a alguien con 10 valijas”, sentenció el funcionario.
Sin embargo, este domingo, en la emisión del programa ¿Y mañana qué? de TN, se difundió información recolectada por la Justicia en estos meses: imágenes que evidencian que el avión arribó con 10 valijas, a pesar de que solo se habrían declarado cinco, junto a una serie de irregularidades. La investigación fue iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, solicitando informes a Royal Class y Aduana, incluyendo videos de Aeroparque y declaraciones de funcionarios cercanos al caso. Es decir, que la empresa del grupo Clarín —en medio de un grave conflicto con el Gobierno de Javier Milei— accedió al dictamen de 60 páginas de la Justicia.
Irregularidades en el caso
De acuerdo a la hipótesis de los fiscales, los pasajeros del avión privado no habrían pasado por los controles de equipaje y solo habrían declarado la mitad de las valijas. Además, se considera que no hubo constancia de un control continuo de la aeronave durante su permanencia en el hangar de Aeroparque, y que este hecho tampoco fue registrado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
También han surgido inconsistencias en los registros migratorios de los tripulantes y pasajeros, tanto en el vuelo de ingreso como en el de salida. Aunque se notificó que la aeronave provenía de Fort Lauderdale, en realidad había despegado desde Opa-locka, ambas ubicadas en Miami. Una situación similar se presentó el 5 de marzo: mientras que el registro oficial de Migraciones indicaba como destino Fort Lauderdale, el vuelo se dirigió a París, tras una escala previa en el aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias.
El dictamen de los fiscales
Aunque se estima que otros pasajeros que ingresaron al sector debieron pasar por el control de equipajes, el dictamen de los fiscales indica que: “Mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (…) sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje.”
“Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control (…). El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección“, agregó el documento, informó TN.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal tomó las grabaciones del hangar y expresó: “Se evidencian filmaciones parciales con huecos temporales donde no es posible observar ni monitorear de manera continua el estado ni la posición de la aeronave durante el tiempo comprendido entre su ‘sellado’”. La empresa de Scatturice declaró que nadie ingresó al avión durante su estadía de ocho días en el hangar privado de Royal Class.
Quién es Leonardo Scatturice
Leonardo Scatturice, dueño del avión involucrado en el escándalo aduanero, se ha convertido en el último año en un asesor clave para Santiago Caputo, principal estratega de Javier Milei. Su influencia se ha manifestado al promover la designación de Andrés Vázquez al frente de la DGI y al liderar, desde Miami, la organización de la versión argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
Anteriormente fue agente de Inteligencia y tuvo un paso por la Policía Federal, siendo conocido en el ámbito de los espías por su cercanía a la facción de Fernando Pocino, archienemigo de Antonio Stiuso. Hace un tiempo reside en Estados Unidos, es proveedor del Estado en plataformas como Educ.Ar y Trenes Argentinos, y desde Washington dirige su consultora Tactic Global, especializada en lobby, que cuenta en su equipo con un peso pesado como Barry Bennett, exasesor de Trump.
El empresario es propietario del Bombardier N18RU, avistado en Buenos Aires con el ploteo de la empresa Royal Class. Esta aeronave fue guardada en el hangar de Royal Class, empresa que emplea a Arrieta, lo que genera indicios de su vinculación con la compañía y con el caso. Junto a Arrieta, Scatturice fue fundamental en la organización de eventos de la CPAC fuera de Estados Unidos. El escándalo estalló pocos días después de la participación de Javier Milei en la CPAC de Washington, donde anticipó su intención de llegar a un acuerdo de libre comercio con Donald Trump.
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